“Nuestro empeño es dialogar con las personas que lideran el comité de empresa para llegar a una solución factible tanto para los trabajadores como para la empresa”, dice Jiri Maly, presidente de la compañía Louis Berger, encargada de la gestión del aeropuerto de la Base de Rota, en una entrevista concedida a La Voz de Cádiz. El comité, después de analizar las declaraciones de Maly, responde que nunca se ha puesto en contacto con la representación de los trabajadores, ni con miembros de los sindicatos.
“La compañía propuso una mínima reducción de empleo y una mínima reducción de salario para que la empresa no perdiera dinero. Nuestra propuesta inicial era reducir un 9% el empleo y un 6% el salario, aunque los alcances del nuevo servicio se habían reducido un 25%. Esa oferta fue rechazada por el comité”, apunta el presidente de Louis Berger en la citada entrevista, aunque los trabajadores señalan que en marzo de 2017 la empresa trasladó una propuesta de reducción salarial del 22,5%, para que Louis Berger mantuviera unas ganancias del 10%. “O bien, una reducción salarial de 26,5% para mantener la empresa unos beneficios del 14%”, señalan en un comunicado. La empresa, apuntan, se negó a negociar en diciembre de ese mismo año.
“La estrategia de la empresa quedaba al descubierto, intención de aplicar el III Convenio Colectivo general del sector de los servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, el llamado convenio colectivo de handling. Ya que según sus cálculos, una vez transcurrido un año sin negociación del convenio de empresa CAV, este dejaría de tener vigencia y se aplicaría el estatal mucho más ventajoso para la empresa”, apuntan los trabajadores en el comunicado. “Como método de negociación por parte de LBAS y sus asesores, es impositivo, primitivo y de mala fe”, agregan.
El presidente de la compañía señala: “Nosotros seguimos las leyes españolas y obviamente entendemos la necesidad de que los trabajadores estén representados y tengan su comité de empresa”. Los representantes de los trabajadores dice que la empresa no cumple las leyes españolas, ya que la Inspección Provincial de Trabajo ha extendido doce actas de infracción, entre ellas una muy grave, y otra grave, precisamente por incumplimientos de normas. Jiri Maly agrega, además, que “no era una obligación asumir a la plantilla, sin embargo, para la compañía es clave que los trabajadores se sientan parte del equipo y estén motivados”. El comité, una vez más, desmiente esta versión y señala que sí es obligatorio asumir a los trabajadores, como recoge el convenio colectivo en vigor.
Para que los empleados estén motivados, apuntan desde el comité, “no se debe perseguir y sancionar arbitrariamente y con simulaciones a los trabajadores, destituir al manager del departamento de ATOC, y perseguir a miembros del comité de empresa”. Para ello, señala, “se debe aplicar el convenio colectivo, en todos sus contenidos y los turnos de trabajo. No estamos de acuerdo con las imposiciones de cambios de condiciones de trabajo sin negociar con el comité de empresa. No debe la empresa fomentar el esquirolaje en las huelgas, alterar categorías y funciones para dejar sin efecto el derecho a huelga recogido en nuestra Constitución”.
“No se puede despedir a un trabajador por romper accidentalmente un piloto de un vehículo, a la vez que directores de la empresa, obligaban a conducir autobuses sin haber pasado la correspondiente inspección técnica de vehículos (ITV); no se puede admitir que trabajadores de la empresa sean interceptados por la Guardia Civil de tráfico conduciendo vehículos de la empresa sin la correspondiente tarjeta de transportes; no es admisible que la empresa cree una página web para desacreditar a sus trabajadores; no es admisible que los trabajadores y trabajadoras vean mermadas sus nóminas por restar cantidades de pluses, de manera arbitraria, como es el caso del plus de inglés, a pesar de seguir obligando a los trabajadores a hablar inglés con los pasajeros y otros clientes”, enumeran desde el comité.
“Tenemos el contrato porque hacemos un buen trabajo. Hay precedentes de reducción de contrato y el ejemplo está en Morón. Si la US-Navy cancela este acuerdo con Louis Berger toda la plantilla perderá su empleo. El trabajo que hace ahora el personal civil lo realizarán los militares. No solo estamos hablando de 140 empleos sino de 140 familias y del impacto que supone la cancelación de un contrato de esta envergadura”, relata el presidente de Louis Berger. Los trabajadores culpan a la empresa de la posible pérdida del contrato de la que habla, “ya que es la única que se ha negado sistemáticamente a hablar y negociar con la representación de los trabajadores y las centrales sindicales legitimadas para ello”.
La compañía, insiste el comité, “ha provocado un clima laboral asfixiante, de persecución contra los trabajadores y sus representantes, ha creado un clima de represión, actuando de mala fe empresarial. La empresa no ha atendido el cumplimento de las leyes españolas y se ha limitado solamente a maquinar cómo vulnerarlas. Es decir, la empresa es la culpable de este deterioro del clima laboral”. Los trabajadores recuerdan que el operativo actual es de unos 170 trabajadores y que con anterioridad al conflicto era de 175, y que ha variado, pues más de 30 trabajadores han sido sustituidos por personal de contrato y el resto ha pasado a depender sus trabajos por empresas subcontratadas.
La empresa, censuran desde el comité, está sustituyendo personal con derechos consolidados por personal en condiciones laborales precarias. “Es decir, generar una bolsa de precariedad laboral es lo que está actualmente contribuyendo Louis Berger con los trabajadores y sus familias”. Por eso afirman que “jamás hemos asistido a lo que estamos asistiendo, un clima laboral y de persecución que nunca hemos vivido”.
Comentarios