Un informe de la Dirección General de la Función Pública avala la readmisión de los 74 trabajadores que presentaron recurso de súplica ante el Alto tribunal andaluz.
Los 74 trabajadores municipales incluidos en el ERE que recurrieron sus sentencias al TSJA ven más cerca su reincorporación tras llegar el informe de la Dirección General de la Función Pública que así lo avala. Más difícil lo tendrán el resto de afectados que han manifestado su intención de regresar al Ayuntamiento –la cifra oficial habla de 107– que no cursaron recurso de súplica ante el citado Tribunal.
Fue la secretaría general de Coordinación Autonómica y Local quien pidió al Ayuntamiento que solicitara un informe vinculante a la Función Pública sobre la viabilidad legal de la reincorporación de los afectados con sentencia improcedente. El Ayuntamiento debe llegar a un acuerdo sobre los acuerdos transaccionales antes de que el TSJA resuelva los recursos de súplica declarando nulos los despidos, “con el sobrecoste que conllevaría a las arcas municipales”, abunda la Función Pública en su informe.
Esta transacción, recoge el documento, requiere de tres elementos: “la existencia de una relación jurídica dudosa, controvertida o en la que exista una incertidumbre para ambas partes, que es lo que debe eliminar la transacción; la voluntad de las partes de eliminar la controversia y de establecer para el futuro una situación segura que no se preste a dudas; así como que las partes deben otorgarse concesiones recíprocas, que instrumentan el poner fin a la situación controvertida.
En este acuerdo, según la Función Pública, no debe apreciarse “lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho”. Una vez acordadas entre Ayuntamiento y trabajadores de forma individual, deben contar con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, ya que debe hacerlo cuando estos acuerdos superan el 5% del Presupuesto de una Administración local.
La causa económica del ERE, refrendada por el Tribunal Supremo, provoca que se motive el acuerdo transaccional que resulte más viable para el Ayuntamiento “organizativamente y financieramente que otro tipo de opciones y no supone un perjuicio para la situación económica y la prestación de los servicios por la Corporación sino que supone un beneficio al interés general”.
El Ayuntamiento asegura que, sobre los casos de las personas que no han recurrido, hará nuevas consultas sobre este asunto y que ya trabaja en la elaboración de “documentos individuales transaccionales y su justificación caso por caso”. El informe de la Función Pública incide también en la situación actual del Ayuntamiento, con un Plan de Ajuste que debe aprobar Hacienda y una deuda con el Estado, con cargo al fondo de ordenación, de 518,6 millones de euros.
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