Empleo, Sanidad, Educación, Agricultura y Justicia han sido las consejerías que más asuntos pendientes con Jerez han seguido sin desatascar. Recuperar los cursos de formación, sacar al PCTA del limbo, abrir al fin Radioterapia, o desterrar las prefabricadas, algunas de las promesas que debe atajar esta crisis de gobierno en la Junta.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiere afrontar una nueva etapa hasta el final de la legislatura (las autonómicas están previstas para marzo de 2019) tras su frustrado intento de hacerse con el control del PSOE a nivel nacional en las pasadas primarias socialistas. Para ello, ha acometido una profunda crisis de gobierno con la que pretende recomponer al Ejecutivo andaluz tras un periodo de parálisis en la gestión y graves conflictos aún latentes como la crisis en la sanidad, deficiencias en la educación, la reprobación en el Parlamento del consejero de Justicia, Emilio Llera, así como el incumplimiento en los ritmos de creación de empleo, lo que incluso han provocado la sanción del Gobierno central. Los consejeros destituidos por Díaz son precisamente todos los que han ocupado las consejerías más vulnerables en este tiempo, como el referido Llera; la catedrática Adelaida de la Calle (Educación); Aquilino Alonso (Sanidad); José Sánchez Maldonado (Empleo); y Carmen Ortiz (Agricultura). Bajando a la escala local, ninguno de los cinco consejeros que han cesado en sus cargos han sido capaces de dar respuesta a demandas históricas de la ciudad y a cuestiones que llevan años sobre la mesa sin resolverse por parte de la Junta de Andalucía.
Los sustitutos en los cargos toman posesión este viernes: Javier Carnero (Empleo); Marina Álvarez (Salud); Sonia Gaya (Educación); Rosa Aguilar (de Cultura pasa a Justicia); y Rodrigo Sánchez Haro (Agricultura). Habrá que ver si esta vez la quinta ciudad andaluza en población tiene más suerte. De momento, esta es la herencia que recibirán de sus antecesores en las respectivas carteras del Gobierno de Susana Díaz:
Es imposible concretar los plazos que la Junta de Andalucía ha ofrecido durante años para la apertura del nuevo edificio de Radioterapia del Hospital de Jerez. Aquilino Alonso deja la Consejería de Sanidad sin haber dado respuesta a esta demanda histórica. En febrero pasado este medio se hacía eco de la reunión mantenida por la plataforma de enfermos oncológicos con la Junta y entonces aseguraban que el edificio de Radioterapia no estaría en funcionamiento en el primer trimestre de 2017, como prometió el Gobierno andaluz en el enésimo plazo que ofreció de este proyecto, sino que “como muy pronto” sería en mayo cuando comenzase a dar servicio. Bien entrado junio, sigue sin haber noticias de la ansiada puesta en marcha. Alonso aprobó a finales de 2015 una solución temporal (de 24 meses y 4,2 millones de euros) para que los pacientes recibieran tratamiento en una clínica privada de la ciudad. Eso, pese a que se trata de una promesa del Gobierno andaluz que se remonta una década atrás, y que beneficiaría a medio millar de enfermos de un distrito sanitario de casi 450.000 habitantes.
Pero si este edificio anexo al Hospital de Jerez sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla de las reivindicaciones la ciudad ante la Junta, no se queda atrás las deficiencias del propio centro sanitario, ya sea en materia de Urgencias, recursos, personal e incluso seguridad, todas denunciadas una y otra vez por usuarios, profesionales y sindicatos. La Marea Blanca, sin ir más lejos, se ha creado en este año en la ciudad a raíz de que el marido de una mujer atropellada denunciase que ésta había permanecido tirada en el suelo más de 40 minutos esperando una ambulancia, otra de las graves carencias sanitarias que la Junta no ha resuelto en Jerez.
A todo esto, la Confederación Española de Policía (CEP) llevó a Fiscalía el incendio del Hospital de Jerez de mayo del año pasado, desmintiendo al SAS y denunciando que no hubo plan de evacuación y que no funcionaron los sistemas anti-incendios. El parlamentario andaluz Antonio Saldaña pidió en el Parlamento explicaciones al ya exconsejero, que se limitó a afirmar que nada falló. ¿Nada falló? El incendio en el Hospital de Jerez sigue rodeado de incógnitas un año después: la oposición no ha llegado a recibir informes oficiales sobre las causas del suceso y el caos originado que pudo acabar en auténtica tragedia. A todo esto se suma la falta de avances en la configuración del mapa sanitario de la ciudad con nuevos centros de salud. En esta etapa solo ha abierto sus puertas el de la zona Sur y ahora se está a la espera de que al fin se inaugure el de La Milagrosa, objeto de una reciente protesta vecinal reclamando su apertura tras años ultimado.
