Josefa Márquez, su hija y su yerno debían abandonar sus casas del Arroyo del Membrillar este próximo 13 de marzo por orden judicial, conforme a la nueva ordenación urbanística de la zona.
Josefa Márquez y su familia ganan cuatro meses más. El pasado mes de enero este medio narraba la historia de esta anciana, de 85 años, vecina del Arroyo del Membrillar que, a causa de un proceso de reparcelación y en cumplimiento de una orden judicial, podría perder su vivienda este próximo 13 de marzo. Ahora se conoce que el gobierno municipal, junto con los grupos Ganemos e Izquierda Unida, han intermediado ante la junta de compensación que ha llevado a cabo el desarrollo urbanístico de la parcela donde se asienta la finca en cuestión para obtener un nuevo aplazamiento de la fecha de lanzamiento, esta vez de cuatro meses.
La Junta de Compensación se ha mostrado receptiva a autorizar este nuevo aplazamiento por lo que desde el Área de Urbanismo ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para tal fin. Asimismo, desde el gobierno municipal, la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha intensificado en estos días sus gestiones y ha mantenido conversaciones con Adif, empresa propietaria de la parcela que esta familia debe de abandonar, que también se ha mostrado sensible con esta situación y ha transmitido al Ayuntamiento que no tiene inconveniente en consentir que se posponga nuevamente el desalojo.
El objetivo de este nuevo aplazamiento es disponer de tiempo suficiente para seguir gestionando ante distintas entidades algún tipo de alternativa habitacional definitiva. Esta familia ya ha puesto en conocimiento de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, su situación para que se estudie su caso.
Como se recordará, la situación de esta familia es consecuencia de la falta de acuerdo entre ésta y la Junta de Compensación constituida en su día para el desarrollo de esta unidad de ejecución —y de la que forman parte todos los propietarios de los suelos comprendidas en la misma, incluida la propia familia—, que se inició en el año 2003 y que se llevó a cabo por parte de la iniciativa privada (es decir, mediante el sistema de compensación). En estos casos, el Ayuntamiento no interviene en el desarrollo de los suelos, y únicamente lo hace como órgano de control y fiscalización para dotar al proceso urbanístico de las máximas garantías.
Tras la ejecución de los correspondientes proyectos de reparcelación y urbanización, y recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento, se dio la circunstancia de que algunos propietarios, entre los que figura la familia en cuestión, no aceptaron el resultado final del proyecto de reparcelación y la distribución de las parcelas resultantes y, por tanto, se negaron a abandonar sus viviendas y a permitir su demolición, llevando a cabo una serie de acciones legales, que concluyeron con la firmeza del proyecto de reparcelación ejecutado.
En consecuencia, y dado que las edificaciones objeto de demolición son incompatibles con el planeamiento resultante, la Junta de Compensación instó a la tramitación del correspondiente expediente de ejecución forzosa del proyecto de reparcelación, lo que implica la demolición de las edificaciones y la puesta a disposición del suelo resultante de sus actuales propietarios.
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