Paqui Argudo, mujer maltratada con un hijo de 18 años a su cargo, reclama el suministro de agua en la vivienda donde reside desde hace cinco meses, de protección oficial, a la que accedió a través de un vendí.

Ella y su hijo han ocupado un sofá en casa de sus padres durante un año, ha vivido un tiempo con su hermana y en una casa de El Chicle donde se “metió” y con la que el banco se negó a negociar. La vida de Paqui Argudo, de 50 años, y de su hijo de 18, ha sido una montaña rusa desde que se separó de su pareja hace dos. Esta jerezana tiene activado el protocolo de violencia de género por maltrato psicológico, sin embargo, dice, solo se ha beneficiado de la ayuda económica –420 euros mensuales-. “Tengo derecho a una vivienda”, asegura, tras llevar desde 2013 inscrita en el registro municipal de demandantes. “Isabel Paredes -la ex delegada de Bienestar Social del anterior gobierno local- me dijo que la buscara, que ellos me iban a ayudar”. Hasta hoy.

Cuenta cómo ha sucedido todo y se acelera. “¿Sabes lo que es vivir cinco meses sin agua? Tengo depresión y todo”. En Bienestar Social le ofrecieron una vivienda fuera de Jerez, en San José del Valle, y se negó. “Yo dije que no me iba, no soy una fugitiva; habiendo viviendas vacías en Jerez”. Desde hace aproximadamente siete meses reside en una vivienda en calle Micaela Parada. “Estaba cerrada y la gente que me conoce de aquí, de San Juan de Dios, me dijo que le diese una patada”. No obstante, Paqui prefirió contactar con los propietarios. La casa pertenece a una señora mayor. Estaba tan sucia, según ella, que durante una semana tuvo que entrar con mascarilla. “Estaba llena de excrementos. Los vecinos habían avisado a Asuntos Sociales para que vinieran a desinfectar”.

Subraya que siempre hizo uso de la casa con el consentimiento previo de la familia y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo demuestra. Con afán de regular la situación acudió a la delegación de Patrimonio al tratarse de una vivienda de protección oficial. “Allí me dijeron que era ilegal pero que tenían constancia de que todo el mundo lo hacía ("vender" las casas); me aconsejaron que me empadronara allí porque en el padrón no constaba nadie y que la dueña nunca había pagado IBI”.

“¿Sabes lo que es vivir cinco meses sin agua? Tengo depresión y todo”

Asuntos Sociales le facilitó lo necesario para poder sanearla y la policía verificó que ella estaba allí. Tenía el contador de la luz y del agua antiquísimos. Según explica, a los dos meses de estar viviendo allí Aqualia, “sin decir nada”, se lleva el contador. “Yo quería hacerlo legal, les llevé el padrón diciendo que yo estaba aquí y que quería poner el contador a mi nombre, y no me aceptan el padrón porque necesitan que el Ayuntamiento verifique que no estoy de okupa”. Desde Patrimonio no pueden ayudarla. “Dicen que lo que yo había hecho era ilegal… ¿ilegal, si estoy en una vivienda vacía siendo vosotros los dueños? - espeta con indignación- ¿Por qué no me ayudan, por lo menos a tener agua que es básico?". Según fuentes municipales, la VPO es propiedad de la referida señora mayor, por lo que al no ser titular de la vivienda, Paqui no puede disponer de contador de agua. Es otro caso más de los miles de jerezanos y jerezanas que se encuentran en una situación límite y a los que las administraciones públicas son incapaces de darles respuesta.

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