El parlamentario andaluz de Vox y portavoz en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, Benito Morillo, ha afirmado, tras reunirse en Algeciras (Cádiz) con representantes de los funcionarios de prisiones para tratar sobre sanidad penitenciaria, que la enfermería de Botafuegos "está en estado de coma".
En una nota, Morillo ha manifestado que "la masificación de reclusos que afecta al centro penitenciario algecireño que actualmente cuenta con un censo de más de 1.300 internos y la falta de dotación de personal médico y sanitario, sumado a los problemas generados por las incompatibilidades generadas entre el régimen de salud penitenciaria y el Servicio Andaluz de Salud, han llevado a la enfermería de la prisión algecireña a una situación insostenible".
En este sentido, ha añadido que hay una población reclusa "masificada, en la que más de un centenar de internos son portadores o enfermos de SIDA, cerca de 200 padecen hepatitis C y más de 200 son enfermos mentales que no pueden convivir con el resto de la comunidad de reclusos del centro de internamiento".
Estos datos, según el portavoz de Vox, indican que "el 38% de la población necesita cuidados médicos y sanitarios constantes, para los que la prisión algecireña tan solo dispone de cuatro facultativos y un subdirector médico para prestarles atención".
Por su parte, José Luis Alcaraz, representante de Acaip Botafuegos, ha afirmado que en la actual RPT de la prisión algecireña está previsto un subdirector y diez médicos, y que, debido a diferentes causas como comisiones de servicio y promoción a puestos directivos de gran parte de los facultativos, en la actualidad el centro penitenciario "tan solo dispone de cuatro de ellos, que deben alternarse en guardias, lo que provoca que solo dos médicos puedan atender diariamente a una población reclusa masificada como la de Botafuegos".
Así, el parlamentario de Vox se ha comprometido a llevar a Comisión las reivindicaciones del colectivo en materia de salud penitenciaria, ya que según "esta situación no solo afecta a la población reclusa que está viendo mermado su derecho a la sanidad universal vigente en este país, sino a los funcionarios que han de tratar con los internos, que se ven expuestos a situaciones críticas por la falta de medios".
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