Los residentes del edificio desalojado por riesgo de derrumbe vuelven a sus casas pero alertan de la imposibilidad de hacer frente a las obras necesarias.

El pasado 12 de noviembre de 2016 saltaron las alarmas: las obras realizadas por la vecina del primero del bloque 26 de San Telmo habían afectado a la estructura del edificio y, como medida preventiva, había que desalojarlo. Con las pocas pertenencias que les dio tiempo a rescatar, salieron de sus viviendas y no volvieron a dormir en ellas hasta casi cuatro meses y medio después. Hace unas semanas regresaron a sus casas, tras estar residiendo en las de familiares, en el mejor de los casos, o en hoteles primero, y en viviendas de alquiler, después, los que no tenían esa posibilidad.

El Ayuntamiento colaboró con las obras de apuntalamiento que necesitaba el edificio, tras el análisis realizado por el técnico contratado por la comunidad de propietarios del bloque, que ya unos meses antes, en julio, recibió una orden de Urbanismo avisando de la necesidad de corregir las deficiencias que presentaba el edificio. El departamento de Disciplina Urbanística realizó una serie de estudios sobre cimentaciones y condiciones estructurales de la edificación, llevando a cabo una serie de actuaciones complementarias para poder cumplir con las condiciones de seguridad suficientes para realojar a los vecinos. “Aunque ello haya significado prolongar el tiempo que las familias han pasado fuera de sus casas, hemos creído conveniente analizar a fondo la estructura del edificio para conocer su estado actual  y posibilitar un realojo con las garantías suficientes”, aseguraba el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas, cuando se anunció el realojo.

Los vecinos, ahora, se enfrentan a un nuevo problema, el coste de los trabajos de reparación que, al ser un boque de titularidad privada, deben sufragar entre todos los residentes, algo con lo que algunos de ellos no están de acuerdo. “Tenemos que pagar 1.600 euros cada vecino y estamos todos parados o jubilados, ¿de dónde lo sacamos?”, se queja uno de los residentes consultados por este medio. El gestor contratado por la comunidad de propietarios es quien, apuntan las fuentes consultadas, informa de la cuantía necesaria para poder acometer las obras que precisa el edificio, que algunos no pueden asumir. “Me han dicho que pida un préstamo, ¿pero cómo voy a hipotecarme por algo que no es culpa nuestra?”, se pregunta un vecino.

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