Opinión

El derecho a la eutanasia

Hoy vamos a hacer un ejercicio de empatía. Imagínese que, por circunstancias de la vida, es usted una persona con una enfermedad crónica, a consecuencia de la cual lleva años postrada en una cama, siendo, por tanto, dependiente de la ayuda de otras personas para poder comer, lavarse, etc. Si usted, llegado el momento, decidiera dejar este mundo, ¿le gustaría poder hacerlo legalmente, sin meter a nadie en problemas por ayudarle a dar ese paso?

A continuación, pongamos otro caso. Imagine que tiene un familiar directo (madre, padre, pareja, etc.) en situación de dependencia, con una enfermedad dolorosa y crónica. Un día, ese familiar le dice que no quiere seguir sufriendo, y a pesar de los cuidados paliativos que la sanidad pública le ofrece, prefiere tomar la dura decisión de morir en paz, y para ello, le pide ayuda. ¿Qué haría usted? Estos supuestos los han sufrido en sus propias carnes muchísimas familias, algunos casos son muy conocidos, incluso se han llevado al cine; otros, por diferentes motivos, no se han dado a conocer.

Esta semana, concretamente el martes día 11, se aprobó en el Congreso la tramitación de una ley que regule y despenalice la eutanasia. 203 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones. Sólo PP y Vox se han opuesto. No voy a entrar a valorar el pobre argumentario que han utilizado esas dos formaciones políticas, sólo diré que me parece una auténtica vergüenza que el portavoz adjunto del PP en el Congreso, un tal José Ignacio Echániz, calificara dicha ley como la “solución final para reducir problemas con las pensiones”. Qué bajeza moral y que retorcidas intenciones han de tener quienes piensen así. No digo más.

Ahora, esta iniciativa tendrá que pasar a la Comisión de Sanidad, órgano encargado de elaborar el texto de la futura ley, una ley necesaria para que jamás vuelvan a suceder casos como el de Ángel Hernández, acusado de un delito de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, que sufría una enfermedad terminal. Ángel fue durante tres décadas su voz, sus ojos, sus brazos y sus piernas, hasta que María José se cansó de vivir así. Dejemos a un lado la religión. Dejemos a un lado la política. La eutanasia es un derecho humano, allá cada cual si quiere ejercerlo o no, en el caso de que fuese necesario.

