La Federación Española de Entidades Locales Menores, FEEM, y su homónima andaluza, FAEM, han denunciado lo que consideran “una estrategia sistemática basada en la mentira de la alcaldesa de Jerez y de su concejal, Antonio Saldaña, sobre las siete entidades locales y, especialmente, sobre las que quieren ejercer sus competencias propias en lo que respecta al servicio del agua potable”. El presidente de la federación, Antonio Martín Cabanillas, asegura que “sabemos de buena tinta que el gobierno local del PP ha planificado una estrategia política basada en la mentira en lo que se refiere al tratamiento de las siete entidades locales autónomas”.
“Grandes mentiras -asegura- que pretenden convertirse en zancadillas en este último tramo de la legislatura, para desestabilizar aún más a estas entidades locales que durante los últimos años han sufrido un continuo y sistemático estrangulamiento económico y de la gestión que le es propia por parte del Ayuntamiento de Jerez; concentrado doblemente en aparentar una gran preocupación por la zona rural mientras la ninguneaba y le restaba los recursos y las transferencias que por ley le corresponden”. Así, desde FAEM y FEEM, a través de una nota de prensa, quieren desenmascarar esta estrategia denunciando las tres grandes mentiras del gobierno popular hacia la zona rural. “Sólo hace falta recordar las promesas que hicieron”, han asegurado. Pelayo prometió que pagaría la deuda que mantiene con las siete ELA antes de finalizar el mandato.
“No sólo no han pagado la deuda”, han asegurado desde FEEM, “si no que ha ido aumentando la misma mes tras mes. Es una vergüenza que un gobierno de una gran ciudad trate así a los pueblos pequeños, que tienen sus derechos y que son pisoteados por una alcaldesa que no tiene escrúpulos, ni moral alguna cuando ni siquiera ha hecho un amago de acabar con una deuda de más de 6 millones de euros que son de los vecinos de las 7 entidades locales y de los que García-Pelayo y el señor Saldaña han dispuesto para otros menesteres”. Prometió un nuevo marco de relaciones, Estatuto, consensuado con las entidades. “Nada de nada”, han mantenido tajantemente desde FEEM. “El Ayuntamiento se ha limitado a hacer un paripé de convenio, justo ahora, antes de final de legislatura; para aparentar que hace algo sin voluntad real de que sea un texto pactado entre las partes y que sirva, realmente, para dinamizar y agilizar la gestión entre entidades y Ayuntamiento. Un año y medio después de que se anunciase, aún no se ha firmado ningún convenio; al menos públicamente; o se ha firmado tan sólo uno por evidentes razones de afinidad política”. Prometió que sería respetuosa con las competencias de las ELAs y la decisión soberana de gestionar el agua desde lo público.
El artículo 123 de Ley la 5/2010 de Autonomía local de Andalucía –Laula-, otorga la competencia exclusiva del agua en baja a las entidades locales autónomas. “Pues bien”, dice Antonio Martín, “el respeto a este derecho de las ELAs que sistemáticamente proclaman, era y es también mentira, sólo de cara a la galería. La intención es y ha sido siempre la privatización o externalización de un servicio público de primera necesidad que nunca debería estar en manos privadas”.
Desde FEEM denuncian que el Ayuntamiento de Jerez no se conforma con “privatizar” la gestión del agua en el casco urbano de Jerez, sino que pretende “meter la nariz” en los pueblos que no desean que su agua sea privatizada, con todo el derecho del mundo a que así sea. Una actitud que “han redoblado en precampaña, atacando no sólo la actitud noble de estos gestores; sino su capacidad y su intencionalidad”, para “con un presunto informe negativo hecho a medida de quien lo ha solicitado por la Subdelegación del Gobierno, intentar echar por tierra más de dos años de gestiones y trabajo serio”.
La subdelegación no se pronuncia sobre el impago a las ELA “Muy casual también -dicen desde FEEM- que se pronuncie la delegación del Gobierno en Andalucía, a petición de la alcaldesa (de su mismo partido), sobre este asunto; pero que no lo haga contra el impago sistemático de Jerez a sus siete entidades locales, incumpliendo una ley estatal, la 2/2004, de Haciendas Locales, que en su artículo 156 obliga a los ayuntamientos a transferir a las ELA lo que pagan sus vecinos por los impuestos municipales”. En este sentido, ha cuestionado al nuevo delegado del Gobierno, el jerezano Antonio Sanz, si no debería tramitar una denuncia de oficio contra el gobierno local y su alcaldesa para que se cumpla el artículo 156 de la Ley 2/2004 de Haciendas Locales. "¿Acaso el delegado del Gobierno del PP está tapando una presunta irregularidad, que podía incluso derivar en un presunto delito? Con esta deuda (de unos 6 millones) se está impidiendo que las ELA cumplan con las obligaciones que la Laula le otorga. ¿No debe la delegación del Gobierno fiscalizar los actos y acuerdos también de Jerez? ¿Por qué no le requiere el cumplimiento de sus competencias?", se han cuestionado desde la federación en una nota de prensa.
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