OpiniónLa Rotonda

Confesiones de un gobierno improcedente (*)

LA ROTONDA.

Dos años y medio después, por fin sabemos quiénes fueron los miembros del sanedrín municipal que eligieron a los sacrificados en el ERE perpetrado por la alcaldesa Pelayo. Uno  de ellos,  Francisco Cáliz, lo confesó en sede judicial el pasado miércoles al ser preguntado si conocía como se confeccionó la lista de afectados. El delegado de Impulso Económico respondió que se decidió en una reunión de todo el gobierno municipal, aunque reconoció que no hubo informe por escrito que analizara y comparara la capacidad, experiencia, formación y polivalencia de los afectados respecto del resto de la plantilla.

Sin embargo Antonio Real, otro de los concejales “expertos” en materia del personal, testificó semanas atrás que sí hubo informes, pero se destruyeron por miedo, ya que se sentían amenazados… Se supone que por sus propias conciencias. El testimonio de Javier Durá provocó hasta muecas en su señoría, pues el responsable de Recursos Humanos, testificó que, en el caso de algunos trabajadores del área de Economía, evacuó consultas con el delegado del área Enrique Espinosa, que se encontraba hospitalizado, para luego trasladar sus opiniones a los técnicos y así seleccionar a los menos aptos en cada puesto. Se podría seguir con otras opiniones surrealistas, rocambolescas y grotescas, como las de Lidia Menacho, que según concluye una de las  sentencias improcedentes, seleccionó al personal en base a un “proceso mental”, lo que es mucho suponer en cuanto a la  actividad cerebral de la delegada de Juventud.

Todas estas versiones discrepan de lo dicho por Felisa Rosado a una trabajadora afectada cuando salió la lista en julio de 2012. La delegada de Medio Ambiente recalcó entonces que los únicos responsables fueron “los técnicos de la empresa consultora Deloitte”. Sin embargo, dos años y medio después, ha rectificado ante la señora jueza declarando que lo de “señalar a Deloitte fue por miedo, pues el clima era de gran tensión en aquellos días”. De hecho, ella misma aconsejaba a otros delegados, como Antonio Saldaña, que no salieran a la calle con sus hijos pequeños. Y para dar más énfasis a sus declaraciones, Rosado hizo pucheros ante su señoría quebrando la voz en el estrado, aunque al salir de la sala esa voz melosa se tornó inquisitoria, al comentar malhumorada que la afectada había sido muy “bajuna”, al dar a conocer aquella conversación, en la que ella, como Pilatos, se lavó las manos.

Cada día que se oyen versiones distintas y todas increíbles sobre cómo se cocinó el ERE, un latigazo de indignación golpea a las víctimas y a la gente decente que, atónita, escucha en la sala. Decía un afectado que estar gobernados por una mala alcaldesa es un problema que deviene en tragedia cuando, además, se trata de una mala persona. Porque no  puede ser una buena alcaldesa ni una buena persona quien persiste en su error -a costa del sufrimiento de trabajadores y trabajadoras que lo han perdido todo, algunos incluso la salud- y opta por el camino más inhumano que le ofrece la justicia en sus sentencias: el de no aceptar que los despidos improcedentes, por arbitrarios, conlleven la vuelta de los afectados a sus puestos de trabajo.

La agenda judicial dibuja un sendero muy tortuoso para María José García Pelayo pues, de confirmarse la opinión de los expertos, podría seguir el camino de los más de cuarenta miembros  del PP imputados por el Juez Ruz por su presunto vínculo con la Gürtel, la mayor trama de corrupción de la reciente historia de España. Como senadora aforada, sería el Tribunal Supremo quien, en su  caso, la sentaría en el banquillo. Triste final para una mujer de lagrima blanda y corazón duro que ni siquiera ha tenido el valor de dar la cara ante 260 trabajadores a los que, entre cafés y refrescos, se les marcó con una  cruz un día del verano de 2012 en la Alcaldía. 

 * Improcedente: que no se ajusta a la ley o a los reglamentos.

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