La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco al desestimar este martes los que tenía pendientes por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos contra la decisiones del Gobierno que permitieron sacar los restos del dictador de la basílica de Cuelgamuros.
La decisión se ha adoptado después de resolverse la recusación presentada por la Fundación contra el magistrado Pablo Lucas, que fue el ponente de la sentencia que el pasado pasado 24 de septiembre avaló la exhumación, por unas informaciones que le relacionaban con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cuando ambos coincidieron en 1990 en la Universidad de Córdoba.
En el último escrito remitido al alto tribunal, el pasado 1 de junio, la Fundación Franco solicitaba a la Sala que corrigiera su "grave error" y ordenara que Franco vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos, algo que ha sido rechazado por el Supremo, que confirma en su resolución la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por el que se acordó sacar a Franco del Valle de los Caídos, así como el del 15 de marzo para su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también el recurso de la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo posterior del Consejo de Ministros, de 11 de octubre de 2019, que ejecutó la sentencia que permtió exhumar a Franco al rechazar los recursos de la familia del dictador.
El fallo ha sido comunicado a las partes y las sentencias con sus fundamentos jurídicos se conocerán en los próximos días, según ha informado este martes el propio tribunal Supremo.
Para la Fundación, la corrección de este asunto por el Supremo era "legalmente posible" por la composición del tribunal que estudiará los recursos.
Según apuntaba en un comunicado, la magistrada Pilar Teso será la ponente, mientras que José Luis Requero y Segundo Menéndez, a los que sitúa a las "antípodas en ideología pero que en este asunto se unieron a favor de la exhumación y a favor de ignorar los derechos de la Iglesia y de la familia", ya "no se sentarán a deliberar".
"Resulta que a lo mejor, el próximo 7 de julio, día de San Fermín, pese a que se han suspendido los festejos de Pamplona en honor al santo, pueden correr unos miuras por los pasillos del palacio de justicia que, al menos, les recuerde la grave responsabilidad de sus funciones y, aunque sea testimonial, algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica que desune y enfrenta a los españoles, que terminará por cargarse a la Monarquía, y que desvía la atención de la hecatombe a que nos está llevando Pedro Sánchez", indicaban.
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