Un informe de abogados de afectados por el ERE insiste en la posibilidad de remitir acuerdos transaccionales de todos los despedidos al TSJA.
“En el presente caso la preexistencia de un expediente de regulación de empleo y situaciones individuales idénticas sería discriminatorio dar soluciones distintas a situaciones idénticas”. Eso recoge el informe jurídico elaborado por seis abogados de los afectados por el ERE ejecutado por el anterior gobierno local del PP que culminó con 260 empleados municipales despedidos. Llegan los días decisivos para la resolución de la reincorporación de los afectados por el ERE, casi cuatro años después de materializarse su salida del Ayuntamiento y tras un recorrido judicial que ha dado alegrías y varapalos a partes iguales. En estos momentos hay 116 afectados esperando recuperar sus puestos de trabajo, 92 de los cuales –hay dos que han renunciado a entrar– cuentan con el beneplácito del gobierno local para poder remitir los acuerdos transaccionales –en los que deben llegar a un acuerdo ambas partes– al TSJA, amparándose en el informe realizado por el gabinete de Martínez Escribano, que distingue entre los despedidos que recurrieron sus sentencias al Alto Tribunal andaluz y los que no lo hicieron. Así, hay 22 despedidos cuya situación está en el limbo.
Para eso se han puesto manos a la obra los abogados de los afectados, que han elaborado un informe jurídico de 33 páginas, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, que concluye que “es evidente que se está produciendo una desproporción desmedida en tanto que las consecuencias jurídicas que deparará a unos y a otro grupo de trabajadores no superan ese juicio de proporcionalidad del que habla la jurisprudencia, tanto de la del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional”.
El documento asevera que “las situaciones no son sólo similares sino objetivamente idénticas puesto que la relación jurídica que mantenían con el Ayuntamiento era idéntica, los procedimientos y las demandas eran idénticas, las alegaciones eran idénticas, el proceso concluyó en la primera instancia de forma idéntica y sin embargo se postula excluir a este grupo de trabajadores de la posibilidad de transacción que se está ofreciendo al resto de los trabajadores”. El informe de los abogados, en el que han trabajado Ganemos, IU y los sindicatos CCOO, ATMJ y UGT, habla de que el gabinete jurídico del Ayuntamiento “admite y convalida esta posibilidad sancionando de legalidad sin ningún género de duda”, poniendo como ejemplos varios documentos con fecha de 27 de junio de 2015, 17 de junio de 2016 y 28 de julio de 2016.
Además, aportan una “recientísima” resolución, de 6 de julio de este mismo año, “en la que el TSJA homologa un acuerdo transaccional suscrito entre un Ayuntamiento y un trabajador despedido, posterior a una declaración de improcedencia del despido y después de que, tras conocer la decisión judicial, el Ayuntamiento hubiera optado por la indemnización y se hubiera interpuesto recurso de suplicación solamente por parte del citado Ayuntamiento, no así por el trabajador despedido”. Es la misma situación en la que están los 22 afectados que, ahora mismo, tienen más complicada su reincorporación.
“En el expediente que se instruya al respecto para presentar ante el TSJ, ha de dejarse debidamente acreditada documentalmente no sólo la existencia de recíprocas concesiones, sino también que no se produce un perjuicio para el interés general con el acuerdo con el que se pone fin al proceso judicial”, recoge el informe, que cita al documento remitido por la Dirección General de la Función Pública, en el que asegura que "corresponde a la propia Corporación local apreciar si concurren o no los requisitos necesarios para llevar cabo una transacción”.
El informe del gabinete jurídico municipal del 28 de julio de 2016 indica que “respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la contención o disminución de la deuda pública y de la regla del gasto, la aprobación de los acuerdos transaccionales en sí misma no debiera entenderse como una decisión que implique una gestión gravemente dañosa para el interés general, siempre eso sí, contemplando la adopción de medidas que no vayan en contra del objetivo de la estabilidad presupuestaria”.
El documento de los abogados de los despedidos señala que “todos y cada uno de los trabajadores afectados por el ERE que se pretende su reincorporación pasarían a ocupar un puesto necesario para un mejor y más eficaz funcionamiento de aquellos servicios municipales que así lo han manifestado”. La readmisión, así, debe “respetar el techo de gasto previsto para el capítulo uno (Personal)”, por lo que los letrados entienden que “respetando las exigencias y los límites presupuestarios impuestos en el Plan de Ajuste el interés general debería entenderse no dañado”.
“No encontramos impedimento alguno para que el órgano competente apruebe la presentación ante el tribunal de los acuerdos transaccionales objeto del presente informe, para que sea el juzgador del litigio quien resuelva al respecto de la homologación de los referidos acuerdos”, apuntan en el escrito de 33 páginas que ya tiene en su poder el Ayuntamiento, que convocará un pleno extraordinario el lunes 9 de septiembre para abordar este tema. Por el momento, con 92 transaccionales que remitirán al TSJA antes del 14 de septiembre, fecha en la que será el primer señalamiento de una sentencia.
Los 22 restantes, presumiblemente, tendrán que esperar, aunque los abogados firmantes del citado informe consideran que no hay motivos para ello. Para salvar esta situación, la de los afectados que no recurrieron al TSJA, el documento recoge la posibilidad de incluir en los acuerdos transaccionales que el importe de las cotizaciones de los salarios de tramitación –de los meses transcurridos entre el despido y la readmisión– y lo cobrado de desempleo debe ser inferior a la indemnización que cobrarían, por lo que deberían devolver la diferencia.
“En definitiva, lo que da opción a la transacción es la existencia de un recurso, independientemente de quien lo haya formalizado, que haya paralizado la firmeza de la sentencia que se recurre, dando con la transacción la posibilidad de dar término al litigio”, se recoge en el citado documento, que se ampara en los trabajos de los laboralistas Carlos Hugo Preciado Doménech (magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y Miguel Ángel Purcalla Bonilla (magistrado del Juzgado de lo Social nº 1 de Terrassa), en su obra denominada La prueba en el proceso social.
Un grupo de afectados por el ERE, por su parte, emiten un comunicado en el que expresan su preocupación "ante la premura de tiempo con la que debe resolverse este proceso", por lo que llaman la atención "ante la realidad de que la mayoría de afectados puede volver a trabajar ya que su situación jurídica lo permite, lo que no se puede obviar y postergar". Así, señalan que "la canallada cometida por el PP no puede quedar impune; no puede tener una resolución final que le dé la razón", y añaden que los partidos que apoyan su readmisión "tienen que respaldar positivamente la vuelta a la normalidad de las 90 familias por encima de fundamentos o posiciones partidistas y políticas". Por eso piden que "se convoquen cuantas sesiones plenarias sean necesarias para ir aprobando la vuelta de los compañeros que vayan superando las cuitas jurídicas".
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