Independientemente del resultado electoral del próximo domingo, la pieza jerezana de la trama Gürtel, la mayor trama corrupta del país vinculada al Partido Popular, tiene todavía camino por recorrer. El ya magistrado titular que instruye el caso, y por ende la pieza separada del mismo 'Ayuntamiento de Jerez', José de la Mata, ha emitido este miércoles un auto, al que ha accedido lavozdelsur.es, en el que deja claro que los presuntos delitos por la contratación ilegal de empresas del entramado de Francisco Correa no han prescrito. "El plazo de 15 años no habría transcurrido hasta el 7 de diciembre de 2019, fecha evidentemente aún no alcanzada", insiste en un nuevo auto judicial el juez desestimando de este modo el recurso presentado por Isabel Jordán, una de las empleadas del entramado que lideraba, además del mencionado Correa, Pablo Crespo, otro de los imputados en la pieza jerezana.
El auto llega apenas 48 horas después de que la Fiscalía Anticorrupción hiciera lo propio en un escrito remitido al magistrado en el que también sostiene que los delitos ni mucho menos han prescrito, señalando incluso a la alcaldesa y senadora María José García-Pelayo como ordenante de los pagos de facturas a las empresas de Correa. A ésta, a la que ya implicaban en sus informes tanto Policía Judicial como la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), no es posible por el momento llamarla a declarar en calidad de imputada dada su condición de aforada, por lo que habrá que esperar a que culmine la investigación en esta fase para que el propio De la Mata derive el caso al Supremo y sea esta instancia superior la que la impute dada su condición de aforada.
En una entrevista en Radio Jerez, García-Pelayo se ha referido a su implicación en la Gürtel asegurando que "cada vez que hay elecciones este tema revive, tengo esa mala suerte", aunque hay que recordar aquí que fue en marzo del año pasado cuando el juez Pablo Ruz reabrió la pieza jerezana tras acreditar mediante un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) la vinculación directa de la líder del PP de Jerez con una serie de contrataciones amañadas con empresas de Correa que costaron más de 300.000 euros a los jerezanos. Siguiendo con su discurso habitual, la candidata del PP ha insistido en desviar la atención hacia los técnicos, manteniendo en esa misma entrevista: "No somos corruptos, no estamos en ninguna trama. Tengo un gabinete que me revisa todo lo que firmo, tengo un informe que me dice..., si luego me lo ponen a la firma, ¿yo qué le hago? ¿Prevarico porque no he firmado?"
Precisamente, la Agrupación de Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Jerez (ATMJ) ha remitido este jueves un comunicado a la plantilla tildando de "insulto a la inteligencia" que se quiera hacer ver que "este es un tema técnico y no político". "El caso Gürtel, según la Audiencia Nacional, se refiere a una presunta financiación ilegal del Partido Popular, a través de empresas del señor Correa, que conseguían contratos en administraciones públicas, presuntamente de forma irregular", ha recordado el sindicato de técnicos, añadiendo que "en los procedimientos de contratación para Fitur 2004, llevados a cabo por este Ayuntamiento con gobierno del PP, ya existen dos informes de la UDEF y dos de la Intervención General del Estado que relatan las presuntas irregularidades llevadas a cabo en la contratación de empresas, en concreto por no haber hecho un concurso público y haberse contratado mediante el procedimiento negociado sin publicidad". "Resulta un insulto a la inteligencia hacer creer que es un tema técnico y no político, cuando estamos ante un asunto inmerso en el llamado caso Gürtel", han apostillado.
Al hilo de lo anterior, ATMJ ha manifestado que "esperamos que la actual señora Interventora tome nota de la línea de defensa del actual gobierno municipal, por cuanto en la legislatura que está a punto de finalizar han sido muy corriente los expedientes de contratación llevados a cabo por procedimiento negociado sin publicidad, algunos incluso sin invitación al mínimo obligatorio de tres empresas". También ejemplifican esta gestión dudosa en otros casos, como cuando debieron contratarse a empresas mediante procedimiento abierto (concurso), por ejemplo el de la contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE, o en otros muchos ejemplos, incluso de contratos negociados con publicidad que debieron también hacerse por concurso, como el servicio de limpieza de dependencias municipales y el de centros educativos, así como aprovechamientos de bienes de dominio público, adjudicados a dedo, sin mediar ningún concurso".
En última instancia, zanja el comunicado, "la ATMJ siempre va a apoyar a todos los técnicos y al resto de empleados municipales, que actúan con suma profesionalidad y, repetimos una vez más, nunca vamos a permitir que las posibles o presuntas responsabilidades políticas se intenten tapar o derivar hacia el personal municipal".
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