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Ana Fernández declara como imputada por los presuntos delitos de injurias y calumnias a raíz de una querella de la familia del escritor, y afirma que al llamarle "asesino" defendía "el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica”.

“Algo le va a caer”, dice una de las concentradas en la puerta de los juzgados de Tomás García Figueras. Allí, desde más de media hora antes del comienzo de la declaración de la edil Ana Fernández (IU) en el juzgado de instrucción número 2 de Jerez, hay numerosos miembros de su partido, de otros como Podemos, y de colectivos sociales de la ciudad, sobre todo de la plataforma por la Memoria Democrática, que despliega una pancarta para la foto de rigor: “Respeto a la memoria democrática, sí; homenajes a los golpistas de 1936, no”, pone. Poco después llega la concejal, contra la que se querelló la familia del escritor José María Pemán por llamarlo “fascista”, “misógino” y “asesino” en el pleno en el que se aprobó la retirada de su busto del Teatro Villamarta.

La prensa se le echa encima y apenas dice unas cuantas palabras antes de entrar, visiblemente nerviosa, en los juzgados, acompañada por su padre y su abogada, Amanda Meyer. Luego, nada más salir, afirma sentirse “contenta” y “tranquila”. “Confío plenamente en la Justicia”, añade. Ella, asegura, ha defendido “el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica”, ya que sus palabras tienen “argumentación histórica”, al considerar que Pemán tuvo una “participación activa” tanto en el golpe de estado como en la dictadura franquista. Por eso confía en que el caso se archive, porque “no hay mayor contenido penal”.

Ana Fernández, que tardó apenas en una hora en volver a salir para hacer estas declaraciones a la prensa, rodeada de simpatizantes y amigos, afirma sentirse “más que respaldada”. Y lo estaba. Entre los presentes, que aplaudieron su entrada y salida de los juzgados, estaban la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto; el coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas; el primer teniente de alcalde de Cádiz, Martín Vila; su compañero de partido y portavoz municipal, Raúl Ruiz-Berdejo; los sindicalistas Pedro Alemán (UGT), Rafael Tejada (CCOO) y Juan González (CGT); y los concejales de Ganemos, Santiago Sánchez y Manuel Fernández, entre otros.

“Pemán era un asesino, ahí no hay duda”, dice uno de los concentrados. Esta palabra en concreto, por la que la familia del escritor considera que se ha dañado su honor, lleva desde julio persiguiendo a la edil de IU, imputada por un presunto delito de injurias y calumnias. Fernández defendió en pleno la retirada del busto de Pemán del hall del Villamarta –un punto llevado por Ganemos e IU–, aunque la idea inicial salió de la plataforma por la Memoria Democrática, que pretende “hacer suya” la condena si llega a haberla.

IU, por boca de Manuel Cárdenas, considera que Ana Fernández ha sido durante estos meses “acosada” y “hostigada” por “los sectores reaccionarios de la derecha jerezana”, que está consiguiendo que “más gente conozca la verdadera figura de José María Pemán y quién fue". Para él, un “fiel aliado del fascismo". Cárdenas, al igual que Fernández, confía en que “se pueda cerrar ya este expediente; que no tiene ningún tipo de justificación ni argumento”.

El delito por injurias, que es el único que se le puede imputar a Fernández –la calumnia implica que el querellante sea la persona afectada, en este caso Pemán, fallecido en 1981–, tiene una pena de multa de seis a catorce meses.

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