Un informe de Intervención alerta de los efectos de mantener la prórroga presupuestaria, y el consiguiente incumplimiento del Plan de Ajuste: habrá "adopción extraordinaria de medidas" para poner orden en el Consistorio.
Si el Ayuntamiento de Jerez estrena 2017 con el Presupuesto de 2015 prorrogado se enfrenta a severas medidas correctoras por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No lo dice el gobierno local, ni tan siquiera los grupos de la oposición. Es el interventor municipal, en un informe solicitado por el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, sobre los efectos legales, económicos y financieros de mantener la prórroga presupuestaria. La Intervención ha alertado por escrito de que la cartera que dirige Cristóbal Montoro aplicará medidas extraordinarias y enviará al Consistorio a un grupo de hombres de negro —tal y como hiciera Bruselas con el propio Gobierno central— para poner fin al caos contable que sufre una administración local con unos mil millones de euros de deuda. En la práctica, el Consistorio se enfrenta a su intervención funcional después de acumular un trienio con graves anomalías en su administración presupuestaria.
Respecto a la normativa existente, tanto de carácter general como aquella específica que debe ser "observada y aplicada" por el Ayuntamiento de Jerez, el interventor estima el "posible envío de una misión de expertos de control de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) por incumplimientos del Plan de Ajuste" y la "posible adopción extraordinaria de medidas para el Ayuntamiento, de carácter presupuestario y financiero, por parte del Ministerio de Hacienda". Dicho documento obra en poder de los grupos de la oposición desde este martes, después de haber mantenido una reunión con el gobierno municipal para volver a intentar desastascar el bloqueo que sufre la aprobación del Presupuesto del año en curso, las ordenanzas fiscales para 2017 y la revisión del Plan de Ajuste a la que obliga el Estado. Una situación límite en la que la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha vuelto a apelar en su muro de Facebook "a la responsabilidad del pleno".
Según el citado informe de la Intervención Municipal, mantener la situación económica-financiera actual del Ayuntamiento provoca, además de incumplir un imperativo legal básico en una administración pública como es contar con previsión de ingresos y gastos, otras consecuencias legales como son el incumplimiento del 1% del Fondo de Contigencia al que obliga el fondo de ordenación —al que Jerez se acogió el pasado año y el presente— para abonar sentencias judiciales, "lo que representaría una elusión de dicha obligación"; el incumplimiento de numerosas exigencias del Plan de Ajuste suscrito con Hacienda; la imposibilidad de finalizar en los términos acordados por el pleno y con Hacienda la disolución de la Fundación Teatro Villamarta; o el incumplimiento de las reglas fiscales de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por la "carencia de medidas de ajuste" en el Presupuesto General y en el grupo consolidado municipal —empresas y organismos autónomos—.
A toda esta batería de incumplimientos legales, el informe de la Intervención, fechado el pasado 4 de noviembre, suma una serie de compromisos presupuestarios a los que tampoco podría hacerse frente a corto plazo: desde el pago de las indemnizaciones a los afectados por el ERE municipal hasta contar con crédito para pagar las nóminas de los miembros de la Banda Municipal de Música, pasando por la práctica disolución de la empresa municipal de Vivienda (Emuvijesa), que afrontaría una "insuficiente dotación presupuestaria" para su funcionamiento y para la "cobertura de los gastos no financiados por alquileres". Ni que decir tiene que quedaría en el aire la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, la programación del Teatro Villamarta —Festival de Jerez incluido—, y por descontado las inversiones previstas en colegios, Policía Local y servicios esenciales como el del transporte urbano.
¿Parece una catástrofe, el default municipal más absoluto? Puede llegar a serlo. Dice el interventor que prolongar esta situación implica, entre otras muchas cosas, incumplir con el artículo 135 de la Constitución, ese que modificaron PP y PSOE para priorizar los pagos de deuda con los bancos. La no adecuación de créditos en el capítulo 9 de gastos provoca directamente, dice el alto funcionario del Estado, la "insuficiencia de crédito para la amortización de la carga financiera en 2016 y 2017, con el consiguiente fuerte aumento de OPAS e incumplimiento de la prioridad del art. 135 de la Constitución Española". Solo en 2016, el Ayuntamiento debe afrontar amortizaciones con los bancos que prestaron dinero con cargo a los ICO por valor de casi 30 millones, si bien sigue funcionando con un Presupuesto (el de 2015) que solo contempla crédito para asumir vencimientos de 11,6 millones. "Hay incumplimientos por todas partes", lamenta con cierta impotencia Galván preguntado vía WhatsApp por este informe. Todo esto desembocará, de no remediarlo pronto, en otros efectos financieros como no poder solicitar préstamos a largo plazo ni poder acogerse a la obtención de nueva financiación con cargo al fondo de ordenación del Gobierno central.
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