La Fiscalía de Sevilla solicita un total de 39 años de prisión para un varón a juzgar este mes por la Audiencia de Sevilla, acusado principalmente de haber retenido ilegalmente a dos personas, una de ellas un hombre con discapacidad y necesitado de "especial protección"; víctima a la que además habría agredido sexualmente, lesionado, amenazado y deparado un trato degradante, siempre presuntamente. En concreto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar los días 26 y 27 de este mes un juicio contra tres personas identificadas como Sergio B.V., Sandra P.R. y José Manuel B.V.
Al primero de ellos, Sergio B.V., la Fiscalía atribuye en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, un supuesto delito de detención ilegal sobre una mujer y otro delito de detención ilegal sobre un varón considerado "víctima con discapacidad necesitada de especial protección", achacándole además un presunto delito de trato degradante, otro de lesiones, un supuesto delito continuado de amenazas, un presunto delito de agresión sexual, un delito más contra la salud pública por sustancias que no causan graves daños y, finalmente, un supuesto delito de defraudación de energía eléctrica.
Los citados delitos de trato degradante, lesiones, amenazas continuadas y de agresión sexual habrían sido perpetrados por este acusado también sobre el citado varón afectado de discapacidad, según el escrito de acusación. Respecto a este acusado, además, pesa la agravante de reincidencia respecto a los presuntos delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.
En ese sentido, por la suma de todos esos supuestos delitos, la Fiscalía reclama para él un total de 39 años de prisión, pues más al detalle, solicita para él seis años por cada uno de los dos delitos de detención ilegal, dos años más por el presunto delito de trato degradante, cinco años por las presuntas lesiones causadas, dos años por las supuestas amenazas continuadas, 15 años por el presunto delito de agresión sexual y tres años más por el supuesto tráfico de drogas; así como una multa de 450 euros por el supuesto delito de defraudación de energía. Además, la suma de estas peticiones de condena arroja una solicitud de un total de 35 años de prohibición de acercarse al citado varón con discapacidad o comunicarse con él.
En el caso de Sandra P.R., la Fiscalía le atribuye el papel de coautora de los presuntos delitos de detención ilegal y de defraudación de fluido eléctrico, reclamando para ella once años de cárcel y una multa de 450 euros.
En cuanto a José Manuel B.V., el Ministerio Público le achaca el papel de coautor del presunto delito de agresión sexual, reclamando para él una pena de 15 años de cárcel.
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