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El Gobierno sobre el conflicto laboral en la Base de Rota: “Es la Junta la que debe mediar”

El Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria, asegura que intervenir entre los trabajadores y la empresa Louis Berger, "supondría una invasión de las competencias" de la institución que dirige Susana Díaz.

El Gobierno ha asegurado que una intervención mediadora por su parte en el conflicto laboral de la Base de Rota “supondría una invasión de las competencias de la Junta de Andalucía”. Así se ha pronunciado en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Unidos Podemos sobre la petición de los trabajadores de la base roteña al Ejecutivo central para que busque una “solución al conflicto laboral que afecta a los trabajadores españoles de la base”.

En la respuesta, el Gobierno expone que dado que se trata de un conflicto laboral que está teniendo lugar en un centro de trabajo ubicado en Rota, y “estando transferidas a todas las comunidades autónomas las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral”, es a los órganos, en este caso de la Junta de Andalucía, “a los que corresponde intervenir ejerciendo las funciones atribuidas por la normativa laboral ante situaciones de conflicto”. En esto último están incluidas, según el Ejecutivo, las de mediación o arbitraje sobre las controversias”. Por esto, insiste en que si el Gobierno interviniera en dicho conflicto estaría realizando una “invasión” de las competencia de la Junta de Andalucía.

El Ejecutivo explica que el contrato de servicios de la empresa Louis Berger Aircraft se celebró entre ésta y las Fuerzas Armadas norteamericanas. El personal que presta servicio en las empresas es “contratado directamente” por las mismas, existiendo un vínculo contractual propio entre las empresas y sus trabajadores, “al margen del existente entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América (EEUU) y las compañías adjudicatarias”.

No obstante, sigue, conforme al Convenio de Cooperación para la Defensa, los empleados de contratistas “quedan sujetos a la legislación laboral española, y disponen de los mismos instrumentos que cualquier persona que trabaje al servicio de una empresa en España”. “Como en el caso de cualquier otra empresa que desarrolla su actividad en territorio español, el Gobierno considera que la empresa estadounidense debe aplicar y cumplir lo establecido en la normativa española, y en este caso la normativa laboral (legal o convencional) que le sea de aplicación” apunta.

Así, el Ejecutivo insiste que el Ministerio de Defensa “es plenamente consciente de la importancia que tiene la conservación del empleo” en la Base de Rota para la zona, y en diversas ocasiones “ha venido mostrando a las autoridades militares de los EEUU su preocupación sobre la cuestión”. Por ello, el Gobierno, a través de Defensa, “sigue y seguirá abordando el problema en todos los foros y circunstancias que sean adecuados”.

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