Manuela lleva años soportando los malos olores que provoca la basura que algunos desaprensivos arrojan en la obra de un edificio abandonado que hay junto a su casa. Desde 2011, ella y otros vecinos de la calle Fernán Caballero, de la barriada del Agrimensor de Jerez, llevan aguantando que la obra paralizada de un edificio de tres plantas se haya convertido en un vertedero y en un lugar de encuentro de personas con problemas de drogadicción. “Solo tenemos problemas, hay gente que tira basura, quien se mete a vivir, gente que entra y sale…”, relata Manuela Suárez, que lleva años abanderando una lucha que no tiene fin, de momento.
“Cada poco tiempo tengo que poner veneno en mi azotea porque las ratas me comen”, expresa Manuela, quien asegura que en la zona hay “suficientes contenedores” y que los incívicos que arrojan desperdicios lo hacen por “fastidiar”. “Llamamos a Medio Ambiente y nos dicen que es una propiedad privada y que no pueden hacer nada”, se queja esta vecina del Agrimensor, que ha enviado al Ayuntamiento “todos los escritos habidos y por haber” y hasta recogió firmas de residentes en los alrededores para pedir una solución.
La promotora de la obra en cuestión quebró tras la crisis y dejó el inmueble a medio construir. Desde entonces, primero personas adictas, luego vándalos e incívicos de todo tipo han campado a sus anchas por el garaje del bloque de viviendas interruptus, que desprende un fuerte olor por la acumulación de basura. Hace unos años, los vecinos consiguieron que el propietario tapiara el edificio, “pero duró un día”, asegura Manuela, que no sabe qué hacer para dejar de vivir “junto a escombros y ratas”.
Interior del edificio abandonado. FOTO: MANU GARCÍA
El Ayuntamiento de Jerez, consultado por lavozdelsur.es, explica que, desde el punto de vista urbanístico, “es una finca particular que pertenece a una entidad financiera actualmente, si bien en su momento fue de una empresa que promovió la construcción de un edificio de viviendas, cuyas obras quedaron paralizadas en su fase de estructura”. Urbanismo exigió a los propietarios en su momento “el cierre de la parcela para evitar vandalismos, actuándose de forma subsidiaria ante el incumplimiento de la orden de ejecución”.
“Ante la paralización de las obras —prosigue Urbanismo—, se inició el expediente de caducidad de la licencia de obra, pero no se ha llevado aún a término por una serie de cuestiones complejas de orden civil, y ajenas a la administración local, dado que en su momento, se produjo un embargo a la antigua propiedad por parte de entidades financieras, lo cual ha supuesto la dilatación en el tiempo de la caducidad expresa de la licencia, que es la que podría dar paso a otras actuaciones municipales, como puede ser la inclusión de la finca en el registro de solares para su venta forzosa”.
“La parcela en cuestión es de propiedad privada para uso residencial, y por lo tanto desde el Ayuntamiento no se contemplan actuaciones de índole público, es decir, no caben ejecución de calles, plazas ni otro tipo de equipamiento público”, reseña el Consistorio. La delegación de Medio Ambiente aclara que “los vecinos deben denunciar los hechos ante la Policía Local para que levante acta ante lo que ocurre e inste al propietario a que solucione el cerramiento del inmueble”. Medio Ambiente, agrega, “no puede entrar a desinfectar ni a desratizar al ser propiedad privada y solo a través de la mediación policial se puede dar esa vía tras advertencia al propietario. Es un caso similar al de solares con jaramagos privados que no se recortan y propician proliferación de roedores”.
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