Andalucía

El Gobierno andaluz del ‘cambio’: 6 meses de vida, 12 dimisiones de altos cargos

La marcha de Fernando Francés es la última de una larga lista de dimisiones y ceses por desavenencias con consejeros, por "motivos personales" o bajas médicas

Alberto García Valera fue el primero en dimitir. Duró apenas 20 días como consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía tras sufrir un desvanecimiento y confirmarse que padecía una patología cardiaca transitoria que le obligaba a guardar reposo. Uno de los fichajes estrella del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla —fue delegado especial de la Agencia Tributaria de Andalucía, delegado ejecutivo y jefe regional de aduanas y director general de Tributos en el Ministerio de Hacienda—, inició una larga lista de dimisiones y renuncias que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos está sufriendo durante los primeros seis meses de andadura tras 36 años de gobiernos socialistas.

Desde que se formalizara la alianza entre estas dos formaciones, con el apoyo de la ultraderecha de Vox, un total de doce altos cargos han abandonados sus puestos, por motivos de salud, tras no aguantar las presiones o por desavenencias con los partidos que ostentan el poder en Andalucía. Poco después que Alberto García Valera dejó su cargo Elisa Fernández-Vivancos, que duró apenas 24 horas como delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada.

Fernández-Vivancos no aguantó en el cargo tras conocerse que fue jefa del gabinete jurídico de la Junta en la capital granadina y una de las supuestas culpables del fallo del caso Nevada, que supuso un quebrando de 200 millones de euros para las arcas autonómicas por las irregularidades cometidas en la paralización de las obras del Centro Comercial Nevada Shopping situado en Armilla (Granada), por las que la Junta debe indemnizar a la empresa promotora. Ciudadanos, gran valedor de Fernández-Vivancos —su cargo dependía del vicepresidente Juan Marín—, justificó su dimisión asegurando que era la mejor decisión para evitar “cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces”.

El empresario y economista Miguel Guijarro Hernández fue nombrado delegado de Empleo y Economía de la Junta en Málaga en febrero y dejó el cargo en marzo tras conocerse que creó dos sociedades pantalla en Panamá en 2011, cuando se presentó en el país panameño como un hombre de negocios con inversiones inmobiliarias e intereses en empresas dedicadas a la obra pública en España, Portugal, Bulgaria y Polonia, según publicó El Confidencial. Guijarro, que fue candidato por Ciudadanos al Senado, se defendió asegurando: “No cometí ninguna ilegalidad en ningún momento y siempre cumplí con mis obligaciones de todo tipo sin vulnerar la ley”. Pero terminó dimitiendo para que “no se perjudique al nuevo Gobierno del cambio en Andalucía que vino a cambiar esta región; ni a mi familia ni a mi partido”.

Miguel Guijarro dejó la delegación de Empleo y Economía de la Junta en Málaga tras conocerse que creó empresas pantalla en Panamá

Isabel Balbín Luque y Francisco José Martínez López fueron dos de los fichajes de Ciudadanos para ocupar la viceconsejería de Empleo, la primera; y la viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el segundo. Ambos dejaron sus puestos por “motivos personales” y por desavenencias con la Consejería. Balbín, que volvió así a Málaga para ser directora general de Empleo en la Diputación provincial, fue una de las apuestas de Ciudadanos en su lucha contra la corrupción, ya que desde su puesto en la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga impulsó la investigación que derivó en la causa de los cursos de formación fraudulentos —la conocida como operación Edu—, por lo que fue galardonada con la Cruz al Mérito Policial.

La Consejería de Empleo sufrió, además de la de Balbín, otras dos bajas: fueron destituidos Luis Escribano y Antonio Barreda, del denominado comando antifraude —conocidos por aparecer en vídeos del médico Jesús Candel, Spiriman, denunciando supuestos casos de corrupción—. Todo poco después de que el propio Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, alardeara en redes sociales de su nombramiento, asegurando que se había colocado a la Consejería de Empleo “en el epicentro de la lucha contra el fraude”, ya que anteriormente “había sido “el epicentro de la corrupción del PSOE”.

Por su parte, Martínez López reconoció que dimitía por “diferencias irreconciliables con la consejera”, Rocío Ruiz, que llegó a negar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. “Sigo creyendo en el proyecto de mejorar la vida de los andaluces, algo que hasta el día de hoy no he cambiado, aunque creo que la manera de llevar la Consejería no es la correcta”, aseguró Martínez López tras su marcha.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Rocío Ruiz ha sufrido otras bajas, como la de Inmaculada Jiménez, quien fue secretaria general técnica hasta el 12 de junio, cuando fue cesada de su cargo. Mercedes Sánchez Vico estuvo dos meses al frente del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), pero dejó el puesto en junio por una “enfermedad grave”, según palabras de la consejera Rocío Ruiz, aunque la oposición de izquierdas sospecha que en estos ceses y bajas también influye la presión ejercida por la extrema derecha sobre instituciones como el IAM, que quería reconvertir en un Instituto de Violencia Intrafamiliar. La propia Sánchez Vico criticó en redes sociales el “silencio” de la Junta ante estos ataques.

Nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo”, asegura Fernando Francés, hasta ahora director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, dirigida por Rogelio Velasco (Ciudadanos), también presenta bajas sensibles. Isabel Álvarez Carmona apenas duró tres meses como directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, los que van desde el 12 de febrero al 6 de mayo, cuando recogió sus pertenencias y se despidió de sus compañeros. El consejero, Rogelio Velasco, señaló luego que Álvarez Carmona “no estaba ejerciendo sus tareas de manera adecuada”. Esta dimisión es muy importante, ya que de su labor dependía la justificación de fondos europeos para el desarrollo y el crecimiento económico.

Pilar Ariza, quien fuera secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología, dimitió tras la polémica desatada por la supuesta intención del Gobierno andaluz de suprimir las bonificaciones para las matrículas universitarias. “Aunque en el Presupuesto aparezca la partida de las bonificaciones en las matrículas universitarias para los chavales que aprueban, este Gobierno no comparte la gratuidad de la universidad pública y, después, habrá una modificación presupuestaria para eliminar esa bonificación gratuita que tienen los estudiantes cuando aprueban”, apuntó Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, señalando directamente a Ariza, que no aguantó la presión.

Antonia Morales fue delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería hasta el pasado mes de mayo, cuando renunció por motivos personales, expresando su “consideración y enorme gratitud por la confianza que depositaron en mí, formar parte de este proyecto ha sido, sin duda alguna, una valiosa oportunidad para mí de crecimiento profesional y personal”. Concepción Cobo, que procedía del anterior Gobierno socialista, dejó su cargo como secretaria general de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, dependiente de la Consejería de Agricultura que dirige el PP, coincidiendo con la polémica por la pérdida de fondos europeos para la conservación del lince.

El último alto cargo de la Junta en dejar su puesto ha sido Fernando Francés, hasta ahora director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Secretario General de Innovación Cultural y Museos, quien fue muy tajante en su carta de dimisión: “Nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo. La ilusión se ha evaporado”. Francés ha asegurado que “a la gestión de lo público le iría mucho mejor si se le aplicasen modelos sin prejuicio alguno, de la experiencia civil y privada, en la que aspectos como oportunidad política no se tienen en cuenta porque lo importante es conseguir los objetivos para que el ciudadano pueda disfrutar de servicios públicos óptimos y en el menor tiempo posible”.

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