El tribunal provincial le exime del delito de fraude de subvenciones, cuya condena contemplaba dos años de prisión así como otros dos de inhabilitación para cargo público, quedando además exenta del pago de una multa de 8,6 millones por destinar fondos finalistas al pago de las nóminas de los trabajadores.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por Pilar Sánchez tras ser condenada por el Juzgado de lo Penal 3 de Jerez a dos años de prisión, nueve de inhabilitación y al pago de una multa de 8,6 millones de euros por el caso ‘desvío de fondos’. La exalcaldesa socialista ha sido absuelta del delito de fraude de subvenciones, cuya condena contemplaba los dos años de prisión mencionados, así como otros dos de inhabilitación para cargo público, quedando además exenta del pago de la multa.
Sin embargo, la Audiencia sí mantiene la condena por prevaricación y además, ante el recurso que a su vez presentó la Fiscalía, aumenta de siete a ocho la inhabilitación para cargo electo, por lo que el abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, volverá a presentar recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se vulneran sus derechos fundamentales.
En declaraciones a Europa Press, Pilar Sánchez se ha mostrado "contenta" tras haber salido absuelta de "lo gordo", en alusión a las penas privativas de libertad y a la multa, al tiempo que enfatiza que "no se puede aplicar el Código Penal a una persona que no se ha enriquecido ni beneficiado de una subvención".
Para Sánchez, es "muy triste" y "no hay derecho" a que "haya tenido que estar cuatro años pendiente de si entraba o no en la cárcel" tras pasar por una instrucción, un juicio y un recurso y con un patrimonio embargado. Por ello, ha considerado que "en este país tienen que cambiar muchas cosas en los juzgados".
La exalcaldesa socialista ha insistido en su intención de "lavar mi imagen hasta el final" recurriendo su condena de prevaricación ante el Tribunal Constitucional.
Como se recordará, Pilar Sánchez era condenada en octubre del pasado 2014 tras la denuncia que María José García-Pelayo interpuso en Fiscalía al saberse que la socialista, en su etapa en la Alcaldía, había utilizado dinero finalista del Plan E, dirigido a fomentar el empleo, para pagar nóminas de empleados municipales y recibos del alumbrado público.
Al conocerse el fallo, su abogado consideró que el tribunal había aplicado en la sentencia, "con carácter retroactivo", una redacción "más perjudicial" del artículo 308 del Código Penal para enjuiciar los hechos, pese a que indicaba que no estaba vigente cuando se adoptaron las medidas por las que había sido condenada.
De otro lado, Sánchez nunca negó la utilización de esos fondos para el pago de las nóminas debido a la asfixia económica por la que pasaba el Ayuntamiento, en tiempos de manifestaciones continuas en la calle Consistorio de trabajadores y concesionarias, y teniendo en cuenta además la prelación de pagos mediante la que legalmente el Consistorio está obligado a abonar antes que otra cosa la nómina de sus trabajadores. De hecho, el exalcalde de La Línea, el popular Juan Carlos Juárez, efectuó similar procedimiento sin que el PSOE, que accedió en 2011 a la Alcaldía, le denunciara por este motivo.
Debido a esta condena, Sánchez se dio de baja voluntariamente del PSOE y dimitió de su puesto técnico como directora del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Pilar Sánchez ya fue también absuelta en 2013 por un caso de enchufismo en el Ayuntamiento, aunque a principios de este año la Audiencia Provincial la condenaba a 4 años y seis meses de prisión por tres delitos por el llamado caso PTA, por la que ya recurrió ante el Supremo.
Comentarios