El jueves 30 de junio es la fecha tope que aprobó el pleno para fijar la readmisión de los afectados por los despidos arbitrarios del PP.
En septiembre hará cuatro años que 260 afectados —unos más que otros— tuvieron que abandonar forzosamente —algunos voluntariamente— sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento. El laberinto del ERE municipal entra en una semana decisiva para poner punto y final al calvario de decenas de familias de la ciudad con la ansiada readmisión. A día de hoy, son un total de 107 trabajadores los que aguardan para volver a sus funciones públicas. Tanto el PSOE, que gobierna, como sus socios de investidura que le mantienen en el poder local, Ganemos e IU, remarcaron hace un año en sus compromisos electorales la reincorporación de este personal que, como ha dicho la Justicia, fue despedido de forma arbitraria e improcedente por el anterior ejecutivo del PP y María José García-Pelayo.
Esos mismos partidos más Ciudadanos —el promotor del ERE, el PP, se abstuvo— aprobaron en el pleno de noviembre pasado las condiciones económicas y el horizonte para la readmisión. El plazo máximo que entonces se dio expira este jueves 30 de junio. Un año después de acceder al cargo, la alcaldesa Mamen Sánchez afronta una de esas decisiones que marcan una legislatura. Una resolución al conflicto muy criticada tanto por los afectados como por los grupos políticos e incluso por alguna voz interna en su partido. “Nos fastidia mucho que haya gente que diga que no se ha hecho nada con este tema o se haya ido muy lento, porque la realidad es que llevamos un año entero sin parar”, reconocen fuentes municipales.
La situación sigue siendo enrevesada, “kafkiana” incluso, para estos despedidos. Por una parte, hay un grupo de 74 afectados que recurrieron sus demandas individuales y que, según el archiconocido Informe de la Dirección General de la Función Pública —dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—, puede justificar en un acuerdo transaccional motivaciones organizativas y económicas para retornar al Consistorio. El acuerdo transaccional significa que ambas partes llegan a un acuerdo a la vista de que una hipotética nulidad en ulteriores sentencias serían más gravoso para las arcas municipales que aceptar ahora la readmisión por improcedencia en el despido. Estos trabajadores podrían volver a sus puestos este mismo otoño, una vez que las mencionadas transacciones se transformen en sentencia en firme.
El nudo gordiano de esta cuenta atrás está en los restantes 33 afectados que no recurrieron la improcedencia de sus despidos —“mal asesorados por sus abogados”— y que no pueden cumplir con el requisito económico que exige la Función Pública en su dictamen. “Esto es tan surrealista que gracias a que el Ayuntamiento recurrió esas sentencias individuales —una de las últimas decisiones en personal del gobierno de Pelayo— aún tienen opciones de ser readmitidos, pero en la práctica ellos aceptaron la indemnización por improcedencia, por lo que el Ayuntamiento tiene que tener la garantía de que no se prevarica si se envía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la readmisión de los 107”, corroboran otras fuentes próximas al conflicto municipal.
El 30 de junio marca un antes y un después en el mandato socialista y en la batalla que libran estos empleados desde que fueron despedidos hace casi cuatro años
Suele ser habitual en los plenos de lo que va de mandato que en la bancada del PP algunos de sus miembros junten las muñecas remedando unas manos esposadas mientras miran a la alcaldesa o a alguno de los miembros de otros partidos. “Tengo ganas de que Saldaña me haga el gesto con las esposas por haber firmado la readmisión de trabajadores despedidos injustamente”, ha asegurado en alguna ocasión Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU, a algunos afectados. El asunto es que quien debe firmar esa readmisión completa es la alcaldesa y su responsable de Recursos, Laura Álvarez, y “ellas no van a firmar nada que deje resquicio para una posible denuncia. El PP se está frotando las manos desde hace meses con este tema”. No obstante, hasta la fecha sigue habiendo luz para el conjunto de los trabajadores injustamente despedidos.
En la última reunión del gobierno local con la plataforma de afectados —partida por la mitad tras la división generada por el dictamen de la Función Pública—, la propia Álvarez confirmaba que ya se han elaborado todos los informes individuales económicos y organizativos de los 107 empleados, ya que “se sigue trabajando para que nos reincorporemos todos, no solo quienes recurrieron”, apuntan algunos de los despedidos. En paralelo, Economía está ultimando un informe del gasto de la readmisión que debe ser avalado por la Intervención, al tiempo que se espera un informe jurídico que respalde la decisión en un más que probable pleno extraordinario que tendría lugar momentos antes de la sesión ordinaria de junio de este jueves 30. Ese día marcará un antes y un después en el mandato socialista y en la extenuante batalla que llevan librando estos trabajadores públicos desde que sus nombres aparecieron apuntados de forma injusta y arbitraria en una lista negra. Esa que castigaba a los empleados supuestamente más "vagos, quejicas o flojos", como les llegó a llamar Antonio Saldaña, actual parlamentario andaluz y concejal del PP.
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