El director jurídico del Ayuntamiento alertó en 2013 de la nulidad del convenio para la plantilla, pero un bufete al que contrató Pelayo por 4.000 euros avaló un acuerdo que ha tumbado la Justicia.
El juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez ha dictado una sentencia, el pasado día 21 de diciembre, en la que declara nulo de pleno derecho el acuerdo-convenio del personal municipal, que el gobierno municipal del PP aprobó el 21 de octubre de 2013 en contra del criterio del director jurídico municipal, que ya advirtió en un informe interno, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, que las negociaciones y los acuerdos alcanzados “viciarían de nulidad lo acordado”. En cambio, el convenio salió adelante, pese a que incluso meses antes el gobierno local de la entonces alcaldesa María José García-Pelayo tuvo que recurrir a un bufete externo, Sagardoy Abogados —al que pagó unos 15.000 euros—, para defenderse en los Juzgados de los contenciosos presentados por los sindicatos contra su Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
En ella, como denunció CSIF en su momento, "casi todos los puestos recogidos en la misma tienen la doble adscripción para funcionarios o laborales, cuando la legislación y la jurisprudencia diferencian claramente los puestos destinados a funcionarios de los que pueden ser ocupados por laborales”. Meses después, en octubre de ese año, Sagardoy también emitió un informe —con un coste de unos 4.000 euros para las arcas públicas— para contrarrestar las tesis del director jurídico municipal y de este modo sacar adelante un convenio para la plantilla que ahora tendrá que ser recurrido al TSJA. En relación a este acuerdo-convenio, el juzgado en primer instancia ha considerado que el texto no cumple con la legalidad, al ser un único texto que unifica los derechos laborales de los funcionarios y de los laborales.
Este mismo miércoles, sin embargo, el PP de Jerez ha vuelto a atacar al ejecutivo socialista al acusarle de posible malversación en la contratación de letrados externos al Ayuntamiento. “El PSOE ha cambiado la RPT para lo que le ha interesado, incluso en contra de la Ley, pero no quiere cambiarla para justificar un posible delito de malversación de fondos”, han mantenido. Este cruce de acusaciones se produce en plena publicación en el BOP de una convocatoria de oposiciones para 18 plazas de funcionarios por primera vez en 30 años. Actualmente, apenas un 11% de la plantilla es funcionario, condición imprescindible por ejemplo para ejercer como abogado del gabinete jurídico, según la RPT que aprobó el propio en 2012. Para el ejecutivo local es importante recordar que "el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el gobierno de García-Pelayo, ya que en la RPT determinaron que el puesto de letrado sólo puede ser ocupado por personal funcionario".
“El PP vuelve a utilizar la táctica de enredar, manipular, mentir y mencionar posibles delitos, como si de este modo lo que dicen se dotara de fuerza”, mantiene el ejecutivo socialista ante las acusaciones populares
En el Ayuntamiento solo hay siete funcionarios con estudios de Derecho que, en su mayoría, también están ocupando puestos reservados a funcionarios. El hecho de que el PP critique el gasto en abogados externos —el ejecutivo de Pelayo gastó más de 200.000 euros en el anterior mandato en este fin—, es a juicio del gobierno local un “nuevo intento de desviar la atención de la buena gestión del PSOE, al aprobar la Oferta de Empleo Público, permitiendo a la ciudadanía poder acceder a plazas de funcionario mediante oposición libre; o también desviar la atención por los reveses judiciales anulando acuerdos adoptados por el gobierno de Pelayo”. “El PP —han sostenido— vuelve a utilizar la táctica de enredar, manipular, mentir y mencionar posibles delitos, como si de este modo lo que dicen se dotara de fuerza”. A todo esto, las críticas de los populares insisten en señalar que “los socialistas han vuelto a mentir justificando lo injustificable, porque las plazas de letrado son de técnicos de administración especial y esas no han sido publicadas en la convocatoria de empleo público. Se pongan como se pongan el PSOE no ha sacado plazas de abogado a conciencia para poder seguir contratando fuera de Jerez y perdiendo los juicios”.
Esta tesis también ha sido desmontada posteriormente por el ejecutivo que preside Mamen Sánchez que ha recordado que “la funcionaria mano derecha de Pelayo en la Alcaldía, la que ostentó el cargo de Directora de Presidencia, era letrada y la plaza que tenía era la de técnico de administración general —la que han salido en la convocatoria de oposiciones—. Al igual que también tenía la plaza de técnico de administración general otra funcionaria letrada que al cumplir 65 años solicitó continuar en el Ayuntamiento como abogada y, pese a la necesidad de funcionarios y de Letrados, la ex alcaldesa decidió jubilarla”. A todo esto, han insistido desde el gobierno municipal, “la señora Pelayo deberá explicar el incumplimiento de las leyes que su gobierno llevó a cabo, al contratar por más de 120.000 euros a otro bufete externo, sin someter la contratación a concurso, como obliga la ley por ese importe, llevando a cabo un injustificado procedimiento negociado sin publicidad, también incumpliendo las leyes porque ni procedía ni pidieron tres ofertas”.” Que le pongan también nombre a esta forma de actuar”, han zanjado.
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