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Los afectados se han reunido con la alcaldesa, Mª José García-Pelayo y varios técnicos del Ayuntamiento, encuentro que sólo ha servido para trasladarles la negativa a ampliar los contratos como sí se ha hecho en otros municipios como Algeciras. Según el colectivo, “han llegado incluso a insinuar que si tenemos quejas por cómo se han gestionado los planes, tal vez no deberíamos haber participado”.

La legislatura se agota sin ofrecer una solución a los 422 afectados por el Plan Empleo Joven de Jerez. La alcaldesa de Jerez, María José García–Pelayo, hacía un paréntesis el martes por la mañana en plena campaña electoral y durante la semana de la Feria del Caballo para reunirse con los representantes del Plan con el fin de tratar el asunto de la prórroga de los contratos hasta completar los seis meses prometidos. El encuentro poco o nada ha variado la situación que, salvo sorpresa de última hora, quedará en el limbo o el olvido hasta la constitución del nuevo ejecutivo municipal, ya que según los afectados “la reunión sólo ha servido para conocer el no rotundo de nuestra alcaldesa”.

La regidora y varios de los técnicos han informado a los jóvenes de que la Junta de Andalucía ha contestado al escrito que remitió el Ayuntamiento diciendo que el Decreto tiene una fecha límite de finalización -el pasado 30 de abril- y que ésta es improrrogable. Por tanto, por parte de dicho organismo no se puede hacer más porque ya ha pasado la fecha, y la única solución que da la Junta sería que los afectados soliciten participar en el nuevo programa. Esta posibilidad no la contemplan porque ninguno de ellos cumple los requisitos establecidos en el nuevo plan.

Por tanto, la pelota está en el tejado del Consistorio, pudiendo éste ampliar los contratos hasta los seis meses con fondos propios del Ayuntamiento como hizo Algeciras en su día. Ante el planteamiento de tal posibilidad, la respuesta de la alcaldesa ha sido que, aunque indica que tiene el dinero para ampliar las contrataciones, sus técnicos no la autorizan para dar un informe técnico favorable, alegando que no se ajusta la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Desde el colectivo muestran su pesar y se quejan de que no se tenga en cuenta las necesidades de los perjudicados a la hora de interpretar la ley. “El Ayuntamiento deja desamparados a los 422 jóvenes y sus familias con un análisis tan restringente de la ley, algo que reiteramos, es facultad de cada administración y por tanto da lugar a interpretaciones”, así lo han hecho saber a los medios. Además, acusan a la alcaldesa de no haber reconocido sus errores de culpar a otras administraciones que nos ha hecho sentir culpables por haber participado en este plan “llegando incluso a insinuar que si tenemos quejas por cómo se han gestionado los planes tal vez no deberíamos haber participado”.

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María Luisa Parra

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