Se trata del que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, una empleada de este organismo y el antiguo secretario del Ayuntamiento, a quien el juez De la Mata acordó sentar en el banquillo el pasado enero.
El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que investiga a la diputada y exalcaldesa de Jerez María José Garcia Pelayo por contratos firmados con empresas de la trama Gürtel, ha citado para el próximo 25 de abril a tres exaltos cargos en el Consistorio que tienen la condición de investigados en el sumario abierto por esta pieza en la Audiencia Nacional. Se trata del que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo el pasado 8 de enero.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas a la hora de firmarse los contratos investigados, realizados para Fitur 2004 y que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama Gürtel por importe de 355.000 euros.
Dada la condición de investigados de todos ellos en la causa de la Audiencia Nacional se les informará, pese a no dirigirse este procedimiento contra ellos, de su derecho a no declarar, a la dispensa de la obligación de prometer o jurar verdad así como de su derecho a ser asistidos de letrado pese a no ser parte en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo, han informado fuentes de este órgano.
Además de estas personas, el mismo día han sido citados otros dos testigos, trabajadoras en el Ayuntamiento de Jerez, Silvia Orellana y Elena Cañero Cuadrado, según señala la providencia dictada por Del Moral, que tiene fecha del 15 de abril. El instructor señala igualmente que tiene sobre la mesa una petición de sobreseimiento presentada por la defensa de García Pelayo el pasado 22 de marzo y que "se resolverá a la vista del resultado de las diligencias pendientes de realizar".
El pasado día 13 ya prestaron declaración en esta causa Bernardo Villar, que fue teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez, y los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama Gürtel por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como "todos saben" los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora está siendo investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Town.
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
"Sería la propia imputada -señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil-, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.
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