“Está desordenada porque estoy haciendo la mudanza”, se excusa Alejo al entrar en su vivienda, que dejará de serlo en breve. Lleva residiendo en ella tres años, con su mujer y sus tres hijos, pero ahora debe abandonarla. No es suya. Están de okupas. Él, de 28 años, va mostrándola para el reportaje. Se detiene en la cocina: “Este mes y el siguiente son los últimos que me quedan por pagar. Me costó 2.800 euros, entre la nevera, la lavadora, la campana, el horno, la vitrocerámica… 2.800 euros tirados a la basura”, relata. Al lado, pasando por el pasillo lleno de bolsas con enseres que tienen que llevarse, hay otra habitación con unas enormes goteras en el techo. “Esta casi ni la pisamos, solo para guardar ropa”, señala.
La habitación de los niños, pintada de un azul eléctrico y con juguetes por todos lados, está vacía. Sus hijos están en el colegio y no saben que sólo la pisarán una vez más. En el cuarto de al lado, el de “matrimonio”, Esperanza, 22 años, la mujer de Alejo, dobla ropa que va metiendo en enormes bolsas de basura. Ella, cuando llegaron, estaba embarazada. También venían con ellos Jose, el hijo mayor de Alejo —de una pareja anterior—, con nueve años por aquel entonces, y otro pequeño de poco más de un año. Les corría prisa encontrar un techo bajo el que vivir. Alejo se quedó en paro —cuidaba a personas mayores— y no pudo seguir pagando los 200 euros de alquiler que le costaba la vivienda donde residían. “Le debía tres meses y me tuve que ir, pero luego los fui pagando poco a poco”, cuenta el joven. Y entonces encontraron una casa en La Hijuela de Las Coles. Unos años antes una tía de Esperanza había residido en ella pero la entregó al banco como dación en pago —como forma de cancelar la hipoteca— y llevaba más de siete años abandonada.
“Estaba todo destrozado, mi padre, mi suegro y mi cuñado vinimos a arreglarlo”, relata Alejo. Los muebles son suyos, los fue comprando poco a poco con las ayudas que le concedió la asistenta social. “Arreglamos las goteras, que eran cataratas por la pared, el váter que estaba atascado, el armario empotrado…”, va enumerando. Ahora debe empaquetar todo lo que pueda y llevárselo, repartirlo entre casas de familiares y conocidos. Es al acuerdo que ha llegado con el propietario de la vivienda, el Banco Santander: entregar las llaves a cambio de no seguir adelante con el juicio de delitos leves iniciado tras la denuncia de la entidad bancaria. Dos meses de plazo establecieron para que Alejo y Esperanza encontraran un alquiler social, aunque por el momento no tienen vivienda en la que quedarse.
“La asistenta social nos dice que busquemos un alquiler de menos de 300 euros y lo pagan ellos, pero cuando voy a ver pisos me piden nóminas y que vaya la asistenta…”, señala el joven, que reflexiona sobre la vida que le ha tocado vivir. “Una jueza nos dijo que nos buscáramos otra vivienda de la misma manera, pero no tengo por qué pasar por lo mismo otra vez. Vivir de okupa es difícil. He estado meses sin dormir por si viene la policía a echarme, o el de la luz, el del agua… Quiero vivir tranquilo y la tranquilidad tiene un precio, que es tener un trabajo, poder pagar tus impuestos y vivir tranquilo con tu familia. Aunque sea okupa mis hijos van limpios a la guardería, con su bocadillo, con su zumito… Dicen que después de la tormenta viene la calma, pues a ver si viene ya mi calma”.
Ahora están sin agua. Se la cortaron hace semanas. Por eso Alejo se levanta a las cuatro de la mañana, coge garrafas vacías y va a una fuente cercana para llenar el bidón que tienen en la azotea para poder “bañar a los niños o limpiar el suelo”. “Vivo como en un país tercermundista, me siento marginado”, señala. “No quiero vivir así toda la vida”, remata, pero se consuela. A pesar de todo es optimista. “Aunque todo sea negativo hay que ser positivo”, apunta, “por lo menos estamos juntos, nuestra casa somos nosotros”, dice mirando a Esperanza.
Cuando entregue las llaves al banco no sabe qué hará. “Las cosas las dejaremos en casa de nuestras familias, los niños en casa de mis suegros y nosotros… yo me quedaré en el Ayuntamiento a dormir o en asuntos sociales a ver si ven que es de verdad que me estoy quedando en la calle”, dice Alejo con su voz rajada, a ratos entrecortada. Entre los trabajos que le van saliendo, cortando césped cuando lo llaman, recogiendo chatarra o haciendo recados a personas mayores —“soy un buscavidas”, señala—, las ayudas en forma de cheques de comida y las pocas horas que trabaja Esperanza en un bar, se van manteniendo. Ella, que trabajó de comercial de una compañía eléctrica antes de quedarse embarazada, empezó a estudiar el bachillerato de artes. “Pero mi madre no me lo podía pagar y la verdad es que era muy difícil”, explica. Pero no ha perdido su amor por la pintura. Hace sus pinitos cuando saca tiempo. Y dice que sus hijos deben haber heredado su afición, porque la casa está llena de postales hechas por ellos.
“No hemos puesto en peligro la vivienda, le estamos dando una utilidad que el banco no le ha dado”, apunta Alejo, que dice que se irá. “No es mía, pero estoy en riesgo de exclusión social, en algún sitio nos tenemos que meter”, dice. “Me dan ataques de ansiedad, me pinchan porque me asfixio”, añade luego. “No quiero que me den dinero, lo que quiero es vivir con mis hijos y mi mujer”, apunta: “Si no fuera por la familia ya estaríamos derrumbados”. Esperanza, a modo de despedida, señala: “Creo en Dios a mi manera pero si nos hemos encontrado con vosotros es por algo”.
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