El Ayuntamiento se adhiere esta semana a una nueva línea de préstamos ICO por 10,5 millones de euros para afrontar los vencimientos impagados por el anterior gobierno.
El Ayuntamiento de Jerez adeuda en estos momentos 466,2 millones de euros a las entidades financieras solo en concepto de los llamados créditos ICO, una línea de préstamos que puso en marcha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante un Real Decreto de febrero de 2012 y que ha ido reeditándose puntualmente desde entonces. En total, la ciudad se ha acogido a la misma en cuatro ocasiones. La última vez hace un mes escaso.
En concreto, 38 millones de ese voluminoso montante -Jerez es la ciudad de España donde más creció la deuda bancaria en el último mandato- se han solicitado por el nuevo gobierno socialista con el apoyo de Ganemos e IU. Este jueves será la quinta vez que se apruebe una operación vinculada con esta fórmula amparada por Hacienda consistente en el cambio de deuda comercial (proveedores) por deuda bancaria. Una vez se dé luz verde a esta nueva petición, la roncha con las entidades financieras será de casi 477 millones de euros. Más de 580 si se suma la deuda viva (con los bancos) anterior a 2012.
La comisión de pleno de Economía, Hacienda y Planes Especiales, presidida por el teniente de alcaldesa, Santiago Galván, se ha reunido este lunes como paso previo a un nuevo pleno extraordinario en el que se aprobará la adhesión municipal a un nuevo 'rescate' estatal cifrado en esta ocasión en 10,5 millones de euros. El dinero se pide para afrontar los vencimientos de los préstamos que ya demandó el gobierno anterior y que, al dejar de pagarlos, se han ido cobrando vía retención de la participación que Jerez recibe de los ingresos del Estado, la llamada PIE. La primera operación financiera que aprobó el nuevo gobierno local se cerró con unas condiciones mucho más ventajosas para el Consistorio que las anteriores: un interés del 0% en este primer año y de un 1,311% en los nueve restantes de los diez años de plazo de devolución. Está por ver las condiciones del crédito que se demandará este jueves.
En mayo de 2012 se firmó la primera operación del plan extraordinario de pago a proveedores. Entonces se reclamaron 325 millones de euros para liquidar facturas impagadas que se remontaban a 20 años atrás. Más de 12.000, concretamente. Como se recordará, el primer ICO fue aparejado de un brutal Plan de Ajuste que conllevó despidos traumáticos, la privatización del agua y recortes severos en servicios públicos, que llegaron hasta el 25% del presupuesto en prestaciones como la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos.
Casi año después, en abril de 2013, se aprobó una segunda operación de 32 millones; y en septiembre de ese mismo año, otra de 41,9 millones de euros. En ambos casos, los créditos permitieron pagar deuda generada por el propio gobierno de María José García-Pelayo, que fue acumulando deuda con los bancos -a un interés altísimo del 5,9%-, al tiempo que iba impagando vencimientos. La oposición se le echaba encima reprochando el mal negocio, a un interés altísimo y sin solución real de los problemas, acaso una gran patada hacia adelante de los mismos. Eso sí, grandes multinacionales como Urbaser respiraron aliviadas por la enorme inyección económica, al igual que muchos bancos y antiguas cajas reconvertidas, para las que también fue a parar esa lluvia de millones que supuestamente aportaba liquidez y mantenía empleo y servicios públicos.
A finales de 2013, con los tres préstamos más voluminosos solicitados, el Ayuntamiento adeudaba sólo en intereses de dichos créditos un total de 26,4 millones de euros y no había podido pagar ni un solo vencimiento. A primeros del año siguiente Pelayo se declaró públicamente incapaz de pagar las operaciones de crédito que ella había solicitado meses antes. A final de 2014, Hacienda aprobó medidas de oxígeno y a finales de marzo de este año se aprobaba la adhesión al llamado Fondo de Ordenación mediante el que se flexibilizan las condiciones para la devolución de los créditos ICO solicitados. Se ahorraron con la decisión 100 millones en intereses bancarios y se amplío el plazo de los vencimientos hasta 2042. A cambio, salía adelante el cuarto programa de recortes que aprobaba el gobierno local del PP en tres años y que incluía nuevas medidas para reducir un 5% gasto en personal y servicios, la obligatoriedad de no eliminar impuestos, no bajar el IBI y aumentar al máximo el coste del 'sellito' del coche.
La solicitud del nuevo préstamo en el pleno extraordinario de esta semana conlleva la enésima revisión del Plan de Ajuste municipal, aunque ya el ejecutivo de Mamen Sánchez especifica que "no supondrá la adopción de ninguna medida traumática: ni para la plantilla municipal, ni para los jerezanos". Recoge, han asegurado, la "reducción de la estructura administrativa, que ya está aprobada y que supone un ahorro de 250.000 euros, y las medidas incluidas en la anterior revisión del Plan de Ajuste". Asimismo, recalcan, la solicitud de este préstamo "supone evitar tensiones de Tesorería, lo que permitirá al Ayuntamiento afrontar pagos corrientes como nóminas, servicios básicos de la ciudad y ayudas sociales".
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