Jerez

El ‘circo judicial’ de García-Pelayo

La alcaldesa, pese a la negativa inicial del juez a tomarle declaración dada su condición de aforada como senadora, ‘forzó’ una comparecencia por el ‘caso Urbanos Amarillos’ que no tiene efectos jurídicos y que solo se aceptó “por cortesía”

Alguien debió recomendarle a la alcaldesa y senadora, María José García-Pelayo, que compareciera voluntariamente tras la notificación del juez que instruye el ‘caso Urbanos Amarillos’, la querella criminal interpuesta por la antigua concesionaria de los autobuses que asegura que tras el secuestro del servicio el gobierno local pudo haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y apropiación indebida. Alguien debió aconsejarle mal, pues el ímpetu de la regidora popular por aclarar cuanto antes la gestión seguida en este asunto le llevó este pasado jueves a acudir al Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad cuando en realidad no debía hacerlo.

La expectación mediática era máxima, hasta un grupo de afectados del ERE municipal se acercó hasta Tomás García Figueras para darle la ‘bienvenida’ a la sede judicial. Sede a la que, en realidad, no debía acudir la líder del PP en Jerez. La condición de aforada de Pelayo es inherente a su cargo en el Senado, pese a que ante el magistrado llegó a insistir que podía renunciar al aforamiento, como ella mismo anunció ante los medios días antes. “Usted puede renunciar al aforamiento, siempre y cuando antes dimita como senadora“, llegó a espetarle el juez, quien en todo momento, según ha podido saber este medio, se negó a que prestara declaración porque, simple y llanamente, no había sido citada a declarar.

El aforamiento altera las reglas de la competencia judicial, por lo que en realidad Pelayo deberá declarar por este caso, si procede, ante un juez del Tribunal Supremo. Pero la alcaldesa, cuentan las mismas fuentes, siguió llevando la estrategia al límite y finalmente forzó lo que jurídicamente el propio instructor consideró una “innovación” como forma de “cortesía”, accediendo a que compareciera sin declarar. Es decir, soltó el discurso que llevaba preparado para defenderse pero sin incidencia alguna a efectos judiciales, aseguran las mismas fuentes. La estrategia seguida por Pelayo, que tradicionalmente ha expresado en público y en privado auténtico pavor por los tribunales, pasaba por sacudirse cuanto antes una demanda en la que ha repetido una y otra vez que “no hay fundamento alguno”.

A la derecha, el letrado municipal que defiende la actuación seguida por la alcaldesa en el ‘caso Urbanos Amarillos’. Foto: Juan Carlos Toro.

Al margen de querer aclarar cuanto antes el asunto judicial, su obsesión, confirman fuentes municipales, pasa por que este caso no se airee más allá de las fronteras del término municipal, lo que en la práctica es casi imposible debido precisamente a su estatus de aforada. Ya en 2009, Pelayo tuvo que declarar ante el TSJA como aforada, al ser en aquel momento parlamentaria andaluza, en relación al caso Huertos de Ocio, cuya causa contra la regidora fue sobreseída. En la misma situación se encuentra ante lo que pueda ocurrir más temprano que tarde con la pieza separada ‘Ayuntamiento de Jerez’ de la trama Gürtel. 

El pasado mes de abril el juez Pablo Ruz, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, reabría la investigación contra la regidora popular por su “implicación directa” en la trama Correa, según las conclusiones de la UDEF,  “sin perjuicio de que pueda acordarse la inhibición del tribunal competente” por la condición de aforada de la también senadora popular. De este modo, por su condición de representante de la Cámara Alta, Pelayo, si llegara a ser imputada por este caso, eludiría declarar ante Ruz, que tendría que enviar el correspondiente suplicatorio al Senado, y sería una investigación que en cualquier caso debería seguir el Tribunal Supremo.

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