Como ya anticipara la semana pasada el portavoz municipal de IU Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, el grupo municipal de la coalición de izquierdas presentará este próximo jueves en el pleno municipal una propuesta contra los desahucios y en favor de la función social de la vivienda. Dicha proposición, en la que han colaborado organizaciones como Stop Desahucios y PAH, incluye una batería de 18 medidas que se articulan en tres niveles de ejecución: local, regional y estatal, si bien es a nivel local donde se aglutinan el mayor número de actuaciones.
De este modo, a nivel municipal, la propuesta incluye un total de 12 medidas, entre las que se prevé la creación de una comisión específica de seguimiento con respecto a los que acuerdos que se alcancen en relación a la propuesta, y en la cual participarían representantes de todos los grupos políticos con representación en el pleno. Además, entre estas medidas de ámbito local, destacan las siguientes: apuesta firme por dotar a la Oficina de Intermediación Hipotecaria de los recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente su labor de asesoramiento, mediación y conciliación entre los afectados por problemas hipotecarios y las entidades bancarias; la no ejecución de desahucios por parte del Ayuntamiento en viviendas protegidas públicas; garantizar el acceso a la información respecto a la Bolsa de Viviendas y el acceso a su disfrute mediante la creación de un reglamento a tal efecto; y la no participación de la Policía Local en órdenes de desahucio.
Otros de los planteamientos que aborda la propuesta pasa por la modificación de las ordenanzas municipales en materia de vivienda, con el fin de poder gravar con un aumento del 50% las cuotas a satisfacer por viviendas vacías pertenecientes a entidades bancarias, y hacer a éstas sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes frente a las obligaciones tributarias derivadas de dichas viviendas. También se prevé el realojo provisional en viviendas públicas, en régimen de arrendamiento, de personas desalojadas por desahucios en virtud de resoluciones judiciales y que se encuentren en situación de exclusión social.
En cuanto a las medidas a nivel autonómico, y a ejecutar de manera colaborativa con la administración municipal, se incluyen las siguientes: elaboración de un censo de viviendas vacías, diferenciando las que son propiedad de personas jurídicas y de personas físicas; elaboración colaborativa de programa de ayudas a los afectados por desahucios o lanzamientos hipotecarios; colaboración estrecha con la Delegación Territorial de la Consejería de Vivienda con respecto al intercambio de información proveniente del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, así como compromiso para la expedición urgente de informes con respecto a la situación de exclusión social de los beneficiarios.
Por último, con respecto al ámbito estatal, las medidas propuestas pasan por instar al gobierno de la nación a que lleve a cabo las siguientes actuaciones: reformar el artículo 1 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, y que se considere como supuesto de especial vulnerabilidad las familias con menores de edad a su cargo, y no sólo “la unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años”; proceder a la paralización de los desahucios, tal y como se contempla en la ILP y a la gestión pública de las viviendas del SAREB; y proceder a una quita de la deuda de las familias hipotecadas, al igual que se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria
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