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Comentarios

  1. 1.- La Ética, la Moral y el Derecho son tres sistemas normativos que rigen las sociedades humanas modernas, en el sentido de que están constituidos por normas que regulan lo que debe ser, lo que no debe ser, lo que puede ser y lo que no puede ser. Aunque hay una evidente relación entre los tres sistemas, son diferentes entre sí y no son miscibles e inclusive pueden entrar, y entran, en conflicto dando lugar en esos supuestos a importantes debates filosóficos.
    Desde una óptica materialista, la Ética tiene como finalidad la preservación del cuerpo de los seres humanos y la Moral tiene como objetivo la eutaxia de la sociedad. Así, por ejemplo, en el debate sobre la guerra la Ética está en contra de la misma, pues no puede aceptar que se mate a seres humanos, pero la Moral estará a su favor si la guerra es necesaria para la supervivencia, para la permanencia, de esa sociedad. Sin embargo, ni la Ética ni la Moral tienen fuerza coercitiva para obligar a que se cumplan sus normas sólo (y no es poco) tiene la fuerza de la persuasión y del elogio o el reproche social. Sin duda, ambas influyen decisivamente (sobre todo a largo plazo) en el Derecho que sí es un sistema normativo con fuerza coercitiva para imponerse, la fuerza de la violencia del Estado para hacer cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales. También el Derecho, que, como todo producto del Estado, de la Política, se ha de regir principalmente por el principio de prudencia, puede entrar el conflicto con la Ética o con la Moral o con ambas. Pero, como dije, los tres sistemas son independientes entre sí, aunque se influyen recíprocamente, y no se puede resolver una cuestión jurídica con normas morales ni viceversa.
    El tema de la eutanasia (no se confunda con la sedación paliativa de enfermos terminales; y quien lo confunda, peor para él) es un prototipo de conflicto entre la Ética, la Moral y el Derecho. Desde la Ética no se puede aceptar la eutanasia por entrañar la muerte de un ser humano. Desde la Moral, se puede aceptar la eutanasia en determinados supuestos en los que se considere que mantener vivos a determinados seres humanos supone una grave carga para la sociedad, especialmente en las sociedades envejecidas, que pone en riesgo la viabilidad del estado de bienestar. Pero, desde el Derecho dependerá de lo que el ordenamiento jurídico disponga en cada momento histórico, en último término dependerá de lo que dispongan los poderes públicos (especialmente el legislativo), que estarán muy condicionados por la moral social dominante, aunque esa moral hegemónica es muy modificable a medio plazo con las pertinentes campañas mediáticas (en el más amplio sentido del término), con el control del sistema educativo y de los prescriptores culturales.
    Puesto que desde el punto de vista ético la eutanasia no tiene cabida, hay que centrarse en el punto de vista moral, que es el más tornadizo. Actualmente, la sociedad española está dividida binariamente respecto de la moralidad de la eutanasia, de forma que el Estado casi puede hacer lo que estime más conveniente, pues, tome la decisión que tome, tendrá siempre a un importante sector de la población que le apoye y a otro también importante segmento que se oponga y lo rechace. Así, la legislación sobre la eutanasia queda principalmente reducida a una cuestión de prudencia política y de (muy importante en una democracia) técnica jurídica para no quebrar las bases más profundas del ordenamiento constitucional y legal; porque aquí reside, como diré, el meollo, la clave de esta cuestión hoy día.
    Siguiendo con la óptica materialista, los derechos humanos son un constructo metafísico, pues la idea de Humanidad (con hache mayúscula) es oscura y confusa y el derecho natural es otro mito, ya que no puede existir un derecho que no esté respaldado por el poder de un Estado que sea la última ratio de su cumplimiento; los españoles tenemos derechos porque hay un Estado español que nos los otorga y que, con su poder, nos los garantiza. No existe un Estado mundial, otra idea aureolar kraussista, y, por ello, la declaración universal de los derechos humanos tampoco es universal, pues muy importantes Estados no la han suscrito o lo han hecho con importantes salvedades y reservas. Así que los derechos humanos sólo tienen efectividad jurídica en aquellos países, como España, en los que han sido incorporados a sus constituciones respectivas e inspiran a los derechos fundamentales positivos garantizados por el Estado. Así, y (muy importante) con independencia de la posición de cada quien sobre la eutanasia, es evidente que ésta entra en conflicto directo con el artículo 3 de la DUDH (“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”), que hay que leerlo en correlación con el artículo 10.2 de la Constitución (“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”) y con su correlativo artículo 15 de nuestra Constitución (“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”; nótese que es un texto netamente ético, con una salvedad moral para tiempos de guerra en los que prevalece la eutaxia de la Nación). Es evidente que el constituyente redactó el precitado artículo 15 de la CE comenzando por un rotundamente genérico “Todos” que garantiza el derecho a la vida de todos los seres humanos (españoles o extranjeros) con total independencia de cualquier condición o situación subjetiva y que sólo formuló una posibilidad de excepción para el tiempo de guerra, si las leyes penales militares así lo contemplaran (que hoy por hoy no lo contemplan). En consecuencia, la legalización de la eutanasia colisiona frontalmente con el artículo 15 de la CE que regula el derecho fundamental a la vida y hay que recordar que los derechos fundamentales, como los derechos humanos en los que se inspiran, son irrenunciables (además de imprescriptibles, intransferibles y universales, como garantía de su eficacia real), por lo que previamente a la aprobación de ninguna ley de eutanasia es necesario operar una reforma constitucional de dicho artículo 15 de la CE para introducir una segunda excepción que pudiera, por ejemplo, decir “y salvo lo que, en su caso, disponga una ley orgánica sobre la eutanasia, que deberá ser sometida a referéndum vinculante previamente a su promulgación”. Y esa reforma constitucional previa se tendría que realizar por el procedimiento agravado del artículo 168 de la CE (porque afecta al Capítulo segundo, Sección primera del Título I de nuestra carta magna), que precisa de la aprobación por mayoría de 2/3 del Congreso y del Senado, la inmediata disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales, la elaboración del nuevo texto constitucional por las nuevas Cámaras recién elegidas y su aprobación también por mayoría de 2/3 de las mismas, y finalmente su ratificación en referéndum nacional. Si la ley de eutanasia se aprobara en las Cortes sin esa previa reforma constitucional, sería inconstitucional y podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados, por 50 senadores o por el gobierno o por el Parlamento de cualquier comunidad autónoma.

