En contra de una de las justificaciones del PP para restar relevancia al informe de la UDEF que vincula a Pelayo con la Gürtel, un certificado del secretario ratifica que los consejeros del antiguo Instituto de Promoción no aprobaron el ingente gasto, pues solo se les "dio cuenta" de las resoluciones de Presidencia efectuadas más de 60 días antes. Lidia Menacho achaca ahora a la "mala suerte" estos posibles contratos ilegales
Extracto del Acta del consejo del IPDC de 24 de marzo de 2009
Al margen de querer restar importancia al concluyente informe de la Policía Judicial que determina que la alcaldesa María José García Pelayo "participó" presuntamente en la contratación irregular de empresas ligadas a la trama Gürtel asegurando que este asunto está archivado desde 2011, la secretaria general de los populares jerezanos y delegada municipal de Educación y Juventud, Lidia Menacho, ha ido hoy a más y ha achacado a la "mala suerte" el hecho de que finalmente estas adjudicaciones por procedimiento extraordinario y sin publicidad fuesen a parar a empresas de la red de Francisco Correa. En declaraciones recogidas por Radio Jerez, Menacho subraya una vez más para tratar de exculpar a Pelayo que "seguimos todos los procedimientos legales, tuvimos el aval de los técnicos y la alcaldesa hizo todo lo que debería de haber hecho".
La dirigente del PP de Jerez tampoco estuvo ayer demasiado fina y convincente al llegar a decir en un comunicado remitido por el partido que "la oposición aprobó por unanimidad los contratos de Fitur 2004 después de ver los expedientes". Nada más lejos de la realidad, pues el dossier de la pieza 'Ayuntamiento de Jerez' ligada a la Gürtel recoge que el consejo del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) del Consistorio únicamente conoció las adjudicaciones más de dos meses después de ser rubricadas y un par de meses después de celebrarse la feria Fitur 2004. En un certificado (ver imagen adjunta) fechado a 30 de abril de 2004, el entonces secretario municipal manifestaba que el consejo rector del IPDC, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2004, al particular 3 del orden del día, adoptó el siguiente acuerdo: "En segundo lugar, y dentro de este mismo punto, se da cuenta de Resolución de la Presidencia de fecha 15 de enero de 2004, adjudicando el contrato de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2004, a las siguientes empresas: Lote 1º: Gestión a Special Events SL, en su ofertado precio de 162.806,37 euros. Y lote 2º: Publicidad y Propaganda a Teleanuncio SA, en su ofertado precio de 141.364,56 euros. Conocida la anterior resolución de Presidencia, es ratificada por los asistentes".
Pelayo y Menacho, en una imagen de archivo
Es importante subrayar la expresión "dar cuenta" en un consejo de administración, ya que ésta, en contra de las manifestaciones de Menacho, no implica votación alguna de los miembros del consejo de administración, al igual que en los plenos municipales las comunicaciones tampoco tienen opción de voto y son puntos simplemente a título informativo. De hecho, en aquel consejo de administración los miembros de la oposición sencillamente se ratificaron, es decir simple y llanamente se dieron por enterado. Este hecho desmontaría el argumento del PP a la hora de querer salvar a la alcaldesa apoyándose en el resto de los componentes de aquel consejo del IPDC que, para más inri, no tuvieron conocimiento alguno de estos contratos hasta más de dos después de firmarse.
En los escritos denuncia que ya se presentaron en 2009 tanto por la exalcaldesa Pilar Sánchez como por el concejal socialista de Boadilla del Monte, y que fueron archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por abordar asuntos centrados "fundamentalmente en Andalucía", se recogía que "no menos presuntamente irregular resulta el hecho contrastado documentalmente de que la adjudicación de los tres contratos fue realizada directa y personalmente por la entonces alcaldesa y presidenta del IPDC, a pesar de que el preceptivo informe previo de la Intervención Municipal establecía claramente que dichas acciones son competencias del Consejo Rector del IPDC, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8.2e) de los Estatutos del IPDC". De hecho, insisten los escritos, el mencionado Consejo Rector "sólo conoció el asunto cuando “se dio cuenta” del mismo en la reunión celebrada el 24 de marzo de 2004, es decir, casi dos meses después de la celebración de FITUR". "Hay que recordar que el Artículo 62.1 b) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común establece la nulidad de pleno derecho de los actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes", remacha. "Los jerezanos saben que hoy gobierna en Jerez una alcaldesa y un partido con las manos muy limpias. Así que por ese camino que no vayan, porque además de que no van a encontrar nada, están haciendo el ridículo", arremetía ayer mismo la 'número 2' del PP local, Lidia Menacho.
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