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Ecologistas en Acción critica la construcción de una urbanización en Barbate junto al Parque Natural

El Ayuntamiento indica que colinda, pero que el terreno no está afecto a esta protección. "Es un terreno que tiene unos dueños"

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado favorablemente de la reprogramación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barbate, asegurando que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, “cuando se pretenden urbanizar 1.642.239 metros cuadrados de terrenos litorales de alto valor ecológico y construir 2.488 nuevas viviendas en un municipio en regresión demográfica”, critican desde Ecologistas en Acción. El PGOU incluye la urbanización de 200.000 metros cuadrados del famoso pinar de Barbate.

Por su parte, para el alcalde de Barbate, Miguel Molina, la denuncia de los ecologistas es “crear una alarma que no hay. Es un terreno particular, colindante al Parque Nnatural pero no afecta para nada. No sé de dónde viene en este caso la noticia. Tiene un plan parcial definitivamente aprobado. No afecta a parque para nada y tiene unos propietarios que son dueños de los terrenos”.

El PGOU de Barbate es, a juicio de los Ecologistas, “un plan totalmente desfasado que data de 1995”. El PGOU fue redactado y aprobado “en plena burbuja inmobiliaria, que contemplaba crecimientos urbanísticos desmesurados e injustificados, y que han provocado, y lo seguirán haciendo de seguir ejecutándose, enormes impactos ambientales”. “El actual PGOU fue fruto de los delirios del crecimiento urbanístico ilimitado que impregnó la política urbanística en la última década del siglo pasado y en la primera del actual, y que nos llevó al desastre económico y social. Defiende un modelo expansivo trasnochado que vulnera leyes, planes y normas urbanísticas y medioambientales”, señala Ecologistas en Acción.

La organización señala que el Ayuntamiento de Barbate, con la ayuda de la Junta de Andalucía, quiere darle nueva vida a este PGOU “basado en la especulación pura y dura”, y que no se sometió a ningún procedimiento de evaluación ambiental ni de prevención de riesgos naturales. El Ayuntamiento “pretende dar un nuevo plazo de 16 años para ejecutar todos los proyectos urbanísticos pendientes desde 1995”, señalan.

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