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El Alto Tribunal considera ilegal la definición que se hizo de "insuficiencia presupuestaria" y que, en el caso del Ayuntamiento de Jerez, justificó un expediente que ha afectado a 260 empleados públicos.

El Tribunal Supremo ha considerado ilegal, estimando parcialmente un recurso presentado por CCOO y UGT a nivel nacional, la definición de “insuficiencia presupuestaria” que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en el reglamento de los despidos colectivos de los trabajadores públicos de 2012. Es una mazazo a la reforma laboral del Partido Popular pero, a nivel local, es un torpedo en la línea de flotación que justifica el Expediente de Regulación de Empleo que promovió el ejecutivo de María José García-Pelayo. Es más, con este fallo judicial el ERE municipal que afectó en septiembre de 2012 a 260 trabajadores y trabajadoras municipales sería nulo a todos los efectos y éstos deberían ser readmitidos inmediatamente. La Sala III del TS ha anulado parte del artículo 35.3 de ese reglamento puesto que entiende que los criterios que determinan si hay insuficiencia presupuestaria no se ajustan al Estatuto de los Trabajadores. Éste fija algo que obvió la reforma laboral: la causa económica que justifique los despidos masivos ha de ser económica pero de manera sobrevenida y persistente en el tiempo, no la mera insuficiencia financiera. En todo caso, la sentencia no tiene carácter retroactivo.

En junio del año pasado, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) convalidó la extinción colectiva de contratos realizada por el PP en el Ayuntamiento de Jerez, al entender que había "causa económica por insuficiencia presupuestaria y financiera". Un año antes, el TSJA consideraba el ERE no ajustado a derecho ya que el proceso de selección de afectados se llevó a cabo con "absoluta arbitrariedad". Si se tiene en cuenta que el ejercicio presupuestario en el que se apoyaron los argumentos económicos que supuestamente avalaron el expediente fue el de 2011, y que ese año cerró con superávit municipal. De hecho, el pasado año la Cámara de Cuentas dejó en evidencia al PP, ya que el informe oficial del órgano de control externo andaluz evidenció que el gobierno local manipuló los datos económicos para justificar las causas de los despidos del Ayuntamiento. "Los ingresos fueron suficientes para financiar los servicios públicos y además sobraron casi 4 millones", denunció en aquel momento la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ).

Esta misma organización sindical, tras el juicio celebrado en el TSJA en 2013, aseguró que en la sala quedó sobradamente demostrado que no se había aplicado ningún criterio objetivo para la selección  de los afectados, quedando patente por declaraciones incluso de miembros del equipo de gobierno, así como también demostró el perito de la ATMJ, la inexistencia de la causa económica establecida en la Ley de Reforma Laboral. Incluso el perito económico del Ayuntamiento declaró que la causa no fue sobrevenida, hecho necesario según la nueva Ley 3/2012 de reforma laboral para realizar un ERE. Aun así, el el expediente salió adelante con el aval de 8 de los 14 magistrados que compusieron la Sala del Supremo. Los seis restantes firmaron un voto particular en el que se demandaba la nulidad de pleno derecho.

“El simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia”, señala ahora el fallo del Tribunal Supremo. Pero es que, peor aún, en el ejercicio de referencia del ERE municipal el resultado presupuestario del Consistorio arrojó beneficios. Según fuentes sindicales, la mayor parte de los despidos colectivos que se han realizado en los últimos años en administraciones públicas y entidades del sector público habían alegado causas económicas para su justificación.

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