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El juez imputa a Saldaña y a otros tres delegados del PP por el ‘caso Urbanos Amarillos’

EXCLUSIVA. El titular de Instrucción dicta un auto en el que admite a trámite la querella de Urbanos Amarillos contra el gobierno local y varios altos cargos municipales por presuntos delitos de apropiación, prevaricación, administración desleal y estafa. 

El primer teniente de alcalde y secretario provincial del PP, Antonio Saldaña; y los delegados de Recursos y Seguridad, Javier Durá; Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz; y Economía, Enrique Espinosa, tendrán que acudir a declarar en calidad de imputados en relación por el ‘caso Urbanos Amarillos’. Así lo ha dictado el titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Jerez, Valeriano Palomino, quien en un auto emitido en días pasados, y al que ha tenido acceso La Voz del Sur, emplaza a la querellante, la antigua concesionaria del servicio de autobuses, a acudir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al no poder imputar a la alcaldesa, María José García-Pelayo, dada su condición de aforada.

Algo similar a lo que le ocurriría en el caso de que finalmente el juez Pablo Ruz cierre la instrucción de la ‘pieza jerezana’ de la Gürtel y dé por seguros los indicios de delito que ya vislumbraba el informe de la UDEF de hace ahora un año del magistrado da respuesta positiva a una ampliación de la querella inicial presentada por Urbanos Amarillos, por la que ya declaró de forma voluntaria la propia Pelayo en noviembre pasado, y llama a declarar a los citados responsables del gobierno municipal y a un nutrido grupo de altos cargos del Ayuntamiento. En total, son 13 imputados los llamados a declarar entre el próximo 14 y 16 de abril por la demanda penal interpuesta por la empresa sevillana, que les acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, prevaricación, competencia desleal y estafa, “habiéndose concretado en escrito de fecha 26 de enero de 2015 la imputación a cada uno de los querellados y aportadas las copias oportunas”, añade el escrito.

Sobre Pelayo, el auto es claro: “Procede inadmitir a trámite la querella respecto de María José García-Pelayo, al ostentar ésta la condición de senadora según se ha acreditado en la causa, y estar aforada ante la Sala Segunda del TS, conformen prevén los arts. 750 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 71 de la Constitución Española, debiendo dirigirse, en su caso, la acción penal ante la mencionada Sala”. En todo caso, la regidora trató de forzar la estrategia de la declaración voluntaria en noviembre pasado, pese a que ya el propio juez insistió en impedir dicho testimonio.

Como publicó en aquel momento este medio, el magistrado llegó a llamar “innovación” el hecho de permitir finalmente que Pelayo declarase según el guión que había marcado en su agenda. “Usted puede renunciar al aforamiento, siempre y cuando antes dimita como senadora“, llegó a espetarle el juez, quien en todo momento se negó a que prestara declaración porque, simple y llanamente, no había sido citada a declarar. De esta manera Pelayo gana algo más de tiempo para no llegar a las municipales con la llamada pena de kiosco de ser imputada, aunque está por ver si la Gürtel ha dicho su última palabra. No será el caso del vicealcalde Antonio Saldaña, que al tiempo ya se pasea como número 3 en la candidatura del PP de Cádiz a las próximas autonómicas del 22 de marzo.

Como se recordará, en verano del año pasado la antigua concesionaria de los autobuses, aparte de haber acudido a los tribunales por la resolución unilateral de la adjudicación del servicio, se querelló contra el gobierno municipal por los supuestos delitos referidos en líneas anteriores cuando en mayo de ese mismo año el Ayuntamiento zanjó el secuestro de dos años de la concesión, resolvió el contrato y remunicipalizó el servicio por su cuenta y riesgo.

Una declaración ‘voluntaria’

Tras cuarenta minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 4, la alcaldesa destacaba ante la prensa tras su declaración de noviembre pasado la situación “un tanto compleja” que se había producido, ya que, debido a su referida condición de aforada, es el Tribunal Supremo el que decide si debe declarar o no. Así y todo, Pelayo afirmó entonces que lo hizo de manera voluntaria, ya que “cuanto antes se aclare esta cuestión, mucho mejor”.

De esta manera, la alcaldesa defendió que hasta ahora, la actitud que ha tomado el Ayuntamiento “está ajustada a derecho” y afirmó que lo que le ha destacado al juez es que “tal y como establece la ley de contratos del Estado y la propia base del pliego”. El Consistorio, insistió, “optó por mantener la adscripción de los autobuses al servicio. No podíamos prestar un servicio si no teníamos los autobuses, y eso no quiere decir que pretendiéramos apropiarnos los autobuses, simplemente mantenerlos adscritos al servicio”. “Es como si tuviera en el garaje de mi casa la flota de autobuses urbanos”, llegó incluso a asegurar.

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