El enfermero José Aurelio Ventura, de 34 años, aún no se cree lo que le está pasando. Lleva desde octubre sin pegar ojo y con cuadros de ansiedad que le han obligado a pedir ayuda a un psicólogo para sobrellevar la “persecución” de la empresa para la que lleva trabajando ocho años.
Lo que era un ambiente agradable de trabajo cambió cuando, hartos de recortes salariales, cinco trabajadores pusieron en marcha una sección sindical de CCOO para defender sus derechos. Ahí cambió todo, pero nunca imaginó que la empresa le fuera a poner un detective por reclamar el cumplimiento del convenio, el pago de los trienios, que los festivos se paguen o se den días de descanso. De ser un trabajador modelo, entrevistado incluso para la página web de la empresa, Aurelio ha pasado a ser un apestado.
Samu, empresa privada que gestiona centros de menores y residencias de personas con grandes discapacidades intelectuales, ha contratado los servicios de un detective privado después de que José Aurelio, presidente del comité de empresa de la Residencia de Gravemente Afectados San Sesbastián de Cantillana (Sevilla), comenzara un pleito para que la empresa abonara los atrasos por los años de trabajo acumulados de la plantilla, los conocidos trienios, a los que tienen derecho según el convenio y, sin embargo, la empresa se niega a pagarlo a una plantilla que supera el medio centenar de empleados, en su mayoría mujeres.
El resultado de la reivindicación laboral, que ha protagonizado Aurelio en calidad de presidente del comité de empresa, ha sido que un detective le ha estado investigando, sin que él lo supiera, cuando iba a comprar el pan, a pasear a sus perros, al gimnasio e incluso a llevar a su hijo de tres años a la guardería. Así se puede leer en el expediente que la empresa le ha abierto con el objetivo de expulsarlo de la empresa mediante despido disciplinario. Es decir, despedirlo sin un sólo euro de indemnización y con una mancha deshonrosa en su historial laboral.
Grupo Samu, empresa que tiene el grueso de sus beneficios de las adjudicaciones con las instituciones públicas, ha usado los informes del detective para afirmar que el enfermero ha dedicado al ocio sus horas sindicales, cosa que el afectado desmiente. “Al ser presidente del comité, es la única manera que tienen para poder despedirme. Me quieren despedir porque no me soportan desde que mis compañeros me eligieron presidente del comité de empresa”, manifiesta el enfermero.
El trabajador está a la espera de que la empresa tome una decisión sobre su futuro este próximo lunes, fecha prevista para la reunión de la dirección de Grupo Samu. “Es surrealista. Yo he sido un trabajador cumplidor durante seis años y qué casualidad, no les gusto desde que reclamo el dinero que es de la plantilla, que proviene del dinero de los andaluces y que la empresa se lo está quedando”, sostiene José Aurelio, que advierte de que recurrirá si finalmente la empresa lo despide.
Recogida de firmas de la plantilla
“Iré hasta el final, hasta la última instancia judicial. Están vulnerando un derecho fundamental básico como es la libertad sindical”, subraya Ventura. Los compañeros del enfermero niegan las acusaciones de la empresa y lo contextualizan en el ambiente de persecución que sufre la plantilla desde que hace dos años decidiera poner en marcha una sección sindical para defender sus derechos y obligar a la empresa a cumplir con la legislación laboral vigente.
Para mostrar su apoyo al compañero amonestado, los trabajadores han recogido firmas en solidaridad con Aurelio Ventura y para desmentir las acusaciones de la empresa: “Los únicos que no han firmado han sido los mandos intermedios”, afirma el enfermero afectado, que denuncia que la gran mayoría de la plantilla tiene un sueldo que no llega ni a los 1.000 euros al mes.
Los servicios jurídicos de Comisiones Obreras aseguran que es un “caso flagrante de persecución sindical”, por lo que esperan que la empresa declare nulo el expediente disciplinario que, en caso de seguir el itinerario, podría terminar con el despido del trabajador y en un posterior pleito judicial que los abogados laboralistas esperan ganar. "Es un caso de libro de persecución sindical", admiten.
Samu niega que quieran despedirlo
En declaraciones a este periódico, Carlos González de Escalada, director general del Grupo Samu, niega que vayan a despedir al trabajador: “Aún no hemos tomado ninguna decisión de despedirlo”, afirma, a la vez que nos remite a una reunión de la dirección, prevista para este próximo 14 de enero, donde se decidirá el futuro de Aurelio Ventura.
El trabajador niega las afirmaciones del director general: “Su objetivo es despedirme. He estado un año con un detective que me ha seguido a mí y a mi hijo, han traspasado todos los límites, los éticos, los constitucionales y los humanos”, se despacha el enfermero, quien cree que la Junta de Andalucía debería “tomar cartas en el asunto” por la forma de actuar “mafiosa” de una empresa que se nutre de la contratación pública y que ha sido recientemente denunciada por celebrar bodas en un lugar destinado a acoger a menores inmigrantes tutelados por la Junta.
Grupo Samu es una empresa que se define como “referente en acción social” y cuenta con dos líneas de negocio, ambas sostenidas mayoritariamente por fondos públicos. Por un lado, la licitación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las ambulancias y servicios de emergencias; por otro, los centros de menores inmigrantes, de refugiados, de mujeres maltratadas, de personas con grandes discapacidades y de otros colectivos vulnerables, también a través de la contratación pública.
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