  2. 2.- Frente a esa formidable barrera procedimental (necesaria para asegurar que toda reforma constitucional se haga bajo grandes consensos políticos y sociales), hay un sector de la doctrina trata de soslayarla cuestionando, negando, la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. Para ello, se acogen a la doctrina civilista tradicional, al apartado 2º del artículo 6 del Código Civil, que dispone que las renuncias de derechos sólo son válidas “cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”; y en lo que atañe a los derechos fundamentales parece que el gran límite a su renuncia vendría impuesto por el ineludible respeto al orden público. Pero, como ha señalado repetidamente el Tribunal Constitucional, en un Estado democrático de derecho el orden público no puede ser entendido como la simple tranquilidad en la vía pública impuesta por la autoridad, sino que ha de ser visto como el pacífico ejercicio de los derechos fundamentales (y los no fundamentales) por parte de todos y, además, esta es la idea que late bajo el artículo 10.1 de la CE cuando afirma que los derechos inviolables inherentes a la persona son uno de los elementos que constituyen el “fundamento del orden público y de la paz social”. Así, si el pacífico ejercicio de los derechos fundamentales constituye la esencia del orden público, mal puede sostenerse que éste es el límite a la eventual renuncia a aquéllos, pues ello equivaldría a negar el carácter básico de los derechos fundamentales y a disolver el propio orden público sobre el que se apoya la sociedad democrática y su ordenamiento jurídico. Es como si, por ejemplo, se aceptara la renuncia al derecho a la educación de un menor de edad porque “sufre” teniendo que ir a la escuela y que estudiar y el estado no tomara medidas para asegurar la eficacia d ese derecho inclusive en contra de los deseos del menor o de sus tutores legales. Y esto explica que la doctrina civilista suela sostener que los derechos de la personalidad son irrenunciables, teniendo que concluir que los derechos fundamentales son irrenunciables, pues, además, qué derecho puede ser más propio de la personalidad que el derecho a la vida, sin la que se extingue el sujeto de derecho y, con él, todos sus derechos.
    Otro sector de la doctrina sostiene, también para tratar de eludir la necesaria reforma constitucional previa a la aprobación de una ley de eutanasia, que, aunque la renuncia en general a los derechos fundamentales es inadmisible, no es evidente que no se pueda renunciar a ejercerlos en un caso concreto; esto es, no se puede renunciar a la titularidad de los derechos fundamentales, pero sí se podría renunciar a su ejercicio en un caso concreto y excepcional, pues los derechos fundamentales son derechos subjetivos y estos se caracterizan por dejar a su titular la facultad de hacer valer, cuando lo estime oportuno, la protección de los intereses amparados por aquéllos. Sin embargo, en el supuesto concreto del derecho a la vida (artículo 15 de la CE) esa distinción entre la titularidad (irrenunciable) del derecho y el ejercicio (opcional) del mismo se convierte en una ficción jurídica, en una falacia, habida cuenta de la envergadura de la lesión que se derivaría de su falta de ejercicio, porque esa renuncia del ejercicio del derecho a la vida jamás puede ser excepcional, ya que, como dije, supone necesariamente la muerte del sujeto de derecho y la consiguiente extinción irreversible de su titularidad del derecho fundamental a la vida (y de todos los demás); es decir, en el supuesto del derecho fundamental a la vida, su titularidad y su ejercicio son inherentemente inescindibles (como también sucede con el derecho a la libertad y el derecho a la integridad física, por ejemplo). Y menos aún se puede admitir que la inconstitucional renuncia de derechos fundamentales se haga a favor del Estado (que es quien, en última instancia, decide la aplicación de la eutanasia y la ejecuta a través del sistema sanitario público); es de crucial importancia que los poderes públicos no puedan imponer, favorecer o aceptar una renuncia de esa índole, porque ello equivaldría a admitir su desvinculación de los derechos fundamentales, del orden público; derechos cuya función primordial es precisamente limitar a los poderes públicos.
    Tampoco se puede argüir el óbice de que ya con la ley del aborto se hizo una excepción a este derecho fundamental porque en aquella ley lo que estaba en debate era la vida del nasciturus, del feto humano, que aún no es persona titular de derechos; allí los intereses en conflicto eran los de la embarazada que quiere abortar y los del Estado que quiere asegurar la supervivencia de la Nación y el orden público, la eutaxia de la sociedad humana. Pero en la eutanasia lo que se ventila es el derecho a la vida de personas plenamente titulares de todos sus derechos fundamentales.
    Finalmente, pseudo-argumentos extrajurídicos demagógicos, como la invocación de un supuesto “derecho a la muerte”, no pueden ser operativos porque sólo son eficaces los derechos positivos, los expresamente recogidos en el ordenamiento jurídico y ese derecho no lo está y, por tanto, no lo es. No hay ningún “derecho a la eutanasia”, como falazmente se titula esta columna.
    ¿Quiere decir lo anterior que el Tribunal Constitucional estimaría un eventual recurso de inconstitucionalidad contra una ley de eutanasia que se aprobara sin la necesaria reforma constitucional previa? No. Quiere decir que el TC debería estimarlo, pero, desgraciadamente, me temo que lo más probable es que el TC se dejara vencer por las, sin duda, enormes presiones a las que le someterían el gobierno y las fuerzas políticas promotoras de la ley de eutanasia y asistiríamos a otro lamentable espectáculo de contorsionismo jurídico, con interpretaciones “creativas” de la Constitución, para violentarla y aceptar lo inaceptable, como sucedió con la ley de violencia de género (manifiestamente inconstitucional) y en otros conocidos y vergonzosos casos anteriores.

  3. Y 3.- Al margen de lo anterior, de la necesidad de una previa reforma constitucional de gran calado para que se pueda aprobar cualquier ley de eutanasia, y también al margen de cuál sea la posición personal de cada quien sobre el fondo del asunto, tampoco vale cualquier ley de eutanasia. Tratándose de una cuestión que incide tan directamente en el más importante y primigenio de los derechos fundamentales, una ley de eutanasia ha de ser necesariamente muy garantista y tasada, ha de seguir en este aspecto una técnica jurídica penalista, cosa que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso (basta leerlo) no cumple en modo alguno. No me extenderé en citar y transcribir los artículos de dicho proyecto de ley (accesible en la web del Congreso), pero tiene una redacción muy ambigua. Los supuestos en los que sería lícita la eutanasia son muy genéricos y se prestan a la subjetividad y la heterogeneidad de criterios de cada médico; se debería fijar en un anejo de la ley la relación concreta y detallada, objetiva, de enfermedades, dolencias, secuelas y la gravedad de las mismas, definidas con parámetros médicos precisos, clínicos, que habilitarían la aplicación de la eutanasia (el equivalente al tipo delictivo en el Código Penal), algo similar a la lista de supuestos médicos que dan origen a la declaración de una incapacidad laboral o a la percepción de la indemnización de un seguro de accidentes o enfermedades, y con criterios claros sobre la aplicación de esos supuestos perfectamente tasados en función de la edad del paciente, que no es lo mismo administrarle la eutanasia a un menor de edad o a un anciano con sus facultades mentales mermadas o a un incapacitado legal que a un joven o a un adulto. Y también es muy ambiguo el mecanismo de toma de decisiones que desencadena el proceso de aplicación de la eutanasia; la decisión se deja a la voluntad del interesado (requisito que debe ser necesario pero no suficiente, pues puede actuar mediatizado por presiones familiares o por una depresión reversible), de los médicos (requisito también necesario pero no suficiente, porque pueden estar mediatizados por intereses de la política sanitaria y asistencial estatal o por su ideología) o de los familiares en algunos casos (que pueden tener también sus intereses espurios de toda índole); la decisión última la debe acordar siempre alguien presumiblemente ajeno a los intereses en juego e imparcial; esto es, un juez, como se hace en todos los supuestos de acciones y decisiones que afectan a los derechos fundamentales (el registro de un domicilio, la intervención de las comunicaciones, la restricción de movimientos…), pero esto es justamente lo que no quiere el gobierno, un control independiente. Así que este proyecto de ley de eutanasia, inclusive tras una eventual reforma constitucional, seguiría siendo inconstitucional por su falta de garantías realmente efectivas en una materia tan nuclear como es el derecho a la vida. Como decía, tan grave es la cuestión a regular por una ley de eutanasia que la anteriormente descrita reforma constitucional ineludible debería incluir la obligación de someter la ley orgánica de eutanasia que se aprobara en las Cortes a un referéndum vinculante como requisito previo a su promulgación; realmente se debería aprovechar esa reforma constitucional para establecer el referéndum vinculante en cualquier ley orgánica que afecte a derechos fundamentales, pues son materias básicas de nuestras reglas de convivencia en las que se debe legislar siempre bajo un amplio consenso político y social y nunca al albur de las mayorías parlamentarias coyunturales. En este sentido, los grupos parlamentarios que se oponen a la misma deberían promover una moción para requerir al presidente del gobierno que convoque el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución; a ver si Sánchez se niega a esa consulta perfectamente constitucional sobre un asunto verdaderamente importante mientras que negocia con los separatistas catalanes un inconstitucional referéndum de autodeterminación.
    Estamos, pues, ante un proyecto de ley precipitado y chapucero, alineado con las políticas de control poblacional del globalismo, cuyo verdadero fin es electoralista y cuya aprobación no sólo conculcaría el artículo 15 de la CE, sino que traería una peligrosa inseguridad jurídica en un asunto tan primordial como es el derecho a la vida. Leer su articulado y su letra pequeña (como en los contratos de hipotecas) es muy recomendable y es como leer una novela de terror en la que un gobierno omnipotente decide sobre la vida de sus ciudadanos cuando estos se encuentran en indefensión física o psíquica. Esa chapuza jurídica no puede ser la solución al problema de financiación de las pensiones y de la ley de dependencia.
    Pero, ¿se ha oído algo sobre las cuestiones anteriores en los debates del Congreso? No, sólo hemos escuchado insultos, descalificaciones groseras y frívola demagogia e ideología barata. ¿Y en los medios? Tampoco; las mismas cantinelas. Ése es el pésimo nivel de la casta político-mediática que padecemos. No se salva ni uno, como en Sodoma y Gomorra.

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