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Cataluña, jueces, información y libertad

“…demasiadas veces pecamos de ser superficiales y nos quedamos sólo con los titulares de las noticias, sin indagar a fondo su contenido”.

Siempre se ha considerado que el que tiene la información tiene el poder, pero yo añadiría que también tiene libertad. El que no dispone de fuentes fidedignas carece de opinión propia, pues ésta le viene dada por la propaganda o por los intereses de terceros. Hoy día, en un mundo con prisas, a pesar de que tenemos todo tipo de de recursos para investigar la veracidad gracias a internet, demasiadas veces pecamos de ser superficiales y nos quedamos sólo con los titulares de las noticias, sin indagar a fondo su contenido. Eso mismo me ha ocurrido a mí cuando pensaba que todos los males del movimiento separatista se debían al recurso constitucional contra el Estatut.

Estos días he profundizado sobre el asunto y he comprobado que estaba completamente equivocado. He leído la sentencia del Tribunal Constitucional y he comprobado que gracias a este recurso la única administración que no estaba controlada por la Generalitat, la Justicia, sigue en manos del Estado. Hay que repasar una a una las modificaciones y derogaciones de los artículos 95 a 101 del Estatut para verificar con alivio que las oposiciones de jueces no son convocadas por la Generalitat, o que el Consejo de Justicia de Cataluña ya no pueda actuar con independencia y al margen del Consejo General del Poder Judicial para tomar decisiones completamente autónomas, eximidas, incluso, de recurso ante este organismo. Era una aberración que este Consejo de Cataluña, proyectado para ser controlado y manipulado exclusivamente por la Generalitat, tuviese la potestad exclusiva de nombrar, cesar y abrir expedientes sancionadores a los jueces o hasta designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin dar cuenta a nadie.

Este nuevo Estatut cimentaba el plan perfecto de los secesionistas para acaparar todo el poder en Cataluña y expulsar al Estado. Lo peor de todo es que nadie reclamó una modificación del Estatut sino que fue una iniciativa de un presidente del Gobierno de España. Esta ocurrencia se convirtió en una oportunidad de oro para los independentistas en su objetivo firme de asaltar al Estado y poner en bandeja todas sus instituciones a su servicio. De hecho, la redacción de la norma se fraguó bajo los dictados de un presidente de la Generalitat que hoy está inhabilitado y que, en ese momento, encabezaba la oposición del tripartito y que, después, al convertirse  en president, convocó un primer referéndum ilegal, antesala del reciente del 1 de octubre.  

Menos mal que se recurrió al Constitucional  y fue efectivo, pues sino, sin el apoyo de los jueces al orden constitucional, ahora el golpe de estado en Cataluña posiblemente hubiese triunfado completamente y nos estaríamos lamentando. Hoy, deberíamos estar agradecidos a los que, en contra de la opinión generalizada, se atrevieron, entre un chaparrón de críticas e incluso insultos, a interponer el litigio. Gracias a su persistencia, posiblemente hayan hecho el mayor servicio a la democracia de este país en muchos años. Una democracia no puede saltarse las normas constitucionales, ni tampoco no recurrir las que vayan en su  contra por miedo o por tacticismo político. Los jueces son la garantía de nuestros derechos y aseguran la igualdad de todos, frente a la arbitrariedad. 

El problema de repetir una mentira muchas veces es que la gente acaba aceptándola como verdad, ya que  provoca un automatismo en el pensamiento que impide pensar por sí mismo. Yo no propongo que nadie cambie de opinión pero sí rogaría que se informasen siempre para que no perdiesen su libertad de pensamiento. Yo confieso que muchas veces la he perdido.

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