La Audiencia Nacional niega a Francisco Holgado la indemnización que pedía por mal funcionamiento de la justicia.

La justicia le da de nuevo la espalada a padre coraje. La Audiencia Nacional ha desestimado su petición de indemnización por mal funcionamiento de la Administración y la justicia. Francisco Holgado, de 72 años, y la madre de Juan, Antonia Castro, pidieron una compensación de 600.000 euros (300.000 cada uno) por los daños sufridos durante estos 21 años. Según publica El País, alegaron que la actuación de la Policía en la investigación de la muerte de su hijo no fue diligente y que no se emplearon todos los medios personales y materiales para esclarecer los hechos, lo que provocó errores y negligencias. Como consecuencia de ello se vieron privados de su derecho a la tutela judicial efectiva y sufrieron daños morales, físicos y psíquicos. Ambos enfermaron y quedaron incapacitados para trabajar. 

Como publica este medio nacional, la Audiencia Nacional se basa en sendos informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial para desestimar la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial. "No existe en el supuesto debatido un daño antijurídico, producido a consecuencia exclusiva de un hecho imputable a la Administración, ni la necesaria relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa y el daño sufrido", consta en la sentencia, a la que tuvo acceso El País dictada hace unos días por la Sección Séptima de la sala de lo contencioso-administrativo.

El abogado de Holgado, José Miguel Ayllón, califica de "muy injusta" la sentencia. "Teníamos muchas esperanzas porque en este caso está clarísima la responsabilidad del Estado. Y no lo decimos nosotros; lo dicen las sentencias penales que señalaron el mal funcionamiento", añade."En los dos juicios los agentes reconocieron que no se examinó el espacio exterior de la gasolinera, que no se acotó un perímetro, que se encontraron pruebas días después y que se permitió limpiar la gasolinera en la mañana siguiente a los hechos", relata.

La sentencia de 1999, la primera, de la Audiencia Provincial de Cádiz hablaba de la "errática instrucción" del caso y mencionaba que "al encargado de la gasolinera no se le toma declaración sino hasta casi siete meses después de acaecidos los hechos".

El Ministerio de la Presidencia desestimó la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración en una resolución de octubre de 2011. Tras el recurso de los padres de Juan Holgado, ahora desestimado también por la Audiencia Nacional, ya solo queda acudir al Tribunal Supremo o al Tribunal de Estrasburgo. "Las víctimas tienen derecho a que se investiguen los crímenes, a que se les haga justicia", asegura Ayllón.  

Francisco Holgado se revuelve: "Si lo han hecho tan bien, ¿cómo es que aún no se ha solucionado? Es una injusticia total, después de 20 años de lucha parece que lo quieren archivar y quitárselo de encima", señala en conversación telefónica. Holgado tuvo que vender el suyo hace años para pagar los gastos de su larga campaña para pedir justicia y vive de alquiler en un piso de protección oficial en Jerez.

El Padre Coraje llevaba años pidiendo a la justicia que se analizara el tetrabrick, que uno de los atracadores dejó en el mostrador de la gasolinera y tenía huellas dactilares impregnadas en sangre. Para conseguirlo, en septiembre pasado, a los 71 años, realizó una marcha a pie de 600 kilómetros hasta Madrid para pedir al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se reabriera la investigación, de la que lavozdelsur.es dio cuentas en todo momento desde el incio en Jerez hasta su llegada a la capital. El ministro anunció que el juzgado instructor iba a reabrir el caso y recabar nuevas pruebas. El análisis del envase de zumo fue una de ellas. 

Sobre el autor:

btJPX1dv_400x400

María Luisa Parra

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído