La plataforma toma la decisión de comenzar medidas de presión para instar al gobierno local a agilizar su reincorporación.
La paciencia se acabó. Los afectados por el ERE deciden pasar a la acción y empezar a concentrarse en la puerta del Ayuntamiento –está por ver cuántos días a la semana– para hacer presión y que se agilice su reincorporación. El gobierno local, en la última reunión celebrada esta misma semana, “no despejó dudas”, aseguran los despedidos, sino que les pintó un futuro “más oscuro que antes”.
Por eso se echarán a la calle. El tiempo se les agota. En las próximas semanas se prevé que empiecen a llegar sentencias del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que cierren el procedimiento y acaben así sus esperanzas de regresar. El gobierno local puso hace semanas encima de la mesa la opción de firmar acuerdos transaccionales con los afectados, o lo que es lo mismo, llegar a un entendimiento y rechazar así recurrir de nuevo, optando por la reincorporación.
El Ayuntamiento, con el PP en la Alcaldía, recurrió los despidos declarados improcedentes por el Juzgado de lo Social número 1 de Jerez hace ahora casi un año y con esta medida –los acuerdos transaccionales–, ambas partes se comprometerían a retirar los recursos, aunque en ese caso los afectados temen que el Ministerio de Hacienda no apruebe el Plan de Ajuste que debe incluir el próximo Presupuesto, en el que se incluirá el gasto que supone la vuelta de los despedidos.
“La alcaldesa ha demostrado voluntad política, pero no capacidad política”, dice un afectado durante la última asamblea celebrada por la Plataforma de Afectados por el ERE (PAE), que añade: “No formamos parte de las prioridades del gobierno”. Las concentraciones previstas se convocan tras la reunión mantenida con miembros del gobierno local y de la oposición, en el que varias fuentes afirman que la alcaldesa llegó a proponer el cese de varios miembros de su ejecutivo de la junta de gobierno local, incluyendo en su lugar a algunos de la oposición, para que firmen los acuerdos transaccionales.
“El Ayuntamiento no sabe si va a poder cumplir lo que prometió”, se temen los afectados. “El crédito que le hemos dado a los socialistas se está agotando. Quiero exigir un calendario”, añade otro de los presentes, temiendo que el gobierno local, a la vista de los acontecimientos, no va a cumplir su promesa de reincorporarlos antes del 31 de junio.
Al pleno de enero, Ganemos e IU –Ciudadanos también lo apoyaba pero terminó desistiendo– pretendían llevar una proposición para instar al gobierno local a firmar los acuerdos transaccionales antes de final de mes, aunque con el riesgo de encontrarse con un informe de Intervención en contra por no haber consignación presupuestaria para la readmisión. Algo que puede ser “contraproducente”, sostienen algunos afectados tras consultar con abogados, por inducir a la existencia de ese informe negativo que se les puede volver en contra más adelante. Finalmente no irá como propuesta, sino como ruego, lo que conlleva que no habrá debate.
“No se puede cambiar la posición que tomó el anterior gobierno –de indemnizar en lugar de reincorporar– pero se puede revertir la situación siempre que esté vivo el procedimiento”, sostiene Juan Manuel García Hurtado, de UGT, sindicato que hace de anfitrión en la asamblea. Los afectados también proponen remitir al TSJA el acuerdo de pleno aprobado en diciembre, cuando todos los grupos de la Corporación –excepto el PP–, votaron a favor de la readmisión.
Mientras tanto, no paran. Ya se han reunido en dos ocasiones con la presidenta de Diputación, Irene García, y si fuera necesario, pretenden hacerlo también con la de la Junta, Susana Díaz. “Queremos que sientan el aliento”, sostienen.
El gobierno local sigue a la espera de contar con informes jurídicos y económicos que avalen la reincorporación y que cuantifiquen el coste de la vuelta de los 118 trabajadores que han manifestado su intención de volver al Ayuntamiento. Hasta ahora, el ejecutivo socialista es cauto. “Siempre hemos dicho que había una voluntad de reincorporar a las personas que habían entrado en ese ERE porque hay necesidad de cubrir determinados puestos”, apuntaba la alcaldesa, Mamen Sánchez, en un desayuno informativo con este medio, aunque matizando que debe hacerse de forma “garantista”. “Se están haciendo todos los informes, el económico se puede acabar pronto, para conocer el coste. Necesitamos saberlo para ver si contamos con más o menos personas”, añadía Sánchez.
En las últimas citas entre ambas partes hasta se ha puesto de ejemplo el caso del Ayuntamiento de Mérida, que despidió a 29 trabajadores y acabó readmitiéndolos, aunque renunciando al salario de tramitación. Eso sí, en Mérida no se hizo un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), sino despidos por causa objetiva. Por ley, los despedidos en Jerez no pueden renunciar a este salario de tramitación. Además, apuntan, “no se trata de volver de cualquiera manera, sino de volver con dignidad”.
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