El informe del Ministerio Fiscal aprecia indicios de que la senadora y exalcaldesa de Jerez pudo haber cometido un presunto delito continuado de prevaricación.
Tres meses después de que el juez De la Mata remitiese al Tribunal Supremo una exposición razonada para que se hiciese cargo del cierre de la instrucción de la pieza jerezana de la Gürtel, dada la condición de aforada por ser senadora del PP, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la sala de lo Penal que abra una investigación a la exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, por los contratos del Ayuntamiento jerezano con la trama Gürtel, según ha adelantado la Cadena SER. En un profuso, minucioso y demoledor documento de 39 páginas, el magistrado no dejaba margen para la duda en lo que respecta a la participación directa de García-Pelayo en las presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación de cuatro contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa que costaron más de 355.000 euros de dinero público. La Fiscalía ahora tampoco ofrece dudas.
El informe del Ministerio Público, según la SER, considera que el delito de prevaricación no está prescrito porque no se agota con la resolución administrativa, sino que cada de uno de los pagos efectuados por el Consistorio con posterioridad son también objetivo de la investigación, con lo que apunta de forma indiciaria a la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación. Este supuesto amaño de contratos del Ayuntamiento de Jerez con la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia de España se produjo en la etapa en la que la líder del PP local era alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), organismo autónomo desde el que ordenó las adjudicaciones con motivo del desembarco de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004. Ahora, más de una década después, podría enfrentarse a penas de cárcel por un presunto delito continuado de prevaricación, según razonaba el instructor de la Audiencia Nacional y subraya el Ministerio Fiscal.
La investigación afecta, además, a dos trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, a los cabecillas de la trama y al que fuera asesor de Javier Arenas, Isidro Cuberos, quien en su interrogatorio ante el juez declaró sentirse “muy orgulloso” de su mediación con la Gürtel con el Consistorio por la que cobró más de 50.000 euros. La última palabra sobre la apertura de investigación criminal en el Tribunal Supremo, y la consiguiente imputación de García-Pelayo, la tiene ahora el ponente de la decisión, el juez Luciano Varela.
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