El gobierno local evitará la actualización de la estructura fiscal al IPC, el único resquicio que ofrece la última revisión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Jerez, en manos del PSOE, solo tiene margen para congelar impuestos y tasas en 2016. Las nuevas Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio, que presumiblemente serán aprobadas en el pleno ordinario del próximo mes de octubre, no prevén grandes novedades, pero al menos no acarrearán nuevos disgustos para el sufrido contribuyente. "No se contempla ni actualización de IPC, se ha decidido no subir nada por la situación que atraviesa la ciudad; vamos a ver si se sigue reactivando el consumo y la demanda interna", apuntan fuentes municipales. La ahora alcaldesa Mamen Sánchez se hartó de hablar de grandes revoluciones en materia impositiva durante la pasada campaña pero, visto lo visto, parece difícil aplicar al menos en este primer año políticas propias en esta parcela.

En noviembre del año pasado, en una reunión con la cúpula de la Confederación de Empresarios de Cádiz, llegó a avanzar que tenía un proyecto de tributos locales "progresivos" y enfocados a los autónomos, la economía social y a dar "facilidades" a las empresas. Precisamente la CEC edita cada año un informe sobre tributos locales en la provincia que sitúa a Jerez como una de las grandes ciudades andaluzas con la presión fiscal más alta, especialmente en tasas vinculadas con la generación de riqueza y empleo. El caso es que, 100 días de gobierno después, Sánchez ya se ha dado de bruces con una realidad prefijada por la última revisión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento. Éste es taxativo en cuanto a las ordenanzas fiscales.

El Ayuntamiento no podrá suprimir ningún tributo, deberá establecer el coeficiente máximo permitido para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y se limitarán todas las bonificaciones fiscales a las de carácter obligatorio. Además, tampoco habrá posibilidad de rebajar el recibo del IBI, pese a que la última revisión redujo en un 29% los valores catastrales. Si Mamen Sánchez vino prácticamente a decir que con esta reducción en la ponencia era una canallada mantener la presión fiscal tan elevada en concepto de contribución, la realidad es que Hacienda impide cualquier retoque a la baja. Otras cuestiones como gravar a los bancos por mantener viviendas vacías tampoco se contempla a día de hoy por su difícil encaje legal. Una propuesta que, por ejemplo, incluye en su programa Ganemos Jerez, clave para que el ejecutivo socialista saque adelante estas Ordenanzas Fiscales para 2016 y que tendrá que posicionarse más pronto que tarde sobre este primer gran asunto de enjundia en el mandaot. 

Esta situación no es nueva. No es raro que los políticos confundan la realidad con el deseo. Sin ir más lejos, Pelayo prometió hace cuatro años en la oposición que reduciría al mínimo el tipo impositivo que grava el IBI para aligerar los recibos tras el perverso catastrazo, y en cambio lo aumentó un 37% el año pasado para no perder ingresos. En conjunto, las Ordenanzas Fiscales que se han aplicado este año incluso permitieron una rebaja de recibos como el del agua. La aplicación del IPC negativo -un pírrico 0,2%- de septiembre de 2014 permitió una congelación real que el gobierno local también dispuso un año antes. Entonces la subida del IPC fue tan leve, un 0,3%, que el efecto mediático era demasiado apetitoso como para actualizar la estructura impositiva jerezana. No fue así en 2012, cuando tasas e impuestos subieron tras la aplicación del incremento del IPC de un 3,4%. En el primer proyecto de Ordenanzas Fiscales de Pelayo, con la cercanía de las últimas elecciones generales de noviembre de 2011, también hubo congelación real. 

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