Unos 2.000 agentes contrataron la póliza y la correduría no responde, por lo que el CEP se personó en una causa contra el dueño de la empresa.
La noche del 24 de noviembre de 1984, Mohamed Ahmed Abderraman, agente de la Policía Nacional, se encontraba, junto a otros dos compañeros, custodiando a camioneros franceses cerca del peaje de la autopista Bilbao-Bebobia cuando desde un puente sonaron disparos y fueron alcanzados por varios. Hasta lanzaron una granada. Justo la que impactó en la espalda de Mohamed Ahmed cuando fue a pedirle un cigarro a un compañero.
Con 33 años, mujer y dos hijos –y un tercero en camino–, la viuda se vio desamparada y sin recursos económicos hasta que se resolviera su paga de viudedad, que solía tardar en torno a medio año. Los hechos fueron perpetrados por miembros de ETA, que pretendían ametrallar a camioneros franceses en protesta por las extradiciones de presos etarras concedidas por el gobierno parisino.
Por eso, Aixa, la viuda, recurrió a los compañeros de su marido para que la ayudaran. Y lo hicieron aportando parte de sus sueldos. En el cuartel de Aldapeta, de San Sebastián, un teniente propuso a raíz de este hecho que los agentes contrataran un seguro de vida para que escenas como ésta no se volvieran a repetir y las familias de los agentes no se vieran desamparadas. Allí estaba destinado por aquel entonces Emilio, un Policía Nacional que lleva dos décadas en Jerez y que, sin dudarlo, contrató un seguro con la compañía Soria & Balanzat.
Y ahí, sin saberlo, empezaron sus problemas. Porque la correduría de seguros, que con el paso de los años ha tenido varios nombres –en la actualidad es S.P.E. Brokers–, fue acumulando cuotas pero, a la hora de la verdad, ha fallado. Emilio, por una incapacidad, se ha prejubilado a los 62 años, motivo por el que la aseguradora debería indemnizarlo con 27.000 euros –según la última revisión de la póliza–, aunque “todo fueron problemas” cuando intentaron solicitar esta cantidad, cuenta su mujer. Como él, unos 2.000 agentes de toda España se encuentran en la misma situación, calculan desde el sindicato CEP –Confederación Española de Policía–, el único que se ha personado en el procedimiento iniciado contra L.J.S.C. y su mujer, M.C.M.A., responsables de la correduría.
Las diligencias previas iniciadas por el juzgado de Instrucción nº50 de Madrid acordaron el 19 de febrero bloquear las cuentas bancarias, depósitos, títulos y valores del dueño de la empresa, que ingresó en prisión provisional y al que se le impuso una fianza de 500.000 euros, rebajada luego hasta los 250.000 euros por la Audiencia Provincial.
La Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), perteneciente a la Policía Nacional, en un informe con fecha de febrero, informó de que en enero de este año había 1.140 agentes perjudicados por esta supuesta estafa, por valor de unos 33.000 euros, una cifra que aumentó en 132 agentes el mes siguiente. La póliza descontaba de la nómina a los agentes cantidades de entre 40 y 60 euros que, ahora, pueden perder. Algunos llevan abonándolas desde hace más de veinte años.
Tras las diligencias, la CEP, en un comunicado, pide que “se garantice que todas las cantidades detraídas y que deberían haber sido recibidas por la correduría queden retenidas y solo se abonen a la compañía de seguros correspondiente si se hace cargo de la póliza y de los siniestros producidos desde que se comenzó a delinquir la compañía aseguradora del seguro colectivo”. También se ha creado una plataforma de afectados, coordinada por los secretarios provinciales del sindicato, que pretende movilizar a los perjudicados para que reclamen lo que les corresponde, ya que sospechan que se trata de “un supuesto delito continuado de apropiación indebida por el cual L.J.S.C. se ha adueñado de las cantidades cobradas en concepto de primas de seguro que en lugar de abonarse a la compañía se ingresaban en cuentas particulares del investigado, pudiendo incurrir en otros delitos como falsedad y estafa”.
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