La exalcaldesa de Jerez y diputada nacional del PP se queda fuera de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que sobrevive en caso de disolverse las Cortes Generales el próximo 3 de mayo.
La exalcaldesa de Jerez y diputada nacional del PP, María José García Pelayo, perderá su condición de aforada en caso de que finalmente se convoquen nuevas elecciones, al haberse quedado este miércoles fuera de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que sobrevive en caso de disolverse las Cortes Generales el próximo 3 de mayo.
García Pelayo, elegida en las listas el PP por la provincia de Cádiz en los pasados comicios, está investigada -figura que sustituye a la de imputada- por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación con cuatro contrataciones con empresas de la trama 'Gürtel', por valor de 355.000 euros durante la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004.
Hasta el momento es el Supremo el tribunal que debe investigar a García Pelayo por el aforamiento de ésta, condición que ya tuvo en la pasada legislatura por ser senadora y que mantuvo tras disolverse las Cortes ya que el PP sí la incorporó entonces a la Diputación Permanente del Senado. Ahora, el PP no la ha incluido ni entre los puestos titulares ni entre los suplentes que le corresponden en ese órgano, con lo que, si hay elecciones, la exalcaldesa dejará de ser diputada y, por ende, perderá su aforamiento el mismo 3 de mayo. La causa contra ella pasaría, en ese caso, a un tribunal ordinario.
Hay que recordar que García Pelayo declaró el pasado 22 de febrero ante el magistrado del Supremo Antonio del Moral y negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados popr el consistorio con empresas de la trama.
Este mismo miércoles se ha hecho público que el magistrado Antonio del Moral ha citado a tres exaltos cargos en el consistorio de Jerez que tienen la condición de investigados en el sumario abierto por esta pieza en la Audiencia Nacional, en concreto el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez.
El instructor ha señalado igualmente que tiene sobre la mesa una petición de sobreseimiento presentada por la defensa de García Pelayo el pasado 22 de marzo y que "se resolverá a la vista del resultado de las diligencias pendientes de realizar".
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