Más de dos años después de que se aprobara la disolución de la sociedad gestora del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez, la madeja administrativa en la que está envuelto el que hace una década era la gran esperanza blanca para la recuperación socioeconómica de la comarca sigue sin deshacerse. Hace algo más de un año la Junta aseguró que pasaría a controlar el Parque jerezano a través del antiguo Tecnobahía portuense, que iba a recibir la encomienda para reflotar el proyecto, lo que despertó los recelos de determinados grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Jerez, que en la práctica veían como una decisión así alejaba el PCTA de los intereses del municipio y, en gran parte, de los fines para los que fue creado. En principio, el Gobierno andaluz iba a pasar de contar con el 39% de las acciones de la sociedad que gestionaba el Parque —la única de todos los parques andaluces en proceso de liquidación— a hacerse con el poder absoluto sobre las decisiones futuras del suelo tecnológico. "Nos quedaremos pagando la deuda, habremos perdido una nueva sociedad y no tendremos peso, como Ayuntamiento, en las decisiones que, en adelante, se adopten en el Parque", predijo entonces el portavoz municipal de Izquierda Unida, Raúl Ruiz-Berdejo. La realidad es que desde la Consejería de Agricultura, que ha dejado de dirigir políticamente Carmen Ortiz, no se ha vuelto a decir nada sobre el futuro de uno de los proyectos clave para la recuperación socioeconómica de la ciudad.
Hubo un tiempo en el que la Junta ofrecía cada seis meses un suelo nuevo para levantar la eterna promesa de una Ciudad de la Justicia para Jerez. El ya exconsejero Emilio Llera no ha ofrecido ni eso. Sedes judiciales dispersas e inadecuadas; barreras arquitectónicas; humedades; falta de espacio; mobiliario deteriorado; déficits de archivo para los expedientes; problemas de refrigeración y calefacción debido a la antigüedad de los edificios... La Memoria de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es clara a la hora de criticar las deficiencias que se encuentran a diario los profesionales de la Justicia y sus usuarios en Jerez. Resolver esta situación, sin embargo, sigue a la espera de la demandada infraestructura para la que Llera no movió ni un dedo durante su etapa al frente de la Consejería y que la Junta lleva prometiendo durante décadas. El consejero admitió en julio de 2014 que hay un «"problema financiero" para construir el equipamiento y señaló en aquel momento que sería "necesario" recurrir a la financiación público-privada. En septiembre de 2016, la alcaldesa Mamen Sánchez volvió a trasladar esta necesidad en una reunión con el ya exconsejero. Hasta hoy.
Adelaida de la Calle, la catedrática que siendo consejera aseguró recientemente que el aire acondicionado "no es aconsejable" en las aulas de una tierra que por estas fechas ya bordea los 40 grados, se va sin poner coto a las aulas prefabricadas en Jerez —la ciudad con más 'caracolas' de Andalucía— y sin los nuevos institutos del Membrillar y La Granja. A finales de marzo pasado se anunció por parte de la Junta la redacción del proyecto y la dirección de la obra del nuevo centro educativo en La Granja, con un presupuesto de más de 285.000 euros. El conflicto con los padres y madres de los colegios de la zona rural y el concierto con los centros de infantil también han sido otros de los conflictos que ha vivido en estos años la Consejería de Educación con De la Calle al frente.
Los últimos planes de empleo de la Junta han tardado más de un año en ponerse en marcha en Jerez. Desde que se anunciara a principios del año pasado que el Ayuntamiento iba a contratar temporalmente a 634 parados con cargo a estos programas para menores de 30 años y mayores de esa edad en desempleo de larga duración, ha tenido que transcurrir un año para cerrar las primeras contrataciones. El Gobierno de Rajoy castigó el pasado abril a la comunidad autonómica con menos fondos para combatir el desempleo al no haber cumplido el Gobierno andaluz con los objetivos de recolocaciones, sanciones, actuaciones de orientación y formación... Se ha bajado del millón de parados pero el empleo que se crea es temporal y precario. A finales del pasado mes de abril, el ya exconsejero Sánchez Maldonado visitaba el Ayuntamiento de Jerez para anunciar el arranque de una nueva etapa en las políticas activas de empleo, entre las que destacan la puesta en marcha, en los tres próximos meses, de un total de 62 cursos para 930 desempleados y que van a suponer una inversión de tres millones de euros. El Gobierno central ha reducido un 3% las partidas para formación por incumplir el Ejecutivo andaluz los objetivos de aplicación de las mismas.
La Junta de Andalucía suspendió los cursos de formación para el empleo en 2012 tras el escándalo que se estaba produciendo por las irregularidades detectadas e investigadas por los juzgados. En 2013 sólo se gastaron 16 millones de los más de 600 consignados para estas políticas y en 2014 sólo se ejecutaron 57 millones de euros, quedando en el cajón otros 384 millones de euros. Un año después, en 2015, la situación fue similar, y hasta 2016 no se volvieron a convocar nuevos cursos de formación y escuelas taller. A esta situación, por supuesto, no ha sido ajena la ciudad.
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