Advirtió de que Pelayo no tenía competencias para aprobar los contratos, que se firmaron sin fianza previa y por un procedimiento urgente ilegal.
En el delito de prevaricación son autores los cargos públicos que dictan las resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia. Si esta forma de actuar se repite en el tiempo, en una pluralidad de contratos y adjudicaciones, da lugar a la calificación de delito continuado. El juez de la Mata, que instruye la 'pieza separada Ayuntamiento de Jerez' de la Gürtel, y el Ministerio Fiscal, que ha remitido esta semana un informe, entienden que hay indicios más que probados para que el Tribunal Supremo impute a la senadora y exalcaldesa, María José García-Pelayo, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro contrataciones con empresas de la trama de Correa. Contratos que en conjunto costaron a los jerezanos más de 355.000 euros. Los hechos se remontan, como es sabido, a la feria de turismo Fitur 2004.
Es pronto para vislumbrar cómo acabará esta ciénaga judicial en torno a la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia de España, pero a tenor de la contundente exposición de motivos que De la Mata firmó en junio y del informe del fiscal remitido ahora al TS, Pelayo tiene difícil esquivar un asunto al que su partido le sigue quitando hierro. El líder andaluz de los populares, Manuel Moreno Bonilla, ha dicho este mismo martes en Sevilla que la máxima responsable del PP jerezano siempre ha demostrado el "máximo interés" en declarar voluntariamente "ante las autoridades judiciales".
Evidentemente, su condición de senadora y el consiguiente aforamiento -que conservará aunque Rajoy convoque elecciones, ya que ha sido nombrada por el PP como suplente de la diputación permanente del Senado- han impedido, por el mero funcionamiento de la Justicia en España, que su declaración tuviera validez ante un magistrado. Para hacerlo, previamente tenía que dimitir del cargo y consecuentemente dejar de ser aforada. El caso es que el dirigente andaluz ha insistido en que no hay cuestión penal: "Estamos hablando de causa de origen administrativo que tendrá que solventarse lo antes posible". La decisión última la tiene el ponente de la sala de lo Penal del Supremo, el juez Luciano Varela, encargado de abrir la investigación criminal.
El PP local ha ido más allá y ha emitido un comunicado reiterando el deseo de Pelayo de comparecer voluntariamente ante el juez e incluso han asegurado que en el primer escrito para esta petición al magistrado, certificado en junio pasado, demandó que se realicen una batería de pruebas y la declaración del secretario del Ayuntamiento, funcionarios y responsables de la tramitación del expediente administrativo, destacando que su participación en el mismo "se limitó a la ratificación y firma de los documentos del expediente en cumplimiento de las obligaciones de su cargo".
Toda la documentación administrativa generada "fue falsa"¿No sabía Pelayo lo que se traía entre manos? Isidro Cuberos, ex jefe de prensa de Javier Arenas, ha dicho ante el juez que se siente "orgulloso" del trabajo que hizo la Gürtel en Jerez, por cuya intermediación se embolsó más de 50.000 euros. Cuberos incluso firmó una tribuna en Diario de Jerez en aquella época ensalzando a la alcaldesa. ¿Se limitó la alcaldesa a la ratificación y firma de los acuerdos del expediente? Será el juez del Supremo el que lo dirima. De momento, para el antiguo instructor del caso, el magistrado De la Mata, la implicación de Pelayo fue "patente" y "grosera" dentro del amaño urdido para beneficiar a empresas de la Gürtel. "No cabe especular con que se limitó a actuar conforme a los informes de los técnicos; sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", firma.
Lo cierto, reza el magistrado en su exposición de motivos, que la Intervención municipal emitió hasta en tres ocasiones, y en otros tantos informes, advertencias de ilegalidad a la entonces regidora jerezana, haciendo ésta caso omiso a todas ellas. El primer documento que le remitió el órgano fiscalizador municipal indicaba expresamente que el órgano competente para la aprobación de las contrataciones era el consejo rector del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) -desde donde se fraguó el amaño-, cuya presidenta era la propia Pelayo. Más allá de que en virtud del cargo tuviese que conocer esa exigencia legal de funcionamiento, y pese al informe en contra, aprobó "personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos". "Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del consejo rector", detalla el juez.
Pelayo "ordenó indebidamente que se siguiera el procedimiento de urgencia, asegurando así la falta de concurrencia".
La entonces interventora municipal también informó "expresamente" que debía seguirse el procedimiento de contratación previsto en la Ley. Pese a conocer esta circunstancia, "ordenó indebidamente que se siguiera el procedimiento de urgencia, asegurando así la falta de concurrencia". "Visto que en realidad toda la documentación administrativa generada fue falsa, esta fue la única forma de asegurar que únicamente concurrieran las empresas previamente concertadas a las que se quiso adjudicar los contratos para que prestaran los servicios sin contratación alguna". El instructor de la Gürtel no puede dejar menos espacio a la duda.
Por último, Intervención también advirtió expresamente de que no debían firmarse los contratos sin que se constituyera la fianza del 4% de cada uno de ellos establecida en el TRLCAP. La fianza no se constituyó, pese a lo cual Pelayo, detalla el juez, firmó los contratos. Además, añade, "ordenó el pago de las facturas correspondientes sin efectuar la retención de fianza correspondiente". En este sentido, la dirigente popular firmó los contratos pese a que las empresas no habían acreditado -requisito previo y obligatorio- estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Pero, por encima de todos los indicios anteriores, que reflejan para el magistrado de la Gürtel que Pelayo estuvo al corriente de que el procedimiento administrativo que se desarrolló "incurría en irregularidades e ilegalidades más o menos groseras", lo más relevante es que "lo cierto es que la señora exalcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos". Detalla el juez: "Cuando, aun siendo incompetente para ello, supuestamente firmó los documentos aprobando los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, tales pliegos sencillamente no existían. Fue semanas más tarde (ya terminado Fitur 2004), cuando el propio Ayuntamiento envió a las empresas, por conducto del intermediario (Cuberos), los borradores de pliegos para que las empresas preseleccionadas fueran preparando las ofertas".
El informe del juez De la Mata asegura igualmente que cuando Pelayo firmó la adjudicación de los contratos no se habían presentado las ofertas por partes de la empresas, "luego es imposible que pudiera conocer las ofertas técnicas y económicas. Esto no se hizo hasta semanas más tarde"; y cuando firmó los contratos con los representantes de las empresas, no se habían presentado todavía las ofertas. "Fue semanas más tarde, ya prestado el servicio y tras alcanzarse acuerdos sobre las partidas a consignar en los presupuestos, cuando las empresas presentaron sus ofertas. En estos presupuestos se consignaron comisiones a favor de Cuberos por su labor de intermediación".
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