La historia de un matrimonio jerezano que, tras más de tres años de burocracia y más de 8.000 euros invertidos, podría perder la posibilidad de adoptar un niño de Burundi por un problema con la ONG que tramita su asignación.
Lorena Fernández, 40 años, y José Manuel Quirós, 41, no pueden tener hijos. Este matrimonio de Jerez lo supo después de probar diversas técnicas de reproducción asistida, pero su ilusión por tener hijos no se la iba a quitar nadie. Así, vieron en la adopción la única solución a su problema. En 2011 iniciaron los trámites para adoptar un bebé en España, pero sabedores de que en nuestro país este proceso es muy lento, apostaron también por la adopción internacional, en teoría más ágil, aunque también costosa. Pero da igual. Ellos querían y quieren ser padres. Tras resolver todas las trabas burocráticas y legales, a finales de 2013 firman un contrato de intermediación con una Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) llamada Addis-Galicia, una organización, en teoría, sin ánimo de lucro, acreditada por la Xunta de Galicia y única en España que trabaja adopciones con niños del país africano de Burundi.
Al principio, señala el matrimonio, todo iba bien. Firman la documentación requerida y se les informa de que la asignación de su hijo tardaría aproximadamente un año. La ilusión, obviamente, se apodera de ellos. Por fin podrían ser padres. Sin embargo, el paso de los meses va dejando dudas. Afirman que tienen noticias de Addis a cuenta gotas y las pocas que reciben no son positivas. Burundi, que ha pasado un conflicto armado y un golpe de estado, ha ralentizado las asignaciones y a su vez eso obliga a que en España se cierren las puertas a nuevas adopciones desde aquel país.
Mientras todo esto pasa, Lorena y José Manuel han ido pagando, religiosamente, los diferentes importes periódicos en concepto de compensación económica que Addis exige en la intermediación de los expedientes de adopción, más de 8.000 euros de una cantidad total de casi 11.000. Sin embargo, los meses siguen pasando y a principios de este 2017 llegan nuevas y muy malas noticias tras una reunión entre Addis y la directora general de la consejería de Familia, Infancia y Dinamización demográfica de la Xunta de Galicia. Así, la ONG les comunica mediante carta que el alargamiento de los procesos de adopción en Burundi y su actual situación de suspenso ha ocasionado que los gastos que se habían presupuestado en un principio sean ahora, en 2017, insuficientes para el sostenimiento de la estructura que permite culminar los procesos de adopción. Todo esto se traduce en que ahora mismo dicha ECAI es inviable y necesita de otros 6.781 euros por familia (hasta 30 afectadas) para poder correr con los gastos de tramitación. Lo peor, añaden desde Addis, es que ese dinero solo garantiza a diez parejas finalizar el proceso, pero no la asignación.
Tras invertir más de 8.000 euros de los casi 11.000 previstos, ahora deberían abonar casi 7.000 más y ni aun así se les garantiza la asignación
Lorena, José Manuel y el resto de afectados —entre ellos, una decena de parejas de Andalucía— se ven ahora entre la espada y la pared. Tienen hasta el día 20 de febrero para continuar adelante con el proceso, paralizarlo o desistir, pero esto último conllevaría perder todo lo invertido. En caso de abonar esos más de 6.700 euros, tampoco tienen garantizado que sus hijos puedan estar con ellos a finales de este año. Así que, ante este panorama, han decidido hacer fuerza y negarse a pagar esa nueva cantidad.
“Lo que me extraña es que la Xunta no se ponga del lado de las familias. Lo que tenemos que pagar entre todos para un Estado es una minucia. Estamos hartos de rescatar bancos y nosotros ahora tenemos que rescatar a una empresa privada acreditada por la Xunta, que es la que además tendría que poner los medios”, afirma Lorena, que añade que “nos sentimos engañados totalmente. Yo podía esperar que mi adopción se parara por la guerra en Burundi, eso es algo a lo que te arriesgas, pero nunca me hubiera imaginado que fuera a ser por culpa de mi país, que no controlara a esta empresa y que encima no quiera colaborar, porque al final el contacto con Burundi es la Xunta”.
De momento, los afectados quieren esperar a que pase el 20 de febrero, último día que les han dado de plazo desde Addis. A partir de entonces valorarán la posibilidad de emprender acciones legales contra esta empresa y contra la Xunta. Pero también saben que si llegan a este extremo la adopción se parará. “Ya hablamos además de tres, cuatro o cinco años, porque sabemos lo que conlleva un proceso judicial. Hablamos que para entonces yo tendría 44 o 45 años y mi marido 45 o 46, y por edad, el hijo que nos correspondería tendría unos siete u ocho años”.
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