El Supremo emite un auto en el que abre una causa contra la exalcaldesa María José García-Pelayo por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en las contrataciones con empresas de la Gürtel para Fitur 2004.
"Sería la propia imputada la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna. Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos". En un auto hecho público este jueves la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admite "la trascendencia de los indicios" que existen para implicar directamente a la senadora del PP y exalcaldesa María José García-Pelayo en la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la trama Gürtel. Por todo ello, ha acordado la apertura de una causa contra la líder de los populares jerezanos por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con cuatro contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa con motivo del desembarco municipal en Fitur 2004. El instructor de la causa será el magistrado de la Sala Segunda Antonio del Moral.
La Sala, en un comunicado publicado en la web del Poder Judicial, comparte la “trascendencia” de los indicios recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida al Supremo el pasado 15 de junio. El alto tribunal, de acuerdo con el criterio del fiscal -que emitió resolución esta misma semana-, asume la competencia sólo sobre la aforada García Pelayo y no sobre el resto de personas incluidas en dicha exposición razonada: los cabecillas de la Gürtel, Correa y Pablo Crespo, dos de sus empleados, dos técnicos municipales, y el conseguidor y ex jefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos. El auto, cuyo ponente es el magistrado Luciano Varela, destaca que la “detallada y bien articulada” exposición "imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello".
"El magistrado Luciano Varela destaca que la “detallada y bien articulada” exposición "imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004".
"De la prolija enumeración de documentos aportados -según la Sala- puede inferirse la incompetencia orgánica de quien dicta las resoluciones, la modalidad contractual ilícita con exclusión de competencia frente a los adjudicatarios, la constatación de que esos adjudicatarios ya habían pactado con terceros incluso antes de adquirir tal condición y el postergamiento en el tiempo de la elaboración de los documentos y el conocimiento presumible de que toda la simulación procedimental se construyó después de la ejecución de los servicios contratados”. Como ha publicado lavozdelsur.es, la Intervención municipal emitió hasta en tres ocasiones, y en otros tantos informes, advertencias de ilegalidad a la entonces regidora jerezana, haciendo ésta caso omiso a todas ellas.
La Sala acepta la causa aunque aprovecha para pronunciarse en contra de los llamados "macroprocesos" y, por tanto, renuncia a abrir un sumario general sobre el caso Fitur 2004 en el Ayuntamiento de Jerez. De ahí que limite la investigación a la aforada remitiendo el proceso contra el resto de imputados al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. En cuanto a la prescripción de los delitos alegada por la senadora del PP, la Sala coincide con la Fiscalía en que no puede hablarse de que los delitos investigados hayan prescrito porque su comisión no concluyó en el momento de la adjudicación de un stand para FITUR a las empresas de Gürtel sino que lo hay que tener en cuenta son las fechas de los distintos pagos efectuados posteriormente por el consistorio.
El PP acordó el pasado 9 de septiembre nombrar a García Pelayo miembro suplente de la Diputación Permanente de la Cámara alta, lo que supone que no perderá su aforamiento cuando dentro de unas semanas se disuelvan las Cortes de cara a las elecciones generales. Por tanto, el auto determina que será el Supremo el tribunal que investigará su participación en los hechos y el que la citará a declarar en calidad de imputada, según han confirmado fuentes jurídicas a este medio. El secretario provincial del PP, Antonio Saldaña, ha defendido que Pelayo mantenga su condición de aforada aun disolviéndose las Cortes. "Lo que no parece lógico es que, después de aguantar durante ocho años juicios mediáticos, políticos y acusaciones, precisamente ahora, cuando tiene la oportunidad de dar las explicaciones oportunas, porque así lo ha manifestado además voluntariamente, tenga que iniciarse el procedimiento en instancias inferiores".
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