De las sociedades libres

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De las sociedades libres

16-04-2018 / 09:14 h.

La definición de libertad es ciertamente difícil. Podríamos coincidir en una noción negativa, en el sentido de que somos conscientes de su ausencia; sabemos, sin tener que definirla, cuándo no disfrutamos de la misma. Quizás, porque cuando nos dicen que libertad es hacer aquello que se corresponde con nuestra voluntad, silencian que la misma, nuestra voluntad, viene determinada por unos márgenes impuestos desde fuera. Y aún siendo verdad que nuestra voluntad no suele estar sometida coercitivamente a la voluntad de otros, salvo casos flagrantes de esclavitud demasiados frecuentes aún en nuestro mundo de hoy —el tráfico de personas, por poner un ejemplo—, no es menos cierto que la misma es depurada por nuestra propia autocensura, por nuestro propio autocontrol, determinado tanto por nuestras limitaciones biológicas, como por las restricciones éticas —a modo de ejemplo citaremos el incesto, sobre el que hay un acuerdo generalizado— y legales —en el que el asesinato es ejemplo paradigmático—. Y queda claro, por tanto,  que la libertad absoluta no existe. Quiero con ello decir que, si la libertad individual viene restringida por diversos factores sicológicos y sociales, ¿es posible hablar de sociedades libres o están ellas igualmente limitadas, cuando no directamente sometidas?

Dejando al margen a las sociedades directamente sometidas —mediante dictaduras de todo pelaje—, la respuesta es clara, ninguna sociedad es absolutamente libre. La ciencia política, consciente de estas limitaciones, rebaja las expectativas a la hora de definir una sociedad libre. Y se centra, fundamentalmente, en analizar el reparto de poder para la compensación y la neutralización de las imposiciones. O dicho de otro modo, y siguiendo a Giovanni Sartori, “una sociedad es libre cuando tiene una estructura de poder, capaz de neutralizar todo poder excesivo”. Este es el sentido originario de la división de poderes que la Revolución Francesa nos regaló, por boca del ilustrado Montesquieu. Y, precisamente, es esta teoría la que muchos ponen en cuestión. Fundamentalmente porque, y en primer lugar, muchas de las actuaciones de la justicia —especialmente de las más altas magistraturas, que no de los jueces y tribunales ordinarios—, parecen, en demasiadas ocasiones, conniventes con el ejecutivo —sucede a menudo en nuestro país—.

La decisión de nuestro Tribunal Constitucional, en relación con la convalidación de subvencionar con dinero público a los colegios privados que segregan por sexos a los alumnos, podría ser una prueba de ello. En segundo lugar, porque la fortaleza de las direcciones de los partidos políticos ha vaciado de contenido al parlamento, haciendo que los centros de decisión se desplacen hacia el palacio de gobierno, cuando el partido ocupa el mismo, y hacia la sede central, cuando este es situado por los ciudadanos en la oposición. Estas dos explicaciones sirven para justificar, en mi opinión, que por parte de muchos se cuestione la división de poderes —base fundamental de las democracias liberales occidentales—, y por tanto los márgenes de libertad de la sociedad.

Pero, quizás, los problemas de las sociedades para conservar su ámbito de libertad, no radiquen tanto, y a pesar de lo dicho hasta ahora, en su estructura —seguimos hablando de las democracias liberales occidentales—, sino, por decirlo de algún modo, en el “software” implantado en las mismas. Y este software tiene que ver con el tránsito de la sociedad industrial a la post-industrial, y las características especialmente complejas de las sociedades terciarias y cuaternarias, siguiendo nuevamente a Sartori. Las circunstancias de las sociedades industriales son sobradamente conocidas. Sociedades productoras de bienes caracterizadas, históricamente, por desequilibrios con roles perfectamente definidos, en las que el conflicto, entre empresarios y trabajadores, se centraba sustancialmente en reivindicaciones de carácter económico, y en las que los sindicatos cobraban auge como representación del poder obrero.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX comienzan a producirse cambios en nuestras sociedades que, si bien, y en un principio, ampliaron nuestras esferas de libertad, individuales y colectivas, su compleja evolución nos ha llevado, con el nuevo siglo, a una importante pérdida de las mismas. La sociedad post-industrial, en palabras de Daniel Bell, en la que la primacía de la producción industrial cede el paso, y el liderazgo, a la producción de servicios. Y esto tiene consecuencias irreversibles, que afectan por tanto también a la esfera de la libertad. La sociedad post-industrial, ligada inexorablemente al desarrollo tecnológico, provoca una extraordinaria transformación de las ocupaciones, lo que sería, en palabras de Sartori, el tránsito de los cuellos azules a los cuellos blancos. Y esto, a su vez, explica, en cierta forma, el retroceso de los sindicatos en su papel de representación y una cierta disolución de los trabajadores en cuanto clase —aún a pesar de continuar siendo la gran mayoría asalariados—.

Pero al mismo tiempo, estos cambios provocan la reducción de las unidades económicas empresariales, superando así el concepto tradicional de fábrica, en cuanto  centro de producción, y en el que la numerosa mano de obra estaba en contacto permanente. En paralelo a este proceso, especialmente en nuestro siglo, la ofensiva ultraliberal ha legislado para reducir el papel de los sindicatos, ha reforzado el papel de los empresarios y ha promocionado el descrédito de la política para campar, como sucede, a sus anchas. Como todos los políticos son iguales, es normal que nos alejemos de la política. Y, mientras tanto, ellos, los poderosos, a lo suyo. Así incrementan la distancia entre ricos y pobres, aumentan la exclusión social y disuelven las fuerzas sociales en su papel de contrapoder. La conclusión es lógica: no pueden ser igualmente libres los desiguales. Y cada vez hay más desigualdad, y menos libertad, sin duda.

Pero además, y finalmente, juegan con la ventaja de la complejidad social y económica, lo que en palabras de Sartori, en sus Elementos de Teoría Política, se resume en un instinto de conservación basado en el sálvese quien pueda, con la consiguiente disolución de los intereses comunes (fomentado, por cierto,  por los medios hegemónicos al servicio del poder), en una primacía de los intereses a corto plazo, frente a los intereses de futuro y en el desfase entre agresión y respuesta, debido a la inoculación del virus que adormece nuestros sentidos y reflejos sociales; y, finalmente, la negación de los hechos. La mentira mil veces repetida, puede convertirse en una verdad, aunque los hechos le lleven la contraria. Sin duda, los márgenes de libertad que disfrutábamos se están viendo reducidos, y la libertad social cercenada. ¿O acaso lo dudan?