La Confederación de Empresarios de Cádiz pide a los ayuntamientos de la provincia que lo apliquen, ya que son los que tienen las competencias en materia de licencia de apertura.
La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos de la provincia para solicitarles que apliquen, en su ámbito de competencias, las medidas del recién aprobado Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece la reducción de trámites administrativos.
En concreto, el decreto permite la aplicación de la declaración responsable para actividades económicas con calificación medioambiental, en sustitución del trámite de la licencia, con un ahorro de tiempo medio estimado de seis meses.
En el escrito remitido a los ayuntamientos, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, solicita que las corporaciones locales realicen una transposición de la norma andaluza para su aplicación en aquellos trámites cuya competencia es de ámbito municipal. Sánchez Rojas ha remitido también una carta a la presidenta de la Diputación, solicitando la colaboración de esta institución en la difusión de esta mejora en los trámites administrativos.
Javier Sánchez Rojas destaca que son los ayuntamientos los que tienen las competencias en materia de licencias de apertura, por lo que solicita que se acojan cuanto antes a la nueva norma autonómica para facilitar así la implantación de empresas, subiendo a sus páginas web los formularios de declaración responsable, o bien que estos se puedan tramitar telemáticamente.
El presidente de la CEC valora muy positivamente la entrada en vigor de este decreto, que es un paso importante en la supresión de trabas para abrir negocios. “Con este solo cambio, aquellas empresas sujetas a calificación ambiental podrán gestionar sus permisos en días, no en semanas o meses, con la correspondiente declaración responsable que incluya la aceptación de los todos requisitos exigidos en la normativa”.
Esta norma afecta positivamente a actividades empresariales como talleres de reparación de vehículos, carpinterías, tintorerías, fruterías, tiendas de alimentación, lavanderías, gimnasios, imprentas, droguerías, etcétera, “pequeñas y medianas empresas, en definitiva, que se comprometen en cualquier caso a mantener el cumplimiento de la legislación vigente”, señala Sánchez Rojas.
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