“¿Esta noche dónde duermo?”, se pregunta cada día María José. “¿Me voy debajo de un puente? ¿Dónde voy?”. Desde que ella y su marido, Miguel, salieran corriendo de la casa donde vivían, no tienen un techo bajo el que resguardarse. Estos dos jerezanos estaban en una vivienda de la barriada de San Telmo, propiedad de un amigo, que les dejó las llaves a cambio de que se hicieran cargo de los gastos de luz y agua. “Eso no gustó a los vecinos”, relata María José, quien asegura que le han hecho la vida imposible. Entonces llegaron el acoso y las amenazas. ¿Por qué? “Cuando se quedan vacías, muchas viviendas las tienen apalabradas entre ellos”, cuenta, por eso no los querían allí.
Hasta han ido a juicio a raíz de la denuncia de una vecina, la que supuestamente se quería quedar con la casa en la que vivían, que acusa a Miguel de haber abusado sexualmente de ella, por lo que el juzgado le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de 150 metros al lugar de residencia de ella. “Menos mal que tengo papeles que demuestran que ese año —se supone que los hechos ocurrieron en 2015— mi marido estuvo malo, de hospital en hospital”, cuenta María José.
Por eso salieron corriendo, dejando sus pocas pertenencias en la vivienda. “Nos persiguieron con navajas para quitarme la tarjeta de crédito, para quitarme el dinero de mi subsidio”, cuenta María José. “Pínchala, pínchala”, le gritaban. Desde entonces, una obra abandonada, el porche de un centro de salud o unos árboles les han servido como morada algunas noches. “Hoy no sabemos dónde iremos”, comenta María José Collantes cuando habla con lavozdelsur.es junto al puesto que improvisa junto a su marido cada mañana en plena calle Larga de Jerez.
Miguel y María José, hablando con lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA
Un par de cajas con una tela negra cubriéndolas les sirve para colocar las pulseras de colores y los gorros que venden por unos pocos euros. “Se hacen al momento las pulceras (sic)”, se puede leer en letras rosas en un pequeño cartel con fondo blanco. “Me ayuda más la gente que lo que vendo”, confiesa María José, quien lleva puestos un jersey y un pañuelo que le acaba de regalar una clienta, a la que le está muy agradecida porque no tenía "nada".
Hay días que ganan unos diez euros, pero otros desmontan el puesto sin haber sacado "ni un duro”. De eso depende su alimentación. “Hay días que comemos caliente y otros no”, señala, “desde hace cuatro días estamos a base de bocadillos”. La próxima vez que cobre la prestación que tiene, de 300 euros, piensa emplearla en una pensión. “Me cobran 280 euros, pero por lo menos estoy tranquila y no en la calle, ya comeremos con lo que Dios nos dé”, expresa. “A ver si cuando cobre tienen habitación libre”, dice casi rogando que sea así.
La vida de María José y Miguel, dos jerezanos que llevan casados 35 años, “da para escribir un libro”, dice ella, ya que lleva años sufriendo “desgracia tras desgracia”. La huida de San Telmo es el último episodio de una trayectoria vital con muchas situaciones complicadas. Antes de esta vivienda, residían en una del barrio de San Miguel. “Nos alquilaron una casa y resulta que estaba embargada”, explica, “¿sabes lo que es nacer con una cruz encima?”.
“A los sin techo nos discriminan, no tenemos derecho a nada”, sostiene María José, quien solo pide “una oportunidad” para demostrar lo que vale en un trabajo. “Pero me ven con la boca tan mal y no me cogen”, dice con tristeza quien lo ha intentado por activa y por pasiva. “Es la pena que tengo”, dice. Ella tiene titulación como cocinera, formación para manejar maquinaria industrial, cursos de costura… “Siempre he sido una persona luchadora que he estado estudiando, algo que me encanta”, señala. Pero desde que ella y Miguel volvieron a Jerez desde las islas Canarias, donde estuvieron trabajando durante 15 años, apenas han engordado su vida laboral.
Miguel, haciendo una pulsera. FOTO: MANU GARCÍA
“Sentimos una impotencia grandísima”, dice María José, quien para colmo lleva 15 años luchando contra un tumor cerebral, por lo que tiene que estar tomando medicación. “Me dieron cinco años de vida”, señala, “pero yo soy muy dura, aunque hay veces que recae una, como es normal”. En ocasiones, hasta se ha intentado quitar la vida tomando un puñado de pastillas, fruto del nerviosismo y la desesperación en la que lleva sumida desde que tuvieron que salir corriendo de su vivienda.
Un amigo del matrimonio les ha ofrecido una habitación en su casa. Pero hay un problema: en ella residen dos drogadictos. “No me puedo meter ahí”, dice María José, quien lleva junto a Miguel más de dos años acudiendo al Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) para tratarse sus adicciones. “Estamos muy bien, nos dan medicación, tenemos un psicólogo y una doctora que nos tratan perfectamente”, dice ella, quien se niega a aceptar el ofrecimiento de su amigo. “Yo prefiero mi vida, estamos luchando por estar bien”.
“Cualquier día me da algo”, dice María José. “¿Sabes lo que es tener pánico? Así no podemos estar”, agrega mientras se le escapan algunas lágrimas. “Cuando las cosas son injustas te duelen mucho”. “No somos malas personas, ni nos metemos con nadie. Yo no puedo estar con este ataque de pánico porque mi marido puede entrar hasta preso sin tener culpa de nada. Por una mentira y una injusticia. Cosas peores he visto en mi vida”, dice María José, que lamenta que no pueda “alquilar nada”, sin un empleo y sin que tenga, al menos, una oportunidad.
María José, en un momento de la conversación. FOTO: MANU GARCÍA
Un 12% más de personas en exclusión desde el inicio de la crisis
En España, más de 40.000 personas malviven en situación de sin hogar diariamente. A nivel europeo, la cifra supera las 700.000, según datos de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (Feantsa), un 70% más que hace diez años.
Unas 18.000 personas, sin embargo, duermen en centros de alojamiento para personas sin hogar, según datos de 2018 de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, una cifra un 9,5% superior a la registrada en 2016. A estas cifras hay que añadir las familias afectadas por alguno de los 59.671 desahucios realizados en 2018 en todo el país, un 62,5% de los cuales se ejecutaron por impagos de alquiler.
El último informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, recoge que casi 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de gran precariedad en la vivienda. Diez años después del inicio de la crisis, las personas en situación de exclusión social se han incrementado un 12%.
Comentarios