El proceso de funcionarización de la plantilla municipal anunciado por el gobierno local, que pretende contar a finales de 2019 con un 8%, como máximo, de personal laboral, como marca la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, no sienta nada bien a los sindicatos que representan a los trabajadores del Ayuntamiento, que en una rueda de prensa conjunta muestran su rechazo, no a este procedimiento, sino a la forma de actuar del ejecutivo socialista, ya que quieren que se “garanticen” los puestos de trabajo. “El personal municipal tiene unos derechos adquiridos, no todo el mundo ha entrado de mala manera, por lo que queremos que no corra ningún riesgo”, señala Antonio Saborido, presidente del comité de empresa y representante de CGT, sindicato que junto a CSIF, ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales) y SIP (Sindicato Independiente de la Policía Local), critica que el gobierno que preside Mamen Sánchez anuncie este proceso sin consultar previamente con las secciones sindicales. “No llegar a un consenso con los sindicatos sería suicida”, dice Saborido en una concurrida convocatoria en la que participa más del 90% de la representación sindical de la plantilla, que critica el “ERE encubierto” que, según ellos, está llevando a cabo el Ayuntamiento.
La plantilla municipal la conforman en estos momentos más de 1.700 empleados, de los que solo el 11% son funcionarios, y además tiene 294 laborales fijos y 936 laborales indefinidos, que suponen el 72% del personal municipal, por lo que se convocará concurso-oposición para acceder a plazas de personal funcionario a laborales fijos que, a 13 de mayo de 2007, estuvieran ocupando puestos cuyas funciones fueran de funcionario; también se hará un proceso de promoción para personal funcionario y personal laboral fijo; y otro concurso-oposición dirigido a personal funcionario interino y laboral indefinido que en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016 hayan estado ocupando puestos con funciones propias de cuerpos o escalas de funcionarios, como explicaron la alcaldesa Mamen Sánchez y la teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, el lunes en rueda de prensa.
“Este mal gobierno de Mamen Sánchez llegó con el hacha de guerra y pretende hacer funcionarios de dudosa legalidad”, señala Saborido, representante de CGT, quien sostiene que el ejecutivo local “no negocia nada y no cumple”. Para el portavoz del comité de empresa, “ser funcionario interino (como quiere convertir el Ayuntamiento a los laborales indefinidos) es nuestra condena”, porque supone “perder todas las garantías y derechos adquiridos durante decenas de años por ser personal laboral”, recoge un comunicado de los cuatro sindicatos facilitado a los medios de comunicación. “No nos oponemos a un proceso de funcionarización”, dice este documento, “pero siempre garantista con todos los puestos de trabajo”.
Los sindicatos, que aseguran que aún esperan que el gobierno local los cite para conocer los entresijos del acuerdo marco anunciado días atrás, señalan que en cuanto tengan toda la información convocarán una asamblea general para poner al corriente a la plantilla municipal y, entonces, actuar en consecuencia. “Vamos a luchar con métodos sindicales para impedir este ERE encubierto”, dice Antonio Saborido. Su compañero cegetista, Ismael García, delegado sindical, reitera que “nadie se opone a la funcionarización, nos oponemos a cómo se está planteando, a espaldas de los trabajadores, por lo que queremos un proceso claro”, por lo que asegura que no están dispuestos a “firmar el consentimiento para que los empleados que se hagan funcionarios interinos pierdan derechos”. Nieves Calvillo, también de CGT, apunta que “es mentira que convertirnos en funcionarios interinos hace que dejemos de ser personal temporal”. Los sindicatos repiten que el proceso debe hacerse “acorde a la ley”, consensuándolo con los representantes de los trabajadores, aunque no aclaran qué alternativa proponen a este acuerdo marco, que para ellos supone “un ataque frontal” a la plantilla.
IU ya ha mostrado su disconformidad con el proceso anunciado por el gobierno local. "Hay que ser claros con los trabajadores y con sus representantes sindicales, e informar a estos de los riesgos derivados de cada uno de los pasos que puedan ir dando. Aceptar la conversión en funcionario interino supone, de facto, renunciar a una futura e hipotética indemnización por despido", apunta Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de la formación de izquierdas, quien añade que "antes de dar ese paso, los trabajadores deberían tener muy claro qué va a ofrecerles a cambio el Ayuntamiento y qué garantía pondrá sobre la mesa para que pueda interesarles firmar ese consentimiento”.
Ciudadanos, por boca de su portavoz Carlos Pérez, critica que "el gobierno municipal no ha dejado de sembrar incertidumbre entre los empleados municipales desde el pasado lunes", cuando se anunció la propuesta de acuerdo marco. La formación naranja censura que "la alcaldesa y su equipo no han hecho sino aumentar la inquietud de la plantilla", ya que "ha generado una incertidumbre tras otra en el proceso, en especial en lo referente a los empleados laborales indefinidos".
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