Piden que la Junta negocie un alquiler social para los 300 vecinos de Sanlúcar que viven en corralas

Una corrala de ocupas en Sanlúcar, en una imagen de archivo. FOTO: JUAN CARLOS TORO
Una corrala de ocupas en Sanlúcar, en una imagen de archivo. FOTO: JUAN CARLOS TORO

Podemos solicitará en el Parlamento andaluz que la administración autonómica se reúna con las familias y con los bancos en un plazo de dos meses.

El grupo parlamentario de Podemos defenderá este jueves en el pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide que la Junta, en un plazo de dos meses, se reúna con las familias de las llamadas corralas de Sanlúcar —que suman más de 300 personas— y con los bancos y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y aporte un alquiler social, ofreciéndose, según el caso, a abonar un 50% del alquiler para garantizar la operación. Así se recoge en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también se reclama que el Gobierno andaluz mapee, en el citado plazo de dos meses, todas las corralas y establezca contacto con las familias que residen en ellas y con las entidades propietarias de las mismas, es decir, principalmente con los bancos y la Sareb.

Podemos argumenta que la Constitución garantiza el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía, y en ese marco, los poderes públicos con competencia en la materia deberían promover el uso y carácter social y habitacional de las viviendas. "Es conocida la situación de desempleo y precariedad que sufre Sanlúcar y ante esa situación de vulnerabilidad y de emergencia, numerosas familias han tenido la necesidad de ocupar de forma provisional edificios en manos de bancos o de la Sareb esperando una acción del ayuntamiento de su ciudad o de la Junta de Andalucía que les permita salir de esa situación de interinidad y angustia", relata la formación.

Asimismo, destaca que en algunas ocasiones se han abierto vías de diálogo entre familias y bancos para buscar soluciones de alquiler social que pudieran cubrir las expectativas de todas las partes, consolidando la función social de la vivienda en primera instancia. Pero, para ello, Podemos señala la necesidad de que una administración medie en la operación y se ofrezca a dar las garantías necesarias para la misma.

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