Un ciclo de cine israelí acaba con una demanda por xenofobia contra el Ayuntamiento de Cádiz

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ACOM demanda al Consistorio tras su decisión de suprimir un evento que entraba en contradicción con la campaña 'Espacio Libre de Apartheid Israelí', suscrita por más de 50 administraciones públicas de toda España.

El conflicto árabe-israelí, tan antiguo como olvidado desde la vieja Europa, ha alcanzado al Ayuntamiento de Cádiz con tribunales incluidos. La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), ha denunciando ante la Justicia a la administración gaditana por un presunto caso de "xenofobia", ante la decisión municipal de suspender un ciclo de cine israelí, previsto el mes pasado, que chocaba y entraba en contradicción con la campaña Municipio Libre del Apartheid Israelí a la que está adherido el Ayuntamiento de Cádiz.

Ya la Embajada de Israel se pronunció al respecto, denunciando lo que ellos consideran una "censura cultural" basado en "criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea" pero ACOM ha dado un paso más. "Dichas decisiones discriminatorias incurren en una grave imprudencia: ninguno de ellos puede ya alegar desconocimiento, dada la ingente cantidad de sentencias en contra, gracias a procesos legales liderados por ACOM. La frívola irresponsabilidad del Gobierno municipal de Cádiz, tanto política como legal, queda evidenciada".

Esta organizació pro-israelí recueda que "el alcalde de Cádiz, José María González, junto a otros políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consignó su firma hace dos años al manifiesto No en nuestro nombre, posicionado contra cualquier acción militar contra el terrorista Estado Islámico. Ese escrito también venía refrendado con la firma del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), una organización marxista-leninista palestina con base en Damasco que ha cometido sangrientos atentados contra Israel desde su fundación en 1969".

ACOM, "grupo de referencia de la sociedad civil española que lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío", tal como se define, "está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta". Por eso, "preconizar la destrucción del estado de Israel y limitar los derechos civiles y económicos de sus ciudadanos, empresas y amigos atenta contra valores fundamentales recogidos en nuestra Constitución y debe tener consecuencias”, señala Angel Mas, Presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.

Sorpresa ha causado en la administración gaditana esta decisión. El alcalde, José María González, ha aclarado este jueves que Cádiz "es una ciudad abierta y tolerante, todo lo contrario a la xenofobia". "Precisamente lo que hemos hecho al adherirnos a esta campaña es no ponernos de lado ante esta situación de apartheid y discriminación racista del Estado israelí sobre la población palestina. Por eso, es cuanto menos sorprendente que se tilde al Ayuntamiento de Cádiz de xenófobo cuando es todo lo contrario". Respaldó la decisión de suprimir el ciclo de cine. "Lamentamos que se hayan molestado pero entendemos que estas declaraciones no pueden ser un brindis al sol. Las hacemos desde la más absoluta coherencia y firmeza".

Con el alcalde estaba Diego Boza, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA), una de las precursoras de esa declaración, explicó que "hay una confusión entre sionismo y judaísmo. Ni el Ayuntamiento de Cádiz ni la APDHA tiene absolutamente nada contra los judíos. Lo que sí hay es una posición política contra un Estado que discrimina y viola constantemente los derechos fundamentales y la población palestina. No puede consentirse ese lavado de imagen de un Estado que está pisoteando constantemente derechos de una población oprimida. Por eso, en un conflicto de este tipo ponerse de perfil es estar a favor de los que violan los derechos. Así que secundamos la decisión de rechazar que la ciudad de Cádiz sirva como escaparate para la propaganda del Gobierno israelí". Boza insistió en que "en la APDHA no tenemos nada en contra de los judíos; sí con la ejecución de políticas del Estado sionista de Israel".

Más de 50 administraciones españolas, a favor de los derechos humanos en Palestina

La adhesión a esta campaña del Ayuntamiento de Cádiz es una más de las que hay por todo el país. En la provincia, ayuntamientos como San Fernando, El Puerto, Puerto Real, Conil, San Roque o Barbate son algunos de los que adquirieron este compromiso. En Andalucía, además de ayuntamientos, también apoyan esta iniciativa las Diputaciones de Córdoba y Sevilla, así como organizaciones como el Sindicato de Periodistas de Andalucía. En el territorio nacional, los apoyos van desde Canarias a Vaencia, pasando por Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla La Mancha, Extremadura, Cantabria, Cataluña y Madrid. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la Colonización, Apartheid y Ocupación Israelí (BDS) suscritas por organizaciones como Amnistía Internacional. 

Toda esta polémica coincide además con la recepción que el próximo sábado harán los concejales Martín Vila y Adrián Martínez de Pinillos a la Plataforma Andalucía con Palestina, una organización de colectivos, amigos y amigas del pueblo palestino, como la Plataforma Jerez con Palestina, que además de potenciar a nivel institucional, económico y cultural la campaña boicot -siguiendo la que se hizo en Sudáfrica y permitió acabar con el apartheid- trabaja para "obligar al Estado de Israel a reconocer las resoluciones de Naciones Unidas y devolver los territorios ocupados como primer paso para permitir el ejercicio de la soberanía del pueblo palestino".

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha emitido, tanto su Consejo de Seguridad como la Asamblea General, hasta 21 resoluciones sobre este conflicto y mantiene en la zona una misión de mantenimiento de la paz desde el mismo año de constitución del Estado de Israel en el año 1948, siendo la operación de paz más antigua. Desde 2012, la Asamblea General de la ONU ha admitido a Palestina como Estado observador, una categoría que no supone la admisión como estado miembro de pleno derecho pero sí concede legitimidad a su lucha por el reconocimiento de los territorios palestinos ocupados. En la actualidad, y tras más de treinta años de guerra y diez de bloqueo de derechos fundamentales como la libre circulación, la población palestina de la Franja de Gaza puede experimentar "mejoras posibles" con la unión de Hamas y Al-Fatah, aunque aún queda lejos el restablecimiento de las condiciones de vida después de la última ofensiva militar de 2014, la operación Margen Protector, que acabó con la vida de 2.000 personas (551 niños) y provocó 11.000 heridos y medio millón de desplazados, según la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). 

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