El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora (PSOE), ha afirmado que el Ayuntamiento se plantea llevar a la Fiscalía a la Junta de Andalucía por desobediencia ante el requerimiento que hizo en febrero sobre el vertedero de residuos de residuos no peligrosos procedentes en plásticos agrícolas en La Algaida, donde este domingo se ha vuelto a producir un incendio.
Según ha explicado el alcalde en declaraciones a los periodistas, en febrero ya desde el Ayuntamiento se hizo un requerimiento para que limpiaran la planta, "lo cual no han atendido". En este sentido, ha acusado a la Junta de mentir, ya que, según el alcalde socialista, "en un escrito reconoce que la planta es titularidad de la Junta, que el Ayuntamiento no puede llevar ningún tipo de residuos y no tiene esa competencia". Asimismo, ha añadido que la Junta, "abre un inicio de expediente sancionador el cual se alegó en septiembre y a día de hoy, casi un año después, no hay conocimiento de nada".
A juicio del alcalde de Sanlúcar, se trata de "una guerra política del PP", añadiendo que el delegado, "tiene que entender que está en un órgano para llevar el bienestar a todos los andaluces, entre ellos los sanluqueños, le guste más o menos". Cabe recordar que la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz ha indicado que estudia sancionar al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por desobediencia con respecto al vertedero en La Algaida.
Según la Junta, el pasado año, en julio de 2019, se procedió a tramitar un procedimiento sancionador y una formulación de cargos para el Ayuntamiento por el vertedero, que había salido ardiendo, por llevar a cabo operaciones de residuos no peligrosos sin autorización de almacenamiento y por tenencia de estos residuos sin condiciones de seguridad.
Asimismo, se trasladó su inmediata retirada por parte del Ayuntamiento, así como para la puesta a disposición de estos residuos para que fueran gestionados por un gestor autorizado, lo que, según la Junta, "no se ha producido". Por su parte, el Ayuntamiento ha argumentado que la planta es titularidad de la Junta.
"Dejadez" y "mala gestión"
Por su parte, Carmen Álvarez Marín, concejala y portavoz municipal de Izquierda Unida Sanlúcar, ha pedido a Mora que asuma su responsabilidad sobre Monte Algaida. En este sentido, la también diputada provincial de IU asegura que “la mala gestión, tanto del alcalde como de todo el equipo de gobierno municipal de PSOE y Cs, queda en evidencia porque lleva tiempo cerrada, no es la primera vez que esto pasa y miles de toneladas de residuos agrícolas se acumulan en las inmediaciones sin oportunidad de que los agricultores puedan reciclar dichos materiales de forma correcta”.
La pésima gestión en materia de residuos agrícolas por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar sumado al cierre de la planta, la colmatación de residuos altamente tóxicos en la zona que son fácilmente inflamables, la permisividad de un vertedero que nunca contó con una gestión correcta y el atentado que todo ello supone contra la salud pública y medioambiental en toda la Costa Noroeste, teniendo en cuenta que la instalación está junto a Doñana “son aspectos suficientemente importantes y graves como para que Víctor Mora se lo tome en serio de una vez por todas y reconozca su responsabilidad en la gestión de la planta. Una responsabilidad que se define con una palabra: dejadez”, declara Álvarez, que aconseja al alcalde que tome cartas en el asunto, que cumpla su parte en el control de los residuos y que reclame a la Junta una actuación urgente y definitiva en la zona.
Es cierto que la gestión de los plásticos agrícolas no compete a los entes locales, según se expone en el Reglamento de Residuos de Andalucía, pero la misma normativa también aclara que el municipio sí tiene la obligación de controlar que los plásticos agrícolas estén debidamente clasificados, no mezclados, sin residuos impropios y con un plazo de almacenamiento de dos meses como máximo. “Todo esto se ha incumplido en la planta de La Algaida y es competencia del Ayuntamiento”, afirma Álvarez, que condena el incendio si es que ha sido provocado, pero “lo que está claro es que el cierre de la planta y la falta de alternativas, el incumplimiento de medidas de protección ambiental, la poca supervisión y control por parte del Consistorio, están detrás de los incendios. Son causas que actúan como acelerante para que se repitan estos sucesos”